El PSOE pide a la Fiscalía que impute a García-Gallardo un delito de odio

Para el PSOE de Castilla y León, estas declaraciones podrían constituir un delito de odio «tipificado en el artículo 510 del Código Penal». «La Fiscalía podría actuar oficio. Confiamos en que haga lo que tiene que hacer conforme a lo que tiene que hacer de acuerdo a la legalidad. Espero que tenga consecuencias», señalaba Patricia Gómez Urbán en una rueda de prensa en las Cortes de Castilla y León.

El artículo 510 del Código Penal recoge el delito de odio por «fomentar, promover o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a ese grupo», y desgrana los motivos «racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad».

En una circular de la propia Fiscalía General del Estado en 2019 se hace mención a cómo deben interpretarse los contenidos vertidos en redes sociales respecto a los delitos de odio. «Habrá que valorar, en primer lugar, que la propia escritura permite una cierta reflexión sobre lo que se escribe, por lo que no es asumible de forma acrítica la alegación de la reacción espontánea o incontrolable; en segundo lugar, la propia conciencia de la utilización de un medio idóneo para alcanzar una mayor difusión del mensaje; en tercer lugar, la reiteración o no de la conducta, en la misma o en distintas fechas; y, finalmente, que se trate de expresiones objetivamente humillantes, agresivas o hirientes, que no admiten una posible interpretación racional diferente de una mera expresión de odio o discriminación».

Hasta aquí llega la cuestión jurídica, que tendrá que dirimirse en ese ámbito. Pero hay una lectura política que va más allá. Vox vuelve a situar en la agenda una cuestión que forma parte de su programa, la «inmigración ordenada». Días atrás el partido a nivel nacional emitió unos gráficos que pretendían relacionar el número de menores no acompañados en cada comunidad autónima con las agresiones sexuales y los detenidos por terrorismo yihadista. Cuentas de Vox como la del grupo parlamentario en las Cortes de Castilla y León han repicado ese mensaje. Sin embargo, el vídeo de Juan García-Gallardo tras conocerse que 183 inmigrantes se habían alojado temporalmente en Medina del Campo ha logrado potenciar el impacto que el tuit buscaba.

Al mismo tiempo, vuelve a poner en aprietos a la parte del PP en el Ejecutivo autonómico, mucho más tibia en estod asuntos. El PSOE ha aprovechado para cargar la responsabilidad sobre Alfonso Fernández Mañueco «por meter a la ultraderecha en las instituciones» y pide que destituya a su vicepresidente. «Si no lo hace será cómplice», advirtió Gómez Urbán.

Francisco Igea, de Ciudadanos y ex vicepresidente que se ocupó de los asuntos relacionados con la inmigración en la pasada legislatura, también pidió la destitución de García-Gallardo. «Es un vicepresidente autonómico, no un 'hooligan'; no puede usar su cargo para lanzar un mensaje zenófobo e incendiario», señaló, y apuntó que no colaborará en pactos de comunidad «mientras el presidente de la Junta no cese o desautorice públicamente a su vicepresidente».