Sanidad, empleo público y servicios municipales centran las quejas ciudadanas en Castilla y León

Los servicios que prestan ayuntamientos y diputaciones, el empleo público y asistencia sanitaria acaparan las quejas de los castellanos y leoneses en 2022. Casi una de cada dos reclamaciones presentadas ante el Procurador (más del 44% del total) abordan estos asuntos en un ejercicio en el que de nuevo se constata una práctica que se ha consolidado a lo largo de los últimos años, la de las quejas múltiples que surgen en temas que afectan de manera colectiva a distintos ciudadanos.

2022 cierra balance en el Procurador del Común con 16 quejas múltiples respaldadas por 6.185 personas. En esta carpeta están las 1.332 reclamaciones de ciudadanos de la comarca zamorana de Tábara ante la atención sanitaria que recibían de la Junta de Castilla y León, las 788 que denunciaban déficit de asistencia médica en la zona de salud de Sahagún y el retraso en la construcción del centro de salud que da servicio a esa comarca leonesa, o las 115 que alertaban de la suspensión de la consulta en Castillejo de Azaba, Salamanca, que era semanal.

También la adjudicación del servicio de comedor escolar en localidades de León generó 1.783 reclamaciones, a las que se sumaron otras 778 que reclamaban comedor escolar en el Centro Rural Agrupado de Sotillo de la Ribera, en Burgos. Al despacho de Tomás Quintana llegaron otras 152 quejas por la deficiente calefacción el colegio Puente Castro, en León.

El malestar por la ubicación de un parque eólico (Miravete) en las localidades burgalesas de Vivar del Cid y Celada de la Torre, al que se sumaba un macro huerto solar (Villayerno) en el segundo municipio, llegaron en forma de quejas múltiples hasta el Procurador del Común, que tramitó el año pasado otras tres quejas 'masivas' en el área de empleo público motivadas por la disconformidad con las indemnizaciones por kilometraje de los sanitarios (con los combustibles por las nubes) que se desplazan a consultorios rurales, los complementos retributivos de los maestros itinerantes y las pruebas selectivas para acceder a plazas de policías locales en 36 municipios en una oposición pública que gestionó la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente (hoy Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio).

El equipo de asesores que trabaja bajo la coordinación de Tomás Quintana ha abordado 63 investigaciones por iniciativa propia en temas considerados «de interés para el ejercicio de derechos», según indican desde el Procurador del Común de Castilla y León. La situación de exclusión financiera de las personas que residen en los pueblos, las deficiencias de atención pediátrica en el medio rural, las condiciones en que se hallan las ambulancias del servicio de transporte sanitario que paga la Consejería de Sanidad o la discriminación de menores con discapacidad en el acceso a campamentos por falta de plazas inclusivas han sido asuntos investigado por Tomás Quintana. A esos temas de ámbito más general se han sumado otros que afectaban a zonas concretas, como la accesibilidad a los vehículos de transporte público urbano en Ávila o la supresión del servicio de guardia nocturna de las farmacias en las Zonas Básicas de Salud del Tera y de Vidriales, en Zamora.

El año 2022 no ha sido un ejercicio sin más para Tomás Quintana. El Procurador del Común, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León desde abril de 1993, ha cumplido su mandato y se encuentra trabajando «en funciones», a la espera de que los grupos parlamentarios le renueven su confianza para seguir al frente de la institución por un nuevo periodo o consensúen quién puede tomar el relevo en esa labor de defensor autonómico. Una figura que es, según puede leerse en la página web de la institución, «políticamente independiente, no recibe instrucciones de ninguna autoridad y desempeña sus funciones con absoluta autonomía».