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El retraso de un diagnóstico preimplantacional arriesga la descendencia de una parejaAmbos son portadores de mutaciones genéticas graves que transmitirían a su descendencia, según informes médicos. Por ello, con el fin de concebir un bebé sano sin tal herencia, la gerencia de Salamanca derivó al Río Hortega de Valladolid a una pareja con el fin de ... acceder, en Reproducción Asistida, a un diagnóstico preimplantacional. Fueron atendidos en octubre de 2017 y, después, un 18 de enero de 2018 ya fueron informados de que la técnica adecuada para su caso era un diagnóstico genético preimplantacional y que se derivaría su expediente al Clínico de Valladolid para pasar a formar parte de la lista de espera, dado que este es el centro de referencia para esta técnica. También se les indicó que la demora media era de dos años.
Pero por algún fallo de derivación, administrativo, de papeleo o pérdida... por el camino, esta pareja no figuró nunca en lista de espera hasta que ya tres años más tarde, al ver que nunca los llamaron, que había pasado bastante más tiempo del indicado y necesitar por un problema oncológico un tratamiento de preservación de fertilidad, es decir, de criopreservación, fue cuando descubrieron que no constaban en la base de datos y que «posiblemente se debiera a un error».
El caso llegó así a manos del Procurador del Común por una queja de los afectados ya no solo para denunciar el mal funcionamiento del sistema sino sobre todo para poder, a partir de dicho retraso, agilizar el proceso todavía hoy pendiente de permisos y todo ello por causas ajenas a la pareja, que corre serio riesgo de perder su oportunidad de ser padres, dado que, además, la madre se acerca a la cuarentena y tiene las citadas complicaciones de salud.
Relata en su resolución la oficina de Tomás Quintana que «como colofón a esta situación, debido a su mutación» la paciente «tiene altas probabilidades de padecer cáncer de ovario, colon y páncreas, a cuyo efecto debe someterse a tratamiento a los 40 años». Así que necesitó de la citada realización de un ciclo de preservación de fertilidad en el Río Hortega en mayo de 2019, porque el centro salmantino se planteaba realizar una cirugía profiláctica a la afectada «en plazo relativamente próximo ante la elevación de marcadores tumorales». Con todo este recorrido no fue hasta el 10 de febrero de hace dos años cuando fueron finalmente admitidos y atendidos por el Clínico; pero legalmente el caso requería valoración y autorización por parte de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida lo que retrasa aún más su caso.
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También «se había solicitado la preceptiva consulta de consejo genético para la pareja y valoración seminal del varón como parte del estudio previo de la Unidad de ReproducciónAsistida» de este hospital de la zona Este. Pero el tiempo comenzaba a correr de cero y «en estos casos –les advirtió el Clínico– es largo porque conlleva una serie de pruebas, trámites y requisitos formales complejos». Ya habían perdido tres años y faltaban los dos habituales de lista de espera, que se cumplirían ahora, donde aún permanecen.
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Ana Santiago
Ante la información facilitada a la pareja de la necesidad de realizar el estudio de dos mutaciones dominantes junto al de las alteraciones cromosómicas, con la posibilidad mayor de lo habitual de no obtener embriones libres de enfermedad, la pareja solicitó en su momento, para agilizar el proceso, realizar sólo el diagnóstico preimplantacional de la alteración del varón porque en este caso no se precisa autorización de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida. De esta forma estaban dispuestos a asumir el riesgo de transmisión de la mutación de la mujer. La Asesoría Jurídica de la Sociedad Española de Fertilidad, este pasado mes de febrero, resolvió que «existe un grave riesgo para la salud de la descendencia» y recomendó, en el plano legal, no aceptar tal solución. Así que desaconsejó, pese a que los pacientes estuvieran dispuestos a firmar que asumían los riesgos, tal opción recomendando la donación de óvulos, que fue rechazada por los afectados.
La pareja está ahora a la espera del dictamen de la citada comisión nacional; pero la edad de la posible futura madre juega además en su contra porque está al límite de poder acceder a reproducción asistida. Han pasado cinco años, tres más de lo que lo anunciado de haber ido todo bien. Por todo ello, el Procurador del Común reclama una investigación para verificar la repercusión deestos hechos lo cual podría derivar en responsabilidad patrimonial. A la par, insta a que se agilicen los trámites para resolver esta situación cuanto antes.
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