Son 1.400 mujeres de Castilla y León las que han denunciado ser víctimas de violencia de género durante el segundo trimestre de 2022, más del 12% respecto del mismo periodo del año anterior. También crecen las denuncias, 1.400 frente a las 1.236 ... contabilizadas de abril a junio de 2021, el 13,3% más. Pero, a pesar de este incremento en sintonía con el resto del país, Castilla y León vuelve a registrar la tasa más baja de violencia machista de España, a pesar de que prácticamente todos los indicadores experimentaron en este periodo un significativo aumento con respecto al mismo periodo del año anterior. A nivel nacional, el número de denuncias por violencia de género subió un 12,33 % al registrarse un total de 45.743, una cifra también superior a la de denuncias presentadas en el primer trimestre de 2022, cuando sumaron 41.765. El número de mujeres víctimas de violencia machista en España ascendió a 44.543, un 10,89% más que en el mismo periodo de 2021 y un 10% más que entre enero y marzo pasados.
La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres en Castilla y León es del 11,6% frente al 10,2% resgistrado en el segundo trimestre de 2021 y ocupa el último lugar en el conjunto de las comunidades autónomas en este tipo de delitos.
El Informe anual sobre violencia de género hecho público este jueves por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial recoge también la evolución al alza de las órdenes de protección acordadas por los órganos judiciales durante el trimestre analizado. En Castilla y León se adoptaron 314 de las 424 medidas solicitadas para garantizar la seguridad de las víctimas, el 7,9% más que las admitidas en el mismo trimestre del pasado año, cuando se adoptaron 291 de las medidas 374 solicitadas.
Los juzgados de la comunidad dictaron menos sentencias condenatorias, 126 respecto de las 138 acordadas durante el segundo trimestre de 2021, lo que supone un descenso del 8,7%
En total, en España se adoptaron 8.662 medidas de protección, lo que supone un 8,7 % más que hace un año y también aumentó el porcentaje de sentencias condenatorias, que alcanzó el 76,84 % del total de dictadas frente al 75,22 % registrado en el segundo trimestre de 2021. Sin embargo, este indicador se rompe en Castilla y León, donde los juzgados dictaron 126 condenas por maltrato respecto de las 138 del mismo trimestre de 2021, lo que supone un descenso del 8,7%. 174 hombres fueron enjuiciados por maltrato. 101 de los condenados tienen nacionalidad española y 25 son extranjeros.
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Otro indicador que difiere de los datos a nivel nacional es el del número de mujeres que renuncian declarar contra su agresor. Mientras que en el conjunto de España la tendencia es que aumenta el número de víctimas que ratifican la denuncia, en Castilla y León es al contrario: 169 mujeres renunciaron, frente a las 110 que lo hicieron en el segundo trimestre de 2021, con lo que aumenta el 53,6%. 82 son españolas y 87, extranjeras.
Suspensión del régimen de visitas
A nivel nacional, el segundo trimestre de 2022 volvió a mostrar el efecto de las modificaciones legales introducidas en la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia en la adopción por los juzgados de violencia sobre la mujer de medidas civiles para proteger a los hijos de las víctimas: desde el 1 de abril hasta el 30 de junio los órganos judiciales suspendieron el régimen de visitas en 1.193 casos, un 329 % más que hace un año, cuando este tipo de medidas sumaron 278. Respecto al primer trimestre de 2022, el aumento fue del 43,2 por ciento.
Entre los meses de enero y marzo se registraron un total de 45.753 denuncias por violencia de género, un 12,33 % más que hace un año, en el que fueron 40.721. Un año más, en torno a siete de cada diez denuncias (71,19 %) fueron presentadas por las víctimas en el juzgado o en comisaría; las denuncias presentadas por los familiares, 808 en total, volvieron a representar un porcentaje muy bajo (1,77 %).
Durante el trimestre analizado, las denuncias presentadas por los servicios asistenciales y terceros en general experimentaron un nuevo incremento: pasaron de las 1.299 de hace un año a 1.766 y representan casi un cuatro por ciento (3,86 %) del total de presentadas. Las denuncias por intervención directa de las Fuerzas de Seguridad del Estado (7.162) fueron el 15,66 % del total, con un leve aumento respecto al mismo trimestre del año anterior (14,55 %).
El número de mujeres víctimas de violencia machista ascendió a 44.543, cifra que representa un aumento del 10,89 % respecto al mismo periodo de 2021, durante el que se contabilizaron 40.168. El porcentaje de mujeres víctimas de nacionalidad española se mantiene constante, con leves variaciones, desde hace años. Entre abril y junio, el 65,98% del total de víctimas del trimestre son españolas.
Estos datos se traducen en un aumento de la tasa de mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres registrada en toda España, que ha pasado de 16,6 en el segundo trimestre de 2021 a 18,4 (1,8 puntos más). Por encima de la media nacional se situaron Murcia (28,5), Baleares (27,6), Comunidad Valenciana (24,2), Canarias (21,5), Andalucía (21,3) y Madrid (19,6). Por debajo de la tasa nacional, Cantabria (17,4), Extremadura (16,4), Castilla-La Mancha (15,6), Navarra (14,9), Asturias (14,7), Aragón (14,6), Cataluña (14,4), La Rioja (14), País Vasco y Galicia (13) y Castilla y León (11,6).
En el periodo analizado, 4.167 mujeres víctimas de violencia de género se acogieron a la dispensa a la obligación de declarar, lo que equivale a algo más de nueve mujeres víctimas de cada cien (9,36). Estas cifras suponen un mínimo histórico y se sitúan por debajo de las registradas hace un año, cuando fueron 4.231 (10,53 %) las víctimas que se negaron a prestar declaración contra su agresor. La tendencia a la baja se mantiene por segundo año consecutivo tras la reforma del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada el año pasado. Del total de mujeres que se acogieron a la dispensa, 2.409 eran españolas y 1.758 eran de otras nacionalidades.
Entre los meses de abril y junio, se incoaron por los órganos judiciales un total de 12.502 órdenes de protección. De ellas, 10.584 fueron solicitadas ante los juzgados de violencia sobre la mujer y 1.918, ante los juzgados de guardia. Las órdenes de protección acordadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y por los juzgados de guardia sumaron un total de 8.662, lo que equivale a siete de cada diez órdenes solicitadas (69,28 %), un porcentaje algo inferior pero muy aproximado al registrado hace un año, con algo más de siete de cada diez del total de las incoadas.
En el 48,8 % de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de la solicitud de la orden de protección al juzgado de violencia sobre la mujer. En el mismo trimestre de 2021, esa situación se mantuvo en el 48,5 % de los casos. Dos de cada tres mujeres (el 65,6 %) que solicitaron protección eran españolas y un 1,6 % del total (tanto españolas como extranjeras) eran menores de edad. Estos porcentajes son muy similares a los del mismo trimestre del ejercicio anterior, si bien el que se refiere a las víctimas menores de edad ha experimentado un leve descenso próximo al medio punto porcentual (0,6 por ciento).
Los juzgados acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y otras medidas cautelares, un total de 16.022 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores), lo que supone un aumento del 6,3 % respecto al mismo periodo de 2021. Las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (6.361), que representaron el 68,13 % del total de órdenes de protección y medidas cautelares acordadas, y la prohibición de comunicación (6.222), un 67,35%.
Las medidas civiles dictadas por los órganos judiciales, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal, sumaron un total de 5.411, lo que ha supuesto un aumento del 39 % con respecto al ejercicio anterior. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (1.657), que representaron el 22,23 % del total de medidas civiles adoptadas, y las relacionadas con la atribución de la vivienda (1.251), el 16,54 % del total.
Un trimestre más, el aumento más significativo se ha dado en la suspensión del régimen de visitas: de las 278 medidas de este tipo acordadas en el segundo trimestre de 2021, se ha pasado a 1.193, lo que ha supuesto un aumento del 329%. Este incremento es consecuencia de la aplicación por los jueces y juezas de la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que modificó el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal estableciendo la suspensión del régimen de visitas «cuando se dicte una orden de protección con medidas de contenido penal y existieran indicios fundados de que los hijos e hijas menores de edad hubieran presenciado, sufrido o convivido» con la violencia de género.
La suspensión del régimen de visitas supuso el 16,08 % de las medidas civiles adoptadas y la suspensión de la guarda y custodia (585), el 7,81%. Esta última medida aumentó un 108,92 % con respecto al mismo periodo del año pasado. Los juzgados de violencia sobre la mujer acordaron también 37 medidas específicas de protección del menor para evitar un peligro o perjuicio.
En el segundo trimestre de 2022, el porcentaje de sentencias condenatorias dictadas por los órganos judiciales (juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y audiencias provinciales) en procesos de violencia de género se situó en el 76,84 %, un punto y medio más que hace un año. El número total de sentencias dictadas durante el trimestre analizado fue de 15.359, de las cuales 11.802 fueron condenatorias y 3.557 (el 23,16 %), absolutorias.
El mayor porcentaje de condenas a maltratadores se produjo un año más en los juzgados de violencia sobre la mujer, con el 90,58 %, y en las audiencias provinciales, con el 79,22%. El porcentaje de condenas en los juzgados de lo penal se situó en el 66,91%.
La presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, considera que los datos constatan que la violencia de género sigue siendo un problema de primer orden en España y que ninguna de las instituciones implicadas en acabar con esta lacra debe bajar la guardia y seguir trabajando en la mejora constante de la red de protección de las mujeres y en la respuesta eficaz ante este tipo de delitos. «Las instituciones somos en muchos casos el último recurso que le queda a la víctima para salir de la situación de violencia. Es importante no cejar en el esfuerzo«, afirmó.
Apuntó Carmona que el aumento de las denuncias y de las víctimas es consecuencia «de que son cada vez más las mujeres que alzan la voz cuando sufren violencia machista y deciden denunciar los hechos en comisaria o en el juzgado. Así lo han hecho en el segundo trimestre del año el 71% de las víctimas». Un porcentaje que apenas ha sufrido variaciones en los últimos ejercicios, incluido 2020, año en el que las víctimas presentaron el 71,44 % del total de denuncias «pese a las mayores dificultades a las que tuvieron que enfrentarse como consecuencia del estado de alarma», se indica desde el Observatorio.
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