El escaño 82: No será la primera

La norma regional se aprobó en abril de 2003, en vísperas de elecciones autonómica y en uno de los plenos 'escoba' de las Cortes, de los que 'barren' al por mayor los proyectos de ley que se han acumulado en cola. Entre marzo y abril de ese año, los procuradores debatieron y votaron once leyes en tres sesiones. De Igualdad entre Mujeres y Hombres, del Deporte, de Cajas de Ahorros (definitivamente, ha pasado un mundo), de Coordinación de Policías Locales, de Prevención Ambiental, de Derechos y Deberes respecto a la Salud... Y la de Atención y Protección a las Personas Mayores. El título es descriptivo y ambicioso.

El preámbulo declara que una «triple perspectiva» guiará la planificación dotación de recursos para atender esa etapa vital que acumula experiencia y años: facilitar que el mayor pueda continuar en su medio habitual con calidad de vida, ofrecer a la familia apoyos precisos para facilitar el cuidado de los abuelos y proporcionar «cobertura residencial necesaria para cuando no puedan seguir en sus hogares». A partir de ahí, una cascada de artículos exhorta a ciudadanos, asociaciones, empresas, y, sobre todo a los gestores públicos, a garantizar, impulsar, apoyar, promover, potenciar, prevenir. Verbos positivos, que requieren políticas y fondos para evolucionar a algo práctico desde la mera declaración de intenciones. También inspecciones concienzudas. Si no, no sirven. Lo contrario es sucumbir a la churrera normativa, algo que no debe pasar con la futura Ley de Atención Residencial.

Carlos Fernández Carriedo, entonces consejero de Bienestar Social (hoy de Economía y Hacienda), firmó aquel proyecto de ley. A día de hoy, el decreto que rige los requisitos de apertura de residencias de mayores es también de su etapa, de 2001. En estos años han aumentado los viajes del Club de los 60, los alumnos veteranos, los usuarios de ayuda a domicilio o teleasistencia; la participación en asociaciones y el voluntariado de mayores, y está muy bien, pero la ley no ha garantizado como debía la protección de los residentes en geriátricos. Porque las leyes no son algo mágico en sí mismas. Requieren gestión y compromiso. Con la Ley de Atención Residencial no puede ocurrir lo mismo.