Carriedo avanza que Mañueco estrenará coalición con Vox con un plan anticrisis

Carriedo recalcó que Fernández Mañueco tomará posesión de inmediato tras la votación, anunciará su Gobierno (los 7 consejeros del PP, porque los 3 de Vox los ha adelantado el partido de Abascal), jurarán el cargo los elegidos y afrontarán «algunos Consejos de Gobierno inmediatos» que están ya en preparación. El portavoz actual avanzó que las primeras medidas de la coalición tendrán que ver con «los servicios públicos» e incluirán un plan autonómico anticrisis, iniciativa sobre la que no concretó medidas y que ha sido demandada desde hace semanas por empresarios, autónomos, profesionales del campo y sindicatos en Castilla y León. «Ya veníamos tomando decisiones antes», justificó Fernández Carriedo. Citó el bono de 130 euros para ayudar a 45.000 familias a pagar la luz, que se aprobó en otoño, todavía con Cs, y el adelanto de 12,9 millones de euros por el transporte de viajeros deficitario por carretera ya en 2022. «Sería faltar a la realidad ignorar que el problema de la inflación no venía de antes», apuntó el dirigente del PP, a la vez que reconoció que la guerra en Ucrania ha agudizado ese escenario de alza de precios y estrangulamiento económico. «Quizás en un 30%», valoró.

El dirigente del PP sorteó todos los puntos conflictivos con los nuevos socios de coalición. Ni hay problemas con los «flecos» del acuerdo, ni con el hecho de que el presidente de las Cortes demore la fecha de toma de investidura de Fernández Mañueco hasta situarla ya en la era Feijóo, ni con hacer público el nombre de los tres consejeros de Vox antes de que el presidente de la Junta haya jurado el cargo. «El presidente fue informado», terció Carriedo, que consideró a Gerardo Dueñas (Agricultura y Ganadería),Gonzalo Santonja (Cultura) y Mariano Veganzones (Empleo e Industria) personas con perfiles «profesionales, adecuados, de absoluta solvencia». Incluso «muy positivos». Para ellos, sobre todo para Veganzones, demandó no ya «los 100 días de cortesía», si no que se les juzgue «por los hechos». Un mensaje para los dirigentes de CC OO y UGT en Castilla y León, que han mostrado su preocupación ante el hecho de que Vox cogobierne la Junta y gestione Empleo e Industria.

Los responsables autonómicos de CC OO y UGT, Vicente Andrés y Faustino Temprano, alertan sobre el escenario que abre hecho de que sea Vox quien se encargue del diseño, la gestión y la interlocución sobre las políticas relacionadas con el empleo y el Diálogo Social. Los de Abascal han situado a los sindicados, con los que la persona titular de la consejería que se encarga de las cuestiones laborales e industriales debe tener un contacto habitual, en su punto de mira. Una relación fluida y de confianza es clave, por ejemplo, para buscar salidas a las crisis empresariales.

La patronal CEOE Castilla y León sí concedió el miércoles al futuro consejero el beneficio de la duda y apeló a valorar «los hechos» de su gestión. Es lo que demandó Fernández Carriedo a CC OO y UGT. El político del PP garantizó que se va a mantener el Diálogo Social, un instrumento que consideró «útil» para los ciudadanos de la comunidad, «en el que se han alcanzado importantes acuerdos y se van a seguir incorporando más acuerdos», auguró, antes de reiterar que espera un margen de confianza hacia todos los miembros del Gobierno del PP y Vox.

El portavoz de Mañueco no profundizó en ese plan de medidas anticrisis y tampoco avanzó esas primeras iniciativas en servicios públicos, que enmarcó en las que incluyen los 32 puntos firmados entre PP y Vox. Carriedo sí reiteró la demanda al Gobierno de la nación de la rebaja del IVA al tipo superreducido, con el que las comunidades dejan de ingresar el 50% de la pérdida que supongan en recaudación, y la defendió la necesidad de que los recursos sobrantes del Fondo Covid para empresas, que no pudieron asignarse por las condiciones que imponía el Gobierno, se empleen ahora en apoyar al tejido empresarial ante la crisis que afrontan.

Castilla y León añade a esas demandas a Pedro Sánchez un fondo para financiar los servicios públicos a los que más afecta la situación económica y social de hiperinflación y el consiguiente empobrecimiento y pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos, con la atención, sobre todo, «a las personas con menor nivel de renta».

«El coste fundamental está recayendo en las comunidades autónomas», recalcó Carlos Fernández Carriedo.