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PP y PSOE deshielan su tensa relación política en Castilla y León para intentar renovar «por consenso» a los responsables de instituciones como el Procurador ... del Común, el Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas, que tienen la encomienda de controlar la gestión de las administraciones públicas de la comunidad.
Alfonso Fernández Mañueco ha encargado la negociación a Raúl de la Hoz, portavoz en las Cortes, que ha iniciado este jueves, con el socialista Luis Tudanca, una ronda de contactos con los grupos políticos del hemiciclo con el objetivo de «agilizar» la puesta en marcha de un nuevo mandato entre los responsables de estas instituciones, bien sea por cambio de quienes están al frente de las mismas o por su confirmación para otros cuatro años. Esta situación en posible tanto para los presidentes de Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas, Agustín Sánchez de Vega y Mario Amilivia, como para el Defensor autonómico, Tomás Quintana. Este último cumplió los cuatro años de mandato en otoño. Los miembros de los consejos, tanto los dos presidentes como los cuatro consejeros electivos que les acompañan, empezarán a trabajar 'en funciones' pasado mañana, 29 de enero. A estos sumó De la Hoz dos consejeros del CES que nombran las Cortes, cuyo mandato vence a finales de febrero.
«Hemos coincidido ambos en la necesidad de que los nombramiento se produzcan por el mayor consenso posible y que intentemos que el proceso sea amplio», expresó Raúl de la Hoz tras un encuentro con Luis Tudanca que calificó de «cordial». El dirigente del PP apuntó que creía posible consumar esa renovación en febrero. Casi de inmediato. De la Hoz precisó que no era el momento en entrar en «nombres», pero valoró el trabajo desempeñado por los actuales responsables de las instituciones «desde la independencia y la profesionalidad». Suscribió así el popular los argumentos ofrecidos minutos antes por Luis Tudanca.
El secretario general del PSOE de Castilla y León argumentó que esas instituciones autonómicas «han sido siempre un ejemplo de consenso, de diálogo y forman parte importante de la arquitectura institucional de esta comunidad autónoma, nuestra voluntad ha sido, es y será que la renovación se produzca por los cauces ordinarios y cumpliendo los plazos previstos y con el consenso que ha sido siempre una seña de identidad».
Los nombramientos requieren el apoyo de tres quintas partes del hemiciclo autonómico, que son 49 de sus 81 escaños, lo que implica el acuerdo de PP y PSOE, fórmula habitual, o de PP, Vox y UPL y Soria ¡Ya! En segunda votación vale la mayoría absoluta en el caso de los dos consejos, posibilidad que no se ha utilizado hasta el momento porque implicaría una elección 'de parte' que socavaría cimiento institucional de estos órganos. Para el Procurador del Común, los 49 votos son inamovibles.
En el caso de los consejos, las Cortes eligen tres miembros. En función de la distribución de escaños, PP propone dos, entre ellos el presidente, y PSOE uno, pero con perfiles asumibles por parte de las dos fuerzas políticas. La anterior renovación se frenó, porque la propuesta del PP para presidir el Consejo Consultivo no tuvo el respaldo del PSOE.
El siguiente en la ronda de contactos del PP será Vox, un partido que parte de planteamientos de eliminación de instituciones, que ha ido matizando hacia el ajuste de gasto de las mismas, reconociendo incluso en debates parlamentarios la utilidad de los informes que desde ellas se realizan. Carlos Menéndez, portavoz de Vox en las Cortes, aseguró que mientras no tengan «la fuerza parlamentaria» para aplicar su programa «en ese sentido de máximos», entienden que es necesario «que dichas instituciones tengan la mayor independencia posible y también que se aplique un criterio de optimización del gasto». Menéndez puntualizó que Vox no va a «obstaculizar» las instituciones.
Francisco Igea, de Cs, instó al PP a aplicar el punto 33 de documento de regeneración democrática presentado por Alberto Núñez Feijóo para no nombrar en esas instituciones a quienes en los últimos cinco años hayan desempeñado un alto cargo político, para así garantizar su «neutralidad», y Pablo Fernández, de Unidad Podemos, defendió la «buena labor» desarrollada por los actuales responsables de estas instituciones pero también que debían «despolitizarse».
De la Hoz respondió después a los dos procuradores del grupo mixto. Aclaró, en relación con la exigencia de Igea, que Feijóo plantea este requisito para organismos reguladores y autoridades independientes, algo que no son el Procurador del Común o los consejos Consultivos y de Cuentas. El dirigente del PP apuntó que le generaba «dudas» la definición de despolitización e independencia que esgrimía Pablo Fernández, cuando desde Unidas Podemos se ha apoyado al socialista Ángel Gabilondo, exministro y excandidato a la comunidad de Madrid, como Defensor del Pueblo. O desde el Gobierno de España a la exministra Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado.
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