Castilla y León

El TSJ resuelve que no le compete juzgar la financiación del Serla

Los sindicatos lamentan que el Tribunal Superior de Justicia no haya entrado en el fondo de la demanda, ya que «tendremos que seguir esperando durante al menos dos años una sentencia que determine si la Junta de Castilla y León actuó de manera ilegal en relación al Serla», manifiestan. Para CC OO y UGT, de esta manera, «continúa la incertidumbre en lo referente a la resolución de conflictos laborales» a la vez que se causa «un grave perjuicio a las personas trabajadoras y las empresas de nuestra comunidad».

A la vez, desde la Consejería de Presidencia se interpreta que «el TSJ concluye que la Junta tiene la competencia sobre el volumen de las aportaciones económicas concedidas a la Fundación Serla». «Tal y como habían solicitado los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia, la Sala de lo Social de Valladolid (del TSJ), en su Sentencia de 3 de noviembre de 2023, ha declarado la falta de competencia de la jurisdicción social para cuestionar la legalidad de la Orden de 13 de abril de 2023 de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo».

La Junta señala que «para alcanzar esta conclusión, la Sala de lo Social de Valladolid considera que el acto administrativo de financiación de la Fundación del Serla no deriva de las competencias autonómicas en materia laboral o sindical, sino que es resultado de la facultad de organización de la Junta, y está inspirado en el principio de estabilidad presupuestaria».

En su valoración de la decisión de la Sala de lo Social del TSJ, Comisiones y UGT vuelven a cuestionar la legalidad del recorte del 60% en los fondos del Serla con respecto a lo aportado por el gobierno autonómico el año anterior. La orden de la consejería que dirige Mariano Veganzones establece que quedan excluidos de la subvención tanto el contrato del director del Serla como los gastos de arrendamiento de su sede. Además, restringe la intervención del Servicio de Relaciones Laborales a los conflictos colectivos, mientras que excluye los individuales entre trabajadores y empresas (solo operativos en Valladolid) y limita la intervención a un mediador o un árbitro.

Para los sindicatos, «el Serla es un servicio público, por lo que la consejería no puede decidir ni modificar nada unilateralmente como decidió en su propuesta», por lo que acudirán a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

Tras recordar que en el procedimiento judicial también se personó el Ministerio de Trabajo y Economía Social con los mismos argumentos que los sindicatos demandantes, la Consejería de Empleo entiende que «la Justicia da la razón a Mariano Veganzones» y «desestima la demanda interpuesta por CC OO, UGT y Yolanda Díaz» contra la orden que recortó la financiación del Serla de 900.000 a 400.000 euros.