El Procurador pide garantías de plazos máximos en consultas y pruebas
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La oficina de Tomás Quintana resuelve de oficio instar a la Junta a que implante medidas para atender a los pacientes en tiempos razonables«Los ciudadanos de Castilla y León tienen derecho a que las prestaciones sanitarias de atención especializada programadas le sean dispensadas dentro de unos plazos máximos así como un sistema de garantías que aseguren su cumplimiento». Así lo establece la propia Consejería de Sanidad. Y, ... desde 2008, los plazos máximos de espera de las intervenciones quirúrgicas programadas son de 130 días naturales, con la excepción de la cirugía oncológica y de la cardiaca no valvular que tendrán su límite en 30 días naturales. En el caso de que se superen tales fechas sin que la cirugía se haya efectuado, el paciente podrá optar por permanecer en lista de espera o por ser atendido en un centro sanitario de su elección corriendo a cargo de Sacyl el coste de los gastos derivados de la realización de la operación. Y el decreto excluye las intervenciones quirúrgicas de carácter urgente, las de trasplantes de órganos, cuya realización dependerá de su disponibilidad y las producidas en situaciones de catástrofe.
Pues bien, el Procurador del Común pide ahora a la Consejería de Sanidad que implante también para las pruebas de diagnóstico y las consultas externas hospitalarias unos tiempos máximos con la misma garantía de cumplimiento.
La oficina de Tomás Quintana llega a esta resolución, junto a otros tres puntos sobre listas de espera, en una actuación de oficio en la que analiza la evolución de las listas de espera y los planes, previos y posteriores, a la pandemia para resolver la asistencia en tiempos razonables. Indica esta procuraduría que no se trata de la lista de espera que se genere, que es consustancial a la gestión, sino de la capacidad de resolverlas en tiempo y forma adecuados. Insta así a la Junta a «que se valore la conveniencia de regular normativamente los plazos máximos de demora, tanto en consultas de especialidades como en procedimientos diagnósticos, haciendo extensivas a ambas prestaciones el sistema de garantías que, para las intervenciones quirúrgicas, contempla el Decreto 68/2008, de 4 de septiembre, por el que se crea el Registro de pacientes en lista de espera de Atención Especializada y se regulan las garantías de espera máxima en intervenciones quirúrgicas».
Asimismo, la procuraduría insta a Sacyl a que adopte las medidas oportunas «para evitar dilatados tiempos de espera, de manera que a los pacientes que no hayan sido considerados como prioritarios, en base a criterios clínicos, les sean dispensadas las prestaciones de atención especializada dentro de unos plazos razonables con el objetivo de continuar su proceso asistencial en el menor tiempo posible». Considera el Procurador del Común que, aunque estos usuarios de Sacyl que están fuera de los tres niveles de prioridades –que apunta que se cumple en el primero pero que tiene muchas quejas de pacientes de los otros dos– son casos menos urgentes no pueden estar meses sin asistencia. Y pide en su cuarta resolución que se adopten medidas en este sentido.
Asimismo, solicita a Sanidad que «se refuercen las medidas que, actualmente, se están aplicando u otras diferentes, arbitrando los medios, tanto personales como materiales que se consideren necesarios, para reducir las demoras y agilizar las listas de espera, especialmente en consultas externas y pruebas diagnósticas, garantizando con ello, el derecho a la protección de la salud».
El motivo de la presente Actuación de Oficio era conocer la evolución de las listas de espera durante la pandemia, tanto en Atención Especializada como en pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, en lo referente a la atención sanitaria no relacionada con el Covid-19, así como la situación de los pacientes con distintas prioridades y las medidas adoptadas para gestionar simultáneamente las listas de espera y para hacer frente a las distintas olas de la pandemia.
A la vista de la información facilitada por la Administración sobre las listas y demoras, el Procurador del Común realiza una serie de consideraciones en relación con la incidencia que la irrupción de la pandemia provocada por el Covid-19 había tenido sobre la gestión de las listas de espera y en este sentido, «si bien pusimos en valor las distintas actuaciones llevadas a cabo por la Consejería de Sanidad para reducirlas, incidimos en alguno de los aspectos que debían ser susceptibles de valoración por parte de la Administración sanitaria con la finalidad de garantizar a los ciudadanos la prestación de una asistencia sanitaria con unos plazos de demora adecuados a sus necesidades clínicas y sociales».
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