Carriedo intenta reconducir polémicas de Vox sobre los parados «de sofá» y el cambio climático

Sin apelación directa que implicase la desautorización de su compañero de Gobierno de Vox, Carriedo demandó un «respeto máximo» para los desempleados y precisó que el paro es «la principal lacra de nuestra comunidad autónoma», pese a recordar que la tasa de desempleo de Castilla y León está por debajo de la media estatal. «No podemos estar contentos siempre que haya una persona que intenta trabajar y no puede hacerlo... Es la principal preocupación que nos mueve a la Junta de Castilla y León. Desde aquí tenemos el máximo respeto a todos y cada uno de los parados de nuestra comunidad autónoma. Nuestra obligación es estar cerca de ellos», remarcó el dirigente del PP. Añadió que esa cercanía debe ejercerla el gobierno autonómico facilitando las condiciones económicas para que se cree empleo y con «los apoyos públicos necesarios» que hagan frente a situaciones de vulnerabilidad social. «Nuestra máxima cercanía», enfatizó el dirigente del PP, antes de añadir que «en este asunto caben muy pocas frivolidades».

Carriedo eludió dirigir el mensaje hacia el consejero Veganzones al desconocer, dijo, el «contexto» de las declaraciones que vinculaban parados con sofás y cobro de subsidios, pero sí se dirigió a cada desempleado, desde una «reflexión con carácter general», para reiterar que la «principal preocupación» de la Junta es trabajar para propiciar que encuentren un empleo.

Junto a los parados, Fernández Carriedo buscó neutralizar otra polémica con origen en las Cortes de Castilla y León, donde la semana pasada se levantó en el último momento del orden del día la presentación por parte del presidente del Consejo de Cuentas de un informe sobre la fiscalización de la estrategia para el cambio climático 2009-2020 de la comunidad autónoma de Castilla y León. Un informe depositado en las Cortes hace meses, concretamente a disposición de los procuradores desde diciembre de 2022 y accesible en la página web del Consejo de Cuentas y que ha centrado estos días las críticas de Vox.

Esa comisión parlamentaria la preside el PP y, con el presidente del Consejo, Mario Amilivia, ya preparado para dar cuenta de esa auditoría, se retiró del orden del día. Un proceder nada habitual, que coincidió con el envío de una nota de prensa desde el grupo de Vox en las Cortes en la que acusaba al Consejo de Cuentas de «seguidismo» de las «directrices globalistas» por entender que la auditoría técnica sobre cómo empleó la Junta los fondos de la estrategia autonómica para combatir el cambio climático 2009-2020 atacaba a la agricultura, a la ganadería y a la automoción, sectores pujantes en la comunidad. «Nos parece preocupante que una institución propia como el Consejo de Cuentas de Castilla y León contribuya al acoso que sufren estos sectores vitales para la economía de Castilla y León por parte de los promotores de la Agenda 2030», concluía la nota de Vox.

«Nosotros tenemos un claro y firme compromiso dentro de España con este objetivo de ir reduciendo las emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero y no por la vía sólo de la palabra, sino por la vía de los hechos», subrayó el consejero Fernández Carriedo al fijar la posición de la Junta sobre la lucha contra el cambio climático. El dirigente del PP añadió que la comunidad es «referencia» en España en «energía renovables», en la «reducción de emisiones de efecto invernadero» y como «sumidero de CO2».

El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, volvió este jueves a las Cortes. En esta ocasión para participar, junto con el presidente del Consejo Consultivo, Agustín Sánchez de Vega, en la apertura de una jornada sobre la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público que reunió a 250 participantes. En su intervención, Amilivia defendió la utilidad de los informes y auditorías que elabora el personal del Consejo de Cuentas y también las recomendaciones y opiniones que plasman sobre los resultados que hallan en esas fiscalizaciones. Unas opiniones sustentadas en datos técnicos que «a veces los grupos parlamentarios no entienden adecuadamente», apuntó.