Trabajadores de ambulancias alertan de la falta de mantenimiento de los vehículos

Según repasa el sindicato CGT, ya en el año 2019, debería de haber entrado en vigor el quinto convenio del transporte sanitario; pero, «por causas que se desconocen, no ocurrió y se retrasó la firma hasta el año 2022. Durante estos años de supuesta negociación entre la patronal y los sindicatos firmantes se han producido multitud de manifestaciones multitudinarias con profesionales y semanas antes de la firma del convenio, los sindicatos firmantes realizaron un referéndum proponiendo el convenio que querían firmar, más del 80% de la plantilla de la comunidad votó que no; pero fue, finalmente, firmado por UGT, CCOO y CSIF en marzo del 2022 y fue en ese texto en el que se vinculó el convenio con una adjudicación de la Junta por un contrato público y presentado en el mismo día en una reunión con el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez que, como se recordará, no figuraba en su agenda. En junio del 2022 el contrato de la Administración regional con la empresa adjudicataria para el transporte sanitario de Castilla y León debería haber finalizado, no fue asÍ y se amplió el plazo a la empresa adjudicataria hasta diciembre del 2022».

Fue el 25 de mayo cuando se publicó el pliego de condiciones para poder optar al contrato. CGT vio «varios incumplimientos en las condiciones que identificaban posibles ilegalidades y procedimientos que podían hacer peligrar la entrada del nuevo concierto, por ese motivo el 21 de julio de ese mismo año se notifico al TARCYL (Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la comunidad) y el 10 de agosto se admitió a trámite el recurso paralizando así el concurso del transporte sanitario. Un mes más tarde se desestimó el recurso de CGT. Y ya el pasado mes de enero se formaliza la adjudicación por lotes y, salvo en una provincia, recayó en el grupo HTGroup al que pertenece Ambuibérica, la empresa saliente, la cual tiene varias demandas y sanciones por incumplimiento de cuotas a la Seguridad Social por impago de horas extras». Por lo que «no se entiende que este grupo pueda optar a contratos públicos».

A partir de entonces se produce un proceso de demoras y prórrogas por la falta de componentes para fabricar los vehículos.

CGT denuncia que tales retrasos «conllevan a un grave perjuicio para los ciudadanos al tener vehículos con más de 500.000 kilómetros, muy usados y desgastados, con material en mal estado como camillas, sillas, bancadas… Que ponen en riesgo grave al usuario, pacientes y trabajadores».

Asimismo critica esta central sindical «el perjuicio que esta situación ha provocado en los trabajadores al haber vinculado un convenio a un contrato público favoreciendo así a la administración y empresa adjudicataria. Un convenio lesivo, a medida de la patronal, con varios artículos ilegales en contra del interés y la seguridad de los trabajadores».