Castilla y León
Isabel Gonzalo, procuradora vallisoletana, ha escarbado «durante un año», explica, en los gastos y presupuestos de la Junta de Castilla y León. Y asegura que hay 24 millones de euros, de los 340 que se reciben del Estado para atender a las personas dependientes, que ... se han destinado a sufragar gastos corrientes muy alejados de ese concepto. «La Junta justifica 8 millones destinados a arrendamientos, limpieza o seguridad de la sede de la Gerencia de Servicios Sociales. También IBI de edificios, estudios e informes, ITV de vehículos y otros saraos que deberían ser pagados con fondos propios. Y figuran cuatro millones en el apartado «otros pagos», que está de moda en los Presupuestos Generales de la Comunidad. Se destinan otros 3 millones a financiar la Fundación de Acción Social y Tutela, caja B de la Consejería de Familia, que todos los años sube el presupuesto del orden de un millón de euros», aseguraba Gonzalo.
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Luis Tudanca, secretario autonómico de los socialistas, esgrimió que «el Observatorio de la Dependencia emitió un informe que decía que la Junta hacía caja con el dinero que llega del Estado. Había aumentado en 38 millones y la Junta disminuyó la aportación en 7 millones», aseguró.
La Junta de Castilla y León presume habitualmente de las buenas puntuaciones que obtiene en cuestiones relacionadas con la dependencia en ese mismo Observatorio. En marzo del año pasado, Alfonso Fernández Mañueco se congratulaba de que Castilla y León fuera «líder en España en la atención a la dependencia, según el Observatorio de la Dependencia. No es casualidad. Es gracias a la implicación de asociaciones, profesionales, empresas y también a nuestra voluntad política». A eso replicaba Luis Tudanca que aunque «son todo buenas noticias, lo serían más si ese dinero que llega se destinara donde debe».
«El Estado da 340 millones para ayudas a la dependencia. Se ha aumentado 96 millones en 2024. Lo que recibe Castilla y León hoy al año son 200 millones más de lo que daba Mariano Rajoy. Mientras el último año del Gobierno del PP el Estado estaba en el 22% de la aportación del total, hoy el Estado aporta el 45%», aseguró el líder de los socialistas.
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El debate llegará al Pleno de las Cortes, porque el PSOE quiere hacer de este desfase un argumento político de primer nivel. «Vamos a exigir en sede parlamentaria que estos 24 millones se paguen con fondos propios. Parece inmoral, poco ético, falta de respeto a las personas dependientes», señaló Tudanca.
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