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Un total de 24 personas han solicitado una eutanasia en Castilla y León en los dos primeros años concluidos de vigencia de la ley -se cumplen este 25 de junio- y once han adelantado su muerte con ayuda facultativa en ese periodo, según los datos ... facilitados por la Consejería de Sanidad. Hasta la fecha solo se ha hecho público el informe anual de 2021, el de 2022 todavía está bajo llave pese a la obligación de las comunidades de difundir los datos al cierre de cada ejercicio. De falta de transparencia se queja Derecho a Morir Dignamente, la asociación federal española que defiende una aplicación ágil y efectiva de la normativa, que advierte de que la implementación de la ley no ha estado exenta de problemas y que se registran diferencias entre las comunidades autónomas.
La Junta de Castilla y León desarrolló la normativa con el Decreto 15/2021, de 24 de junio, por el que se creó la Comisión de Garantía y Evaluación prevista en la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de Regulación de la Eutanasia.
El primer año, que en realidad fue solo medio de aplicación, la comunidad registró cuatro solicitudes, de las que solo una se llevó a cabo. En 2022, ya un ejercicio completo, han sido veinte las peticiones, en la mitad de las cuales se ha adelantado su muerte con ayuda facultativa
De este último ejercicio, la Junta aún no entra al detalle sobre las denegaciones; si se deben al incumplimiento de requisitos, a que el solicitante falleciera antes de resolverse su caso o por arrepentimiento de la decisión inicial. No obstante, los datos que sí se conocen hasta el pasado mes de septiembre, cuando la comunidad llevaba quince meses de aplicación de la ley, sí precisan que tres de las diecisete personas que habían solicitado hasta entonces la eutanasia en Castilla y León cambiaron de opinión y rechazaron la asistencia de los sanitarios y otras tres murieron de manera natural antes de ser asistidos. Además, cinco eutanasias fueron practicadas, el mismo número que fueron denegadas y una más estaba en tramitación.
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El objetivo de esta ley es el de regular el derecho de toda persona que cumpla las condiciones exigidas a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir. Asimismo, regula el procedimiento que hay que seguir, las garantías que hay que preservar y los deberes de los profesionales e instituciones sanitarias implicadas para asegurar el ejercicio de este derecho.
En Castilla y León, el Registro de Objeción de Conciencia para esta legislación asciende a 799 profesionales, con 268 en Valladolid, 219 en Salamanca, 79 en León, 63 en Burgos, 47 en Palencia y 125 en Zamora, Ávila, Segovia y Soria.
En el año 2021, único del que el Ministerio de Sanidad ha emitido ya el informe al contar con los datos de todos los territorios, se declararon 173 solicitudes de eutanasia en toda España y se realizaron 75: Cataluña tuvo 65 demandas, de las que 29 se aprobaron; el País Vasco, 34 con 15 realizadas; Madrid 12 y la Comunidad Valenciana otras 10, y en ambas autonomías se llevaron a cabo la mitad; las Islas Baleares tuvieron nueve solicitudes de las que seis se ejecutaron; Canarias ocho y tres realizadas; Galicia seis, con cuatro rechazadas; Aragón, Asturias, Castilla y León y Navarra registraron cuatro solicitudes cada una y en las tres primeras se ejecutó una y en la última, dos.
En cuanto a Andalucía no llegó a ponerse en marcha ningún caso, aunque tuvo tres personas que lo pidieron; Murcia practicó dos de tres; Cantabria y La Rioja sumaron cada una dos peticiones y se aprobaron una en cada autonomía. En cuanto a Castilla-La Mancha, Extremadura y Melilla, solo hubo una persona que requiriera este tipo de prestación en cada una, y no se les dio luz verde. En Ceuta no hubo demanda alguna.
En el 18,49% de los casos, la muerte natural llegó antes que de que pudiera aplicarse la eutanasia, suelen ser casos de cáncer sobre todo; el 16,18% no llegaron al Comité de Garantía y Evaluación; el 14,45% se denegaron; hubo un 4,04% de revocaciones y un 3,46% de aplazamientos.
En relación con la patología que ha dado lugar a esta prestación, el dato español del medio primer año en vigor de la ley, de 2021 señala que 40 (53,33%) fueron enfermedades neurológicas y las siguientes más frecuentes fueron 22 procesos oncológicos (29,33%). Otras cuatro personas (5,33%) sufrían pluripatológia orgánica severa, tres (4%) enfermedades respiratorias y, en el resto, no se ha constatado la causa.
La edad de los pacientes ha variado entre los 29 y 97 años con una media de edad de 66,37 años para las mujeres y de 67,32 años para los hombres y con una mediana de 65 años para ellas y de 66 años para los varones. El perfil en cuanto al sexo fue de un reparto muy proporcional.
El domicilio es el lugar elegido con mayor frecuencia por la persona enferma, seguida del hospital y la residencia, para despedirse de sus familiares y amigos.
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