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Aunque Sanidad sí llevó a cabo contratos extraordinarios y fuera de los perfiles habituales para hacer frente a la primera ola de la pandemia no contó finalmente con los profesionales que se ofrecieron como voluntarios. No solo médicos jubilados, que decidió rechazarlos por la edad ' ... incompatible' con una pandemia de coronavirus, sino también otro tipo de facultativos sin dicho impedimento.
El Colegio Oficial de Médicos de Valladolid tiene en sus registros 148 nombres de médicos no solo jubilados, que hay 50 apuntados, sino otros 52 en activo pero que trabajan fuera de la red pública y 41 médicos más interno residentes (mir) que, habiendo aprobado estas pruebas, están pendientes de iniciar especialidades; además de otros cinco de diferente procedencia. La organización colegial autonómica tiene en su base de datos 209 médicos jubilados que se prestan a colaborar con el sistema sanitario. Ninguno ha sido llamado para función alguna por la Consejería de Sanidad.
La Junta solamente explicó en su momento que se rechazaba a los jubilados por cuestiones de edad y riesgo, por lo tanto, para su salud. Ahora tampoco ha aclarado para qué llamará a este tipo de personal.
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El presidente del Colegio de Médicos de Valladolid, José Almudí, destaca que «no se entiende que no hayan recurrido a estos profesionales con la grave carencia de recursos que hay. No tienes que poner a una persona jubilada en primera línea del covid pero hay muchas otras funciones, totalmente alejadas de tal riesgo, atención telefónica, de rastreo... que puede descargar perfectamente a los profesionales en activo».
Los representantes de los trabajadores de Sacyl califican de «atropello» que la Consejería de Sanidad pretenda modificar el Estatuto Jurídico del personal estatutario y eliminar derechos laborales en plena pandemia. En un comunicado conjunto, Satse, CSIF, CESM, UGT, CCOO y SAE han denunciado públicamente que los profesionales de Sacyl se enfrentan «al mayor atropello contra sus derechos laborales» si se aprueba el Decreto Ley planteado por la Consejería de Sanidad de la Junta por el que, «aprovechando la pandemia» se pretende modificar de forma permanente el Estatuto Jurídico del personal estatutario, equivalente al Estatuto de los trabajadores, «eliminando sus derechos laborales». La Consejería pretende que cualquier situación sanitaria que un gerente considere que es una emergencia, como puede ser la ausencia de profesionales en las bolsas de empleo o la pandemia de la gripe anual podrá ser la excusa para que se eliminen los derechos de los trabajadores.
En concreto, apuntan que esto podría afectar a reducciones de jornada, vacaciones, permisos retribuidos, permisos para la conciliación, cambios de horarios de trabajo, jornadas, etcétera, en base a una decisión «que podrá tomar libremente cada uno de los gerentes de Sacyl, dejando en una situación total de indefensión a los trabajadores de nuestro sistema de salud».
Sacyl contrató, entre el mes de marzo y el 30 de septiembre, un total de 7.683 profesionales para reforzar los servicios de Salud Pública y la atención sanitaria de Castilla y León. Supuso una inversión de 81,6 millones de euros en materia de personal.
En concreto, captó a 468 médicos, 3.083 enfermeros, cuatro estudiantes de medicina y 61 de enfermería y 51 sanitarios con el examen mir aprobado y sin destino. Asimismo se incorporaron 2.315 técnicos auxiliares de enfermería; 71 técnicos de rayos, 179 de laboratorio y 18 de otros ámbitos; 1.032 de celadores y otros 406 trabajadores de los más variados ámbitos. En cuanto a los rastreadores, Sanidad cuenta con 1.030 profesionales con tal función actualmente, que sumados los 120 del Ejército de Tierra, se elevan a 1.150. Una tarea y dotación que se mantendrá siempre y cuando no se llegue de nuevo al confinamiento domiciliario.
Sanidad es consciente de la grave carencia de facultativos y enfermeros no solo en época de pandemia incluso fuera de ella y reconoce que las bolsas de empleo carecen de profesionales para contratar como refuerzo.
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