Veganzones se apoya en colegios profesionales para reorientar políticas de siniestralidad laboral de la Junta

Esa nueva «metodología» deja a un lado a la patronal CEOE y a los sindicatos UGT y CC OO, con los que el consejero mantiene un enfrentamiento sostenido desde que Vox llegó a la Junta, en el que forma tándem con el vicepresidente Juan García-Gallardo ante la decisión de los dirigentes del partido de Abascal de incumplir acuerdos firmados sobre iniciativas de formación laboral e intermediación pactadas entre la Junta y los agentes sociales con el recorte o supresión de fondos para estas iniciativas y de programas que financiaban se trabajo en el seno del Diálogo Social de patronal y sindicatos.

«Rechazaron proponer ideas como forma de protesta a la supresión de subvenciones y el programa de visitas a empresas (por parte de delegados de la CEOE y UGT y CC OO) para prevención de riesgos, que era caro e ineficaz», justificó el consejero sobre los agentes sociales, en una mañana con declaraciones cruzadas ante la intención del dirigente de Vox de 'estrangular' la Fundación del Servicio de Relaciones Laborales (Serla), organismo autonómico de arbitraje en el que participan la Junta, los sindicatos y la patronal, que media ante conflictos como huelgas, despidos y convenios colectivos. Esa mediación extrajudicial persigue evitar el enquistamiento de conflictos que acaban ante el juez, con lo que eso conlleva en tiempo y freno a la actividad económica. El consejero insiste en que hay técnicos suficientes en su consejería para asumir la labor del Serla y las visitas a empresas para prevenir riesgos laborales.

Con ese escenario de fondo, Veganzones se apoya en este momento en las organizaciones de representación de psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, preparadores físicos y nutricionistas y dietistas para reorientar el Plan Estratégico de Seguridad, Salud y Bienestar 2023-2005 de la Junta de Castilla y León. «El objetivo es mejorar la salud física, mental y social de los trabajadores y las empresas», apuntó el consejero. Algo «completamente nuevo» que no va a ser una iniciativa aislada. «Es algo estratégico», precisó.

El consejero valoró los factores de riesgo cardiovasculares y las enfermedades crónicas como la causa «número uno» de la siniestralidad laboral en Castilla y León, apuntando a los ictus e infartos como el motivo principal. El nuevo enfoque, subrayó, cuida aspectos «mentales» de los trabajadores que «hasta ahora no se habían tenido tanto en cuenta como es preceptivo». Con el objetivo, explicó Veganzones de generar «una población trabajadora sana, motivada y bien preparada» para trabajar «en empleos dignos y saludables».

La Consejería de Industria sacará en febrero subvenciones por valor de medio millón de euros para que esos «planes de bienestar» incidan en el control del estrés laboral, dietas saludables, higiene postural, control del sueño… A lo que sumará ayudas económicas para instalar desfibriladores en centros de trabajo.

Castilla y León cerró el año pasado con 26.138 accidentes laborales, de los que 51 fueron mortales, frente a los 42 de 2021. Veganzones achacó el aumento de la siniestralidad del último año al incremento de la actividad económica y a los «accidentes cardiovasculares» que afectan a la «sociedad en general».

Mientras el consejero firmaba con los responsables de los cinco colegios profesionales esos protocolos de colaboración, desde el Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León (de la que fue secretario técnico el propio Veganzones) reclamaban al presidente Alfonso Fernández Mañueco evitar ese estrangulamiento de la Fundación del Serla tras eliminar Industria su aportación financiera. «La situación que se produciría con esta extinción, sin precedentes en España, originaría una muy grave e indeseable situación de incertidumbre e inseguridad jurídica», inciden desde este organismo de consulta, por lo que piden al presidente de la Junta que se haga cargo de él, incluso, otra consejería de la Junta. Del área del PP.

Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno de España y responsable del Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha reclamado por carta explicaciones a Mañueco sobre lo que está pasando con el Serla. En ese escrito advierte al presidente de la Junta de que acabar con esa labor de arbitraje provocaría que una parte de la legislación laboral, como es la resolución extrajudicial de conflictos, se quedaría sin aplicar. El arbitraje tiene una repercusión positiva en la actividad económica.