Juicio de la Perla Negra

Urban Proyecta niega que conociera el pliego de La Perla antes de publicarse

La declaración del encausado en el conocido juicio de La Perla Negra en la Audiencia de Valladolid ha sido la más extensa en la decimosexta jornada, en la que el administrador de Urban Proyecta ha explicado que la mercantil se constituyó en 2005 con el objetivo prioritario de desarrollar un «gran proyecto de oficinas» y para tal finalidad adquirió al grupo gallego Mahía a finales de 2005 terreno en Arroyo de la Encomienda, y ello sin que desde la Consejería de Economía y Empleo se les hubiera transmitido oficialmente que estaban buscando un inmueble en el que reubicar los servicios centrales.

«Oficialmente lo conocemos con la publicación del concurso en el Bocyl el 30 de diciembre de 2005. Hasta entonces conocíamos de forma popular y repetitiva a lo largo de ese año por informaciones que eran vox populi, incluso en la calle y por publicaciones en prensa, que la Junta estaba buscando un emplazamiento para oficinas y que necesitaban entre 8.000 y 10.000 metros y plazas de aparcamiento», ha asegurado Martín Giraldo, quien por ello contactaron en marzo con el estudio de arquitectura Lamela.

Los datos al estudio de arquitectura se los remitió el acusado y el gerente de Urban, Ángel Román Montes, compañero de banquillo, sin que en momento alguno esa información contuviera el citado pliego de condiciones del concurso, y ello a pesar de que en una de las jornadas anteriores el gerente de Lamela asegurara, por «error debido al paso de los años» según Martín Giraldo, haber recibido dicho documento el 26 de diciembre, cuatro antes de que saliera en el Bocyl.

El administrador de Urban, quien al igual que Román Montes se expone a seis años de cárcel por revelación de secretos en concurso tráfico de influencias, ha indicado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que desistieron de la adjudicación al imponer la mesa de contratación condiciones que «hacían inviable» la financiación y fue entonces cuando entró en escena Gesturcal, que a través de su consejero delegado y también acusado, Rafael Delgado, le transmitió el interés por recuperar el proyecto de alquiler y les puso en contacto con el secretario general de la Consejería de Hacienda, Javier de Andrés.

Y es aquí donde el acusado sostiene que finalmente la operación de compra del edificio «la cerraron» el citado representante de la Consejería de Hacienda y otros dos técnicos, y ello a pesar de que el aludido, en calidad de testigo, no refiriera esta importante circunstancia en una jornada anterior y que incluso la entonces consejera, Pilar del Olmo, asegurara que no conocía nada de la operación. «Increíble sí, increíble», ha censurado Martín Giraldo.

En esa negociación se llegaron a celebrar dos reuniones entre las partes ya que en la primera los responsables de Hacienda indicaron a Urban que no incluían en la tasación los costes financieros, el beneficio empresarial y los costes de comercialización, si bien la mercantil propietaria de 'La Perla'--entregó oficialmente el edificio el 20 de diciembre de 2008--consiguió en un segundo encuentro que el primer concepto sí fuera incluido.

El acusado asegura que en ese momento «no contaba con capacidad de negociación» y tuvo que aceptar el precio propuesto por Hacienda debido a la crisis inmobiliaria existente y debido a que sobre Urban pesaba un crédito millonario suscrito con una entidad financiera.

El administrador de Urban ha negado también que para las posteriores obras de división interna del edificio contactara con Unifica u otras empresas, ya que, como así ha manifestado, la ejecución del proyecto de 33.000 metros a lo largo de veinte meses había sido «una auténtica proeza y una operación de auténtico desgaste» al tener que incluir modificaciones que les iban proponiendo a medida que avanzaba la obra. «Me negué en rotundo a ejecutar obras de distribución interna», ha declarado el acusado.

Sobre los terrenos en Portillo que Urban adquirió para un polígono industrial y luego vendió a Parque Empresarial de Portillo, sociedad constituida en 2005 en cuyo accionariado había entrado para este proyecto, ha recordado que la idea les «encantó» tras entrar en contacto con directivos del grupo San Cayetano, que tenían problemas para financiar la operación y buscaban «pulmón financiero».

Al respecto, Martín Giraldo ha indicado que «todo iba muy bien, se compraron muchas parcelas, pero hubo entonces problemas con el proyecto de reparcelación porque Grupo San Cayetano quería dedicar en exclusiva el polígono a grandes empresa mientras que Urban deseaba dar entrada también a pequeñas y medianas empresas.

«O nos vendéis vosotros las parcelas o bien os las vendemos nosotros», asegura Martín Giraldo que fue el planteamiento de Urban, mercantil que al final optó por salir de Parque Empresarial de Portillo en septiembre de 2006 tras vender sus parcelas y participaciones por las que asegura que obtuvo un beneficio de millón y medio de euros.

Otro de los encausados, el que fuera consejero delegado de Excal y director del Área de Internacionalización y Servicios de ADE, Alberto Esgueva, para quien Fiscalía pide seis años de cárcel por delito continuado de revelación de secretos en concurso con tráfico de influencias, se ha desmarcado de las dos operaciones objeto de investigación judicial y circunscrito su tarea por aquellas fechas a las competencias en materia de internacionalización delegadas por la Consejería de Economía y Empleo.

En este cometido, al amparo del Plan de Internacionalización impulsado por el entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, Esgueva ha apuntado que en poco más de dos años realizó hasta un total de veinticinco viajes por todo el mundo que le llevaron a reunirse con el magnate Bill Gates, el presidente de México, Vicente Fox, o el entonces primer ministro israelí Ariel Sharón.

El acusado ha negado cualquier intervención en la compra del edificio de 'La Perla Negra' en Arroyo ni haber tenido contactos comerciales con el también encausado Germán José Martín Giraldo, uno de los socios de la empresa Parqueolid que vendió el inmueble a Gesturcal por más de 52 millones, ya que, como así ha precisado, le conoció años más tarde cuando le dio clase de dos asignaturas en la universidad y este último fue premio fin de carrera.

De hecho, Alberto Esgueva ha explicado que tras abandonar Excal en 2006 decidió marcharse a Polonia porque veía en él un «mercado de oportunidad, como así ha sido finalmente», y que a partir de ahí, gracias también a los contactos conseguidos tras su paso por la Vicepresidencia de Comercio Exterior de la Cámara de Valladolid, tuvo mucho más relación con otros grandes promotores que ya se habían instalado también en aquel país.

También ha dicho que no medió ni se benefició de la promoción de parcelas para un polígono industrial en Portillo, ya que entonces había abandonado la empresa familiar Grupo San Cayetano tras vender parte de sus acciones a su hermano Francisco, también acusado, y en 2006 salió de España. «Yo llevaba cuatro años a más de cuatro mil kilómetros de Valladolid», ha zanjado el acusado.

La jornada ha contado con las declaraciones de Salvador Molina, exgerente y exjefe de Proyectos de Ade Parques, y Francisco Armero, exdirector financiero de Ade Parques y Gesturcal, a los que la fiscal del caso pide cuatro años de cárcel por malversación.