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Los 22 fallecidos en residencias de mayores en Castilla y León son hoy el principal foco de atención de la Junta. Las consejerías de Sanidad y Familia son conscientes de que suponen un punto crítico que precisa de una intervención urgente y contundente para evitar ... consecuencias trágicas que se anticipan con solo echar un vistazo a los números: «En Castilla y León hay 702 residencias de mayores con 47.794 plazas, y 110 centros de personas con discapacidad que atienden a 5.229 personas con discapacidad. Estamos hablando de 812 centros y más de 53.000 personas en ellos», enunció la responsable de Familia, Isabel Blanco.
Los datos por la crisis del coronavirus, que varían a cada momento, son preocupantes en ese contexto. En total, además de los 22 fallecidos, se han calculado 121 casos «confirmados o ingresados», con 30 en Valladolid, 21 en Soria y 20 en Burgos, como las provincias con mayor incidencia. La cantidad de aislados es mucho mayor, aunque en este caso se debe, además, al aislamiento de algunos enfermos de otras patologías que, por necesidad, deben mantenerse con medidas de prevención especiales. La cuenta, por tanto, se dispara: 821 personas aisladas. Se incluyen en la cifra, aclara la Junta, «personas que presentan síntomas, personas aisladas previamente por sus patologías y personas que han tenido contacto con casos confirmados pero que no se presentan síntomas».
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Esto ha llevado a Sanidad a preparar unos equipos de refuerzo, Covid-Residencias, según explicó Verónica Casado, consejera del ramo. «El objetivo es que especialistas puedan dar soporte a las diferentes residencias de ancianos de la comunidad. Además, hemos solicitado la limpieza de las residencias por parte de la UME». La consejera desaconsejó sacar a los mayores de estos centros para llevarlos a casa, por ejemplo. «Una persona en residencia no debería cambiarse, debería quedarse allí. Hemos creado los equipos Covid-Residencia, con médicos de familia, internista, cuidados paliativos... La idea es no movilizar a los residentes«, dice Casado
Al mismo tiempo, se permitirá contratar personal que carezca de la titulación oficial, siempre y cuando tenga experiencia acreditada en el cuidado de mayores o dependientes. Lo explicó así la consejera de Famili, Isabel Blanco: «En el Consejo Territorial han aceptado la recomendación. Cuando se acredite la no existencia de demandantes de empleo con las titulaciones específicas necesarias en lazona donde está ubicado el centro o la institución social, podrán desempeñar estas funciones personas que tengan algunas de las titulaciones exigidas para cualquiera de ellas. Si no hubiera tampoco disponibilidad, podrán desempeñar estas funciones personas que, careciendo de titulación, tengan experiencia en atención y cuidado de personas dependientes», cuya formación correrá a cargo de las entidades o residencias contratantes.
Y es que, si se cruzan los datos, el temor a la expansión de la pandemia en estos entornos está más que justificado. «El 100% de los fallecidos en Castilla y León tiene más de 70 años, aunque no quiere decir que no tengamos pacientes menores ingresados y algunos en UCI», señaló Verónica Casado.
El ejemplo de la Casa de Beneficencia de Valladolid pone de relieve la gravedad de la situación en estos centros cuando penetra el coronavirus en ellos. «Hay 24 positivos, 2 fallecidos y 40 aislados, con 21 trabajadores de baja. Nos hemos puesto en contacto con el Ecyl para que se haga la selección de personal teniendo en cuenta los cursos de atención a mayores. La UME estaba hoy desinfectando para crear un área separada donde estén los aislados por un lado y los asintomáticos por otro», explicó Blanco.
En las residencias, además, se ha emplazado a la Junta a que distribuya material adecuado. Algo que no es solo propio de Castilla y León. «La queja unánime de todas las comunidades autónomas fue, el martes, que no había equipos para las residencias de personas mayores. Nos han dicho que los equipos los remite Sanidad. En Castilla y León desde el primer momento se ha trabajado en colaboración con ellos para que las residencias públicas y privadas, dentro de los materiales que hay, pudieran tener los medios más necesarios», señaló la consejera de Familia.
Sobre los servicios de teleasistencia, Isabel Blanco explicó que se han impuesto determinados criterios para priorizar. «Los servicios de teleasistencia establecerán listados de personas vulnerables. El servicio de ayuda a domicilio debe restringirse a las atenciones básicas, se prioriza la atención a los usuarios más vulnerables«, indicó.
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