Castilla y León

El director del Serla ve inviable el traslado de sede propuesto por la Junta

El juicio ha quedado visto para sentencia, después de que los abogados de CCOO y UGT hayan defendido que el fin último de la Junta es la eliminación del Serla, ya que la partida presupuestaria para su funcionamiento ha sido reducida de los 800.000 euros anuales que recibía hasta 2022 a 400.000 euros este año. Los sindicatos sostienen que la normativa obliga a la Junta a asumir el coste total de un servicio que es «público, obligatorio y exclusivo, tal como estableció una sentencia del Tribunal Supremo».

En su intervención como testigo, el catedrático de la Universidad de Salamanca y director del Serla ha explicado que la Junta ha planteado abandonar la sede (que entre alquiler y costes de funcionamiento cuesta unos 100.000 euros anuales) para trasladarse a «un lugar de paso, una especie de patio en la Oficina de Trabajo donde es inviable instalar los servidores informáticos». «Han colocado ocho mesas y habilitado una sala para las mediaciones, más otra compartida si fuera necesaria». En las dependencias actuales hay seis salas solo para las mediaciones colectivas.

Lo que para los sindicatos es una decisión unilateral que excede sus competencias, así como una vulneración de las atribuciones estatales (tesis apoyada por la Abogacía del Estado), además de un ataque a la legitimidad constitucional de las organizaciones que representan a los trabajadores, para la Administración autonómica sí es conforme a derecho. El letrado de la Junta ha mantenido que «el Serla es algo ajeno a la Administración, que crean sindicatos y patronal» y que «la Junta no tiene por qué financiar». «Ya existe un órgano público que puede realizar mediaciones (el SMAC) y el Serla debe adaptarse a los fondos de que dispone». El letrado ha sostenido que los propios estatutos del Serla «recomiendan que haya aportaciones adicionales de los constituyentes o terceros».

El director general de Trabajo, Fernando de la Parte, ha señalado que el Serla está «sobredimiensionado» y que el espacio ofrecido para su traslado es «adecuado a falta de unos ajustes» que, a su juicio, pasan por «organizarse mejor». Ha afirmado que «también el Estado puede hacer aportaciones» económicas al servicio y ha defendido la pretensión de la Junta de que el Serla deje de mediar en conflictos individuales de Valladolid (para que vayan al SMAC, como en el resto de provincias) y que en los procesos participe solo un mediador en lugar de dos.

El letrado de la Junta ha asegurado que «desde 2020 la Junta no tiene obligación de financiar el Serla en virtud de la Ley de Control del Gasto Público», mientras que la abogada del Estado ha sostenido una tesis contraria al señalar que «hay base legal y obligación de financiarlo, se ha impuesto un traslado con un informe económico y no técnico e intentan acabar con el servicio por la vía material de quitarle fondos, al no poder hacerlo por la normativa».

Para asistir a la vista se ha desplazado a Valladolid el vicesecretario confederal de política sindical de UGT, Fernando Luján, quien ha manifestado que «el deterioro de los derechos constitucionales que se está produciendo en esta comunidad para la parte social es muy preocupante y, por lo que vemos, se puede trasladar a otras autonomías como Murcia».

«El ataque a la negociación colectiva y a los sindicatos pisotea la Constitución, que no termina en el artículo 2 con la unidad de España sino que también tiene un artículo 7 que configura la estructura del Estado de Derecho. Por supuesto que el Serla tiene encaje constitucional. Cuando hablan de que los sindicatos tienen que financiarse con sus cuotas, algo que en UGT ya hacemos al 90% gracias a nuestro millón de afiliados, ocultan que los sindicatos tienen una función constitucional y unos derechos como los que tiene la Casa Real o los partidos políticos. Lo contrario es un pensamiento franquista», ha aseverado.

Según Luján, «el artículo 37 de la Constitución habla del valor de la negociación colectiva y de la fuerza vinculante de sus acuerdos. Es algo que debe garantizarse por ley y a raíz de ello, todas las comunidades autónomas se han dotado de estos organismos extrajudiciales de resolución de conflictos laborales». «¿Quién es (el consejero de Empleo, Mariano) Veganzones para contradecir la Constitución? ¿Y por qué el Gobierno de la Junta no cumple con su deber? El mensaje que se está trasladando es muy peligroso», ha dicho.

Para el dirigente de UGT «el Serla es legal, necesario y obligatorio». «¿Cómo puede emanar del Parlamento Autonómico y no contar con financiación? Por supuesto que la Junta lo tiene que financiar».