Castilla y León

Trabajadores de las contratas que atienden el 112 y el 061 piden ser empleados públicos

La labor que realizan al otro lado del teléfono estas plantillas es habitualmente muy bien valorada por las personas que marcan esos números en encuestas de satisfacción y por la Junta, administración responsable de esa competencia a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio a cuyo frente está el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones. Son doce comunidades la que delegan en empresas esa atención de las emergencias: Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, La Rioja, Baleares, Valencia, Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha y Cataluña

Los trabajadores que atienden las llamadas al 112 y al 061 en Castilla y León reclaman a la Administración autonómica que impulse un proceso de «internalización» de la gestión de un servicio que ahora tiene repartido a través de varias empresas: Ilunion, Madison y Demontes. Unas firmas que han cambiado a lo largo de los años, con vicisitudes y tiempos de inquietud en la gestión, como la quiebra del Grupo Norte. O con Expedientes de Regulación Temporal de Empleo y tandas de hasta 35 despidos que resultaron improcedentes, con la reincorporación posterior de los afectados «que sabían hacer su trabajo con los ojos cerrados», inciden desde el comité de empresa, o el planteamiento cada cierto tiempo de «modificaciones sustanciales» de las condiciones de trabajo sobre la marcha por parte de las empresas. Piden que se les reconozca «como cuerpo especializado, valorando la antigüedad, cuidando a las plantillas y previniendo el 'burnout' (síndrome del trabajador quemado) mediante un apoyo psicológico sistematizado y una condiciones laborales adecuadas». Entienden que no son 'telemarketin'.

Son en el caso de Castilla y León alrededor de 200 trabajadores especializados en atender las 24 horas del día, los 365 días del año y en varios idiomas, las llamadas de emergencias y la gestión de esas urgencias de sucesos, sanitarias, de rescate de montaña, entre otros casos, los que se encuentran en esta situación. Y han salido con su reivindicación a la puerta de su lugar de trabajo, en el complejo del antiguo Hospital Militar de Valladolid.

Los trabajadores de Castilla y León, convocados por la sección sindical de CGT, único sindicato representado en el comité de empresa, han hecho pública su reivindicación de manera coordinada con compañeros que se encuentran en similares condiciones en otras once comunidades autónomas. «Buscamos concienciar a la población y a la administraciones sobre la importancia de unos servicios de emergencias públicos y de calidad, y que se revierta la gestión de estos servicios por empresas privadas con ánimo de lucro a costa de la calidad de este servicio esencial», remarcaron los convocantes.

Puede parecer anecdótico, pero da idea de la situación cotidiana de trabajo el hecho que el último pliego de condiciones redactado por la Junta para adjudicar el contrato tuviera que incluir el detalle del cambio de la 'sillería' de las salas para que así los trabajadores que atienden el teléfono sentados durante toda su jornada laboral pusieran fin a una situación que arrastraban de años y que les obligaba a que lo primero que hacían era mirar que la silla no estuviera rota para poder empezar a trabajar, relatan desde el comité de empresa. «La única forma de que un servicio como este sea más barato privatizado que público es precarizando al personal y las condiciones en las que trabaja», remarcaron durante la concentración.