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Sería una hazaña simbólica. Pactar los presupuestos entre los 81 procuradores, los 7 partidos políticos, todo el arco multiideológico regional, en el momento más complejo de la historia reciente para elaborar unas cuentas regionales. Lo define bien Pedro Pascual (Por Ávila): «Estamos saliendo con la ... covid, no de la covid». Y con esa situación de partida resulta un ejercicio de futurología prever cómo se pueden comportar los números macroeconómicos.
Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda, ha empezado por el primer paso, enviar una carta a los partidos para, siguiendo el espíritu de ese «pacto para la reconstrucción» cuyo contenido aún está definiéndose, invitarles a escenificar el todos a una presupuestario. Obviamente, encontrará más apoyo en su socio de Gobierno, Ciudadanos. Las fisuras con el PSOE empiezan, sin embargo, antes de teclear la primera cifra. «Hay un montón de compromisos incumplidos con el Diálogo Social, de marzo y del año pasado. Y antes de empezar a hablar deben empezar a cumplirlo», advierten fuentes socialistas. Tras esa primera colisión viene Unidas Podemos. «Va a ser muy difícil que podamos apoyar unos presupuestos, porque lo que no sea incremento en servicios públicos devendrá en recortes y en debilitamiento de lo público».
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Jesús García-Conde, de Vox, pedirá «déficit cero, equilibrio presupuestario», lo que podría darse de bruces con esta previsión de los socialistas: «Nos van a ampliar el margen de déficit. Es buscar el equilibrio entre las necesidades para cumplir compromisos y fondos normales y adicionales que se van a recibir». Luis Mariano Santos, de UPL, admite que será «un presupuesto de guerra en el que todos tendrán que ceder», pero sospecha que PP yCs quiere que otros les hagan el presupuesto.«Yellos tendrán que presentar unas cuentas sobre las que hablar».
Puede parecer que todo esto son asuntos que se pueden limar. Sin embargo, en un presupuesto pandémico resulta evidente que habrá que atender, más que nunca, a las prioridades. Y ahí hay matices. Por ejemplo, Miguel Ángel González (Ciudadanos) no cree que la Educación, con ser importante, resulte tan urgente como otros sectores. «Siendo uno de los ejes fundamentales de la comunidad, no despistemos el tiro, lo urgente antes que lo importante. Los informes independientes no nos sitúan mal en educación, hemos tenido carencias durante el confinamiento, porque se necesitaban nuevas tecnologías, cobertura, que en el mundo rural no es de la calidad que debería, y la educación necesita soporte. ¿Pero a la misma altura que Sanidad, Empleo y Gasto Social? Igual no está a ese nivel», considera.
Y replica el PSOE que la Educación y más. Tampoco pueden descuidarse las infraestructuras. «La prioridad es el gasto social, sanidad, servicios sociales y educación. Y hay que tener en cuenta la ayuda a las empresas y dentro del gasto social entra la ayuda a los trabajadores y ahí hablamos de autónomos, pymes y algo muy importante, recogido en el pacto con 728 millones, no puedes dejar atrás las infraestructuras». Lo argumentan por su capacidad dinamizadora. «Sectores tan importantes como la construcción dependen de la financiación de infraestructuras, que deberían ser sociales: colegios, hospitales, aceleradores lineales prometidos desde hace más de quince años y nunca puestos en marcha…».
Y dice Vox: «Hay que enfocarse en las competencias autonómicas esenciales. Sanidad y Educación y Servicios Sociales deben aglutinar la mayor parte del presupuesto». Y Pablo Fernández (Unidas Podemos): «Reivindicaremos una apuesta clara por la ciencia y por el i+D+I, gran olvidado de las políticas de la Junta».
No hay tanto margen, en realidad, para maniobrar. Menos aún cuando la factura de la covid-19 depende en gran medida de sus movimientos de regresión o de expansión. Una segunda ola conllevaría gastos sanitarios y, de producirse un confinamiento severo, daños económicos aún más profundos. Por eso Pedro Pascual, de Por Ávila, pide que se atienda con más generosidad a las provincias más afectadas hasta ahora, Ávila, Segovia y Soria.
La cuestión es, además de dónde sacar el dinero. Y ahí también hay un cruce difícil de desentrañar. Unidas Podemos lo tiene claro: «Hay posibilidad de incrementar impuestos en las rentas más altas. No hay que eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones. En el contexto actual se necesitan ingresos». Y la réplica de Ciudadanos abunda en el sentido contrario. «Nosotros apostamos por bajar impuestos, o desde luego en una situación como esta, por no subirlos. Si gravamos más, ¿adónde vamos? La política fiscal va a aportar su parte, pero subir impuestos no. Es una locura en una situación como esta», advierte Miguel Ángel González.
El PSOE, como pieza codiciada del pacto, no lo pondrá fácil. Por un lado, quiere recalcar la aportación del Gobierno central. «Llega una financiación, entre social, sanitaria y participación en los 16.000 millones a fondo perdido, superior a los 850 millones. Nos van a permitir dedicar a financiación sanitaria unos 115 millones de Feder que no estaban comprometidos, que había que dedicarlos a otras inversiones y ahora se pueden dedicar a Sanidad», destacan. Y pedirán la ejecución de inversiones que quedaron en el limbo presupuestario. Demasiadas condiciones para un acuerdo global soñado y nunca alcanzado.
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