Los Servicios Sociales de Castilla y Léon se debilitan con carencias en ayuda a domicilio y teleasistencia

Es un descenso ligero pero continuado desde 2017 y, sobre todo, desde 2019 para una comunidad que durante años ha disfrutado de una muy buena posición en el ranking nacional en cuanto a la atención de sus Servicios Sociales. La fortaleza de la comunidad en la asistencia a mayores, personas con discapacidad, víctimas de violencia machista, infancia o dependencia, entre otros, ha sido siempre la de contar con las entidades locales y partir de una organización cercana al usuario y con recursos a la hora de implantarse nuevos modelos como el de la Ley de Dependencia. Y aunque sigue en cabeza, solo Navarra la supera en puntuación, su sistema muestra síntomas de debilidad.

La pandemia ha afectado a todo el país; pero mientras cinco comunidades han incluso mejorado sus Servicios Sociales (Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña y La Rioja», otras diez la han empeorado, entre ellas Castilla y León. Con una puntuación de 6,89 puntos frente a los 7,30 de 2020 o a los 7,50 de 2017, la autonomía adolece sobre todo de falta de oferta en la ayuda a domicilio, en teleasistencia y en atención a las mujeres, además de en haber recortado gastos en el amparo a las personas más vulnerables, mientras que, en cambio, los presupuestos crecen en la media española.

Así lo destaca el nuevo Índice DEC (Derechos, Economía, Cobertura) de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que cierra el ejercicio 2021.  Un informe que han presentado hoy en Madrid José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, y Gustavo García, coordinador Índice DEC.

Desde 2017, aunque mantiene una buena calificación, la región «registra una tendencia ligeramente decreciente que le hace perder 0,61 puntos en este periodo».

Entre las debilidades detectadas en la comunidad, el informe advierte sobre la caída en la atención a la Dependencia, con 8,4 puntos en la escala del observatorio, por encima de la media estatal (5,1); pero ya ha perdido un punto en cuatro años. También la cobertura residencial para los mayores de 65 años, aunque sea mejor que la nacional (del 5,9%, más del doble de la española, que es del 2,7%) se redujo en cuatro décimas. En cambio, mantiene buenos datos en los destinados a personas con discapacidad (con una cobertura del 4,2% frente al 1,6% de media estatal).

Los acogimientos familiares de menores, que suponen el 60,8% del total en la región, superan en diez puntos a los nacionales; pero también han caído más de un punto. En cuanto a las plazas de alojamiento para mujeres víctimas de violencia machista, con 19,5 por cada 100 con orden de protección en Castilla y León, (11,4 de media estatal), han bajado también. Eran casi del 30% en 2015.

En cambio, las plazas de alojamiento para personas sin hogar por cada cien mil habitantes son una clara fortaleza de la comunidad que logra la máxima puntuación en este apartado con 64,2 plazas (23 puntos más que la media) y 12,3% más que en 2018.

Los servicios con menor cobertura en Castilla y León son el de ayuda a domicilio, con una protección del 4,2%, frente al 5,1% de media nacional. Era del 5,8% en 2012, perdió peso durante varios años hasta casi recuperar todo su peso en 2018 para luego volver a caer drásticamente. No obstante, la intensidad de este servicio es ligeramente superior en Castilla y León, con 19 horas de media mensual, que la media estatal (17,8 horas) y el de teleasistencia, con un amparo del 4,2% frente a 10% del conjunto español.

El Índice DEC es el único estudio que trata de medir y evaluar el desarrollo de las estructuras y presupuestos de un sistema, el de los Servicios Sociales que atienden las necesidades de más de ocho millones de personas en España. El mismo se aplicó por primera vez en 2012 y permite ver la evolución interna de cada autonomía y compararla con el resto.

El Observatorio de Servicios Sociales destaca que Castilla y León «sigue mostrando un sistema muy equilibrado en sus tres dimensiones –derechos, cobertura y gasto–, e, incluso, ha mejorado desde su aplicación inicial en 2012».

Así, ofrece una de las mejores ratios entre cobertura y gasto, es decir, «una gran eficiencia del Sistema», que «sin duda alguna se debe a la colaboración y al protagonismo que tienen las entidades locales en la gestión de las prestaciones y servicios, así como a decisiones estratégicas adecuadas, como lo fue la acertada integración de la Atención a la Dependencia en los Servicios Sociales y especialmente a nivel local», destaca el informe.

Asimismo señala que «la cultura de consenso en la ordenación del sistema con agentes sociales, tercer sector y entidades locales es un intangible que ofrece sus frutos en estos equilibrios. De la misma manera, muestra una relación bastante equilibrada entre los derechos que reconoce en su Ley de nueva generación y el catálogo que los concreta, y su entrega efectiva de prestaciones y servicios».

Otra debilidad que encuentra este Índice DEC en la comunidad hasta el punto de no otorgarle ni décimas en la puntuación es que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que gestiona la materia de Servicios Sociales no incluye esa denominación ni es su principal competencia en la gestión , «supone que el gasto en Servicios Sociales no llega al 50 % del presupuesto gestionado».

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