Castilla y León
Tres personas optan por el suicidio al fallarles la Ley de Eutanasia en la comunidad
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Tres personas optan por el suicidio al fallarles la Ley de Eutanasia en la comunidadTres años de vigencia y demasiadas debilidades todavía. Marcadas diferencias entre comunidades, mala y escasa evaluación de su desarrollo, obstáculos desmedidos para su aplicación. Así ... evalúa la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) este tiempo de aplicación de la Ley 3/2021 Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE). Una normativa que ha generado un derecho y aunque hay excepciones positivas en cuanto al respeto a la misma, hay casos graves de trabas, falta de compromiso y voluntad política. Y en el mapa español, según manifiestan sus responsables, Castilla y León «nos preocupa especialmente».
Fue la valoración espontánea sobre la región, sin necesidad de preguntar por este territorio en concreto en la rueda de prensa celebrada esta semana en Madrid en este tercer aniversario de la LORE.
El primer aspecto muy negativo, común a otras autonomías pero no a todas, «es el manifiesto incumplimiento con los balances de casos. El Gobierno autonómico tiene la obligación por ley de realizar informes con los datos, y no solamente con la casuística en números sino con el detalle, de lo que ocurre en la comunidad, lo que permitiría conocer su realidad y compararla con otras zonas. Sin embargo, no hay datos de 2023 y de los dos años previos solamente los que recoge el del Ministerio de Sanidad», explica Fernando Sanz, médico y portavoz de esta organización en Castilla y León.
25 solicitudes
hubo en Castilla y León en 2022, último año con datos, y se realizaron 10 eutanasias
La comunidad contabilizó así, según el informe ministerial, cuatro solicitudes y una eutanasia llevada a cabo en 2021 y al año siguiente registró 25 demandas y 10 realizadas, el 40%. Pero, efectivamente, la Consejería de Sanidad no facilita datos al respecto de 2023 y remite al Ministerio de Sanidad que «es quien los publica y quien los tiene que cotejar», indica la Junta.
Así que del cerrado ejercicio no hay datos medio año después de acabarse. Algo que lamenta la DMD que conoce los casos que les llegan por «las trabas que les han puesto, para informarse y que los ayudemos porque no se cumple o se hace muy tarde». Las estimaciones de esta organización para toda España en el pasado año son de unos 750 solicitudes y 350 casos llevados a cabo; pero no hay detalle autonómico. El dato que sí conoce la asociación de la comunidad es el de «tres personas que finalmente se suicidaron, tuvieron que optar por quitarse la vida durante el proceso tras solicitar la eutanasia porque no aguantaban más y todo eran obstáculos», lamenta Fernando Sanz. «Tampoco conocemos las causas de los rechazos ni el detalle de los que optan por ello, causas y perfiles más allá de lo que publica el Ministerio». añade en declaraciones.
A este respecto, Fernando Marín, presidente nacional de DMD destaca también la obligación que impone la ley de informar y que ocho comunidades cumplen (Cataluña, Asturias, La Rioja, País Vasco, Aragón, Cantabria, Andalucía y Comunidad Valenciana) y achaca las carencias de información del resto «a falta de transparencia y democracia, de compromiso y voluntad política» y también de medios, «de recursos, incluso informáticos pero después de tres años tenía que haber ya información» y todo ello se debe más a ello, indicó a los medios, que a una ideología de derechas o de izquierdas.
El Informe de Evaluación Anual sobre la Prestación de Ayuda para Morir del Ministerio de Sanidad pone de manifiesto que durante el año 2022, último nacional facilitado, se aplicaron 288 prestaciones en todo el territorio, el 50% de las solicitadas; en 2021, fueron 75. En total, 363 personas se han beneficiado de la Ley de Eutanasia desde su entrada en vigor en 2021.
En 2021, primer año de aplicación de la ley de regulación de la eutanasia, se registraron 173 demandas; aunque hay que tener en cuenta que los datos de 2021 corresponden a un periodo de seis meses, mientras que ele siguiente ejercicio ya suma 12 meses del año.
Castilla y León preocupa a la organización además de por no emitir su preceptivo informe por «la situación de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia de la comunidad porque su vicepresidente, el doctor Francisco Vara, jefe de Cuidados Paliativos en el Hospital Los Montalvos de Salamanca, ha manifestado en declaraciones públicas ejercer la objeción de conciencia, ha demostrado su oposición a ello», destaca la asociación DMD. Asimismo, detectan en la comunidad lo que esta organización llama «maltrato» por parte de la Comisión que les solicita documentación complementaria a los solicitantes fuera de lo establecido legalmente y les pone dificultades en toda la tramitación. Señala asimismo que la demora que provoca hace que muchos no logren llegar al final del proceso y se mueran antes.
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Hay una excesiva duración del procedimiento, «con una media de 75 días cuando debe durar 35 días, algo que no está justificado». Además, muchas solicitudes no se contabilizan porque no disponen de un informe del médico responsable. En el citado trabajo de 2022 se «pierden» 48 personas en España, un número excesivo (8%) en relación con el total (576). Además, «si borramos del sistema a todas estas personas, es imposible conocer uno de los fenómenos más perturbadores para las solicitantes: las demoras en la asignación de médico responsable, probablemente relacionadas con el elevado número de personas que fallecen durante la tramitación».
Señala que «casi un tercio de las personas solicitantes fallecieron durante la tramitación de su solicitud de ayuda para morir, es decir, sin que se respetaran sus preferencias sobre cómo finalizar su vida. Son demasiadas y no tenemos apenas información sobre sus circunstancias concretas. ¿Solicitaron la prestación de ayuda a morir muy tarde (pocos días antes del deceso) o la tramitación fue incapaz de adaptarse a sus necesidades? De los 152 casos, 22 (14.5%) no llegaron a la verificación. No son –como dice el informe del Ministerio de Sanidad– fallecimientos prematuros y es verdad que no existe una demora injustificada de la prestación, sino una incapacidad para adaptarse a las necesidades de cada persona para respetar sus derechos», apunta la asociación.
En 2022, el 20% de las solicitudes (105 de las 528 contabilizadas) fueron denegadas por el médico responsable, el facultativo consultor o por la Comisión de Garantía y Evaluación. Hubo 61 personas que reclamaron y el pleno de la misma les dio la razón a 23. «Un 40% de las reclamaciones aceptadas es un dato positivo, pero que merece una reflexión: la reclamación no es siempre un proceso sencillo y no está al alcance de cualquier persona. Ello introduce un nuevo factor de desigualdad. En cualquier caso, una de cada cinco denegaciones es posteriormente cuestionada por el pleno de la comisión correspondiente. ¿Falta de experiencia o arbitrariedad?», se pregunta Fernando Marín.
La información oficial únicamente facilita datos «crudos» de solicitudes y fallecimientos. «Cuando calculamos las tasas de eutanasia (según el total de fallecimientos y población), nos muestran notables diferencias entre comunidades, que también merecen al menos una hipótesis explicativa: ¿son simplemente diferencias culturales o se está obstaculizando el acceso a la eutanasia en algunos territorios?», se pregunta.
Otro aspecto importante es el de cuántas personas solicitaron la eutanasia en su testamento vital (en 215 casos nacionales no aparece este dato). En todas las comunidades predominan las solicitudes por enfermedades neurodegenerativas, cuando en países como Bélgica, Canadá o Países Bajos, el 80% son pacientes terminales. ¿Hay alguna explicación para esta discrepancia con la experiencia internacional? Hay indicios de que muchas de las personas que fallecen durante la tramitación padecen una neoplasia en fase terminal. ¿Es una circunstancia relacionada con el elevado porcentaje de personas que fallecen durante la tramitación de la eutanasia? ¿Debe revisarse y agilizarse el proceso de solicitud en estos casos?», se plantean.
El enfermo puede acceder a la eutanasia cuando sufre «una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante» que le cause un «sufrimiento intolerable». Y, para ello, establece «la administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente» o que «se la pueda autoadministrar para causar su propia muerte».
En cuanto a las tasas de eutanasias realizadas en relación al número de fallecimientos en las comunidades, las cifras «varían mucho». «La desigualdad es grave porque vulnera el principio de igualdad ante la ley. Es inadmisible que el acceso al derecho dependa del lugar donde se viva», lamenta, por su parte, Loren Arseguet, responsable internacional de Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD).
En 2022, la tasa de eutanasia sobre el total de fallecimientos en España fue inferior al 0,07%, con «enormes desigualdades territoriales», según Arseguet. Por ejemplo, en Navarra, País Vasco o Cataluña fue superior al 0,1%, pero en Murcia, Extremadura o Galicia fue 10 veces menor. En Castilla en 2022 fue de 0,031%.
«No sabemos si la cifra tan baja de eutanasia en España se debe a que la ley tiene un procedimiento de tramitación muy farragoso y muy burocrático, muy complejo. Esta característica, por lo menos, podría explicar en parte el elevado número de personas que han fallecido durante la tramitación del proceso», destaca Arseguet.
Asimismo ha comparado la situación española con la de Bélgica, donde se aprobó su regulación al respecto en 2002. Allí, hasta 2011, la tasa de fallecimiento por eutanasia sobre los fallecimientos totales no pasó del 1% en su primer año pero a los tres ya era del 0,38%. «Juzgaron que era muy poco, y la asociación hermana a la nuestra investigó. Su diagnóstico fue que la ciudadanía desconocía completamente la ley y los profesionales sanitarios también la ignoraban», explicó la portavoz internacional.
En la rueda de prensa también participaron dos familiares de personas que ejercieron su derecho a la eutanasia. Gina, cuyo padre Carlos padecía parálisis supranuclear progresiva, una enfermedad incurable, quiso aclarar que, en ninguna parte de la ley, se recoge la palabra «avanzada», en referencia a la fase de la enfermedad y que fue el argumento para inicialmente ponerles trabas. «Tampoco que la persona deba estar en un estado agonizante. El neurólogo de mi padre no era objetor, pero dudaba de si estaba en el contexto adecuado. Muchos médicos se confunden y piensan que debes estar ya en paliativos. Pero mi padre quería morir con autonomía, con la mayor cantidad de facultades cognitivas y físicas posibles. Al final, murió con las facultades muy mermadas, pero lúcido y como él quería morir. No hay que estar agonizante, no en paliativos para acceder a ella», recordó Gina.
Por su parte, Ángel ha recorrido las dificultades en este proceso de su mujer Fernanda, enfermera y diagnosticada de una demencia y a la que, inicialmente, le negaron la eutanasia. Ángel ha criticado que hay vocales de las comisiones que «improvisan» respuestas que no se ajustan al derecho ni a la ley. «En mi opinión, me dijeron que no por desconocimiento y falta de interés», sentenció.
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