El PSOE consigue forzar a PP y Cs a garantizar la conciliación escolar en junio y septiembre

El PSOE enarboló esa queja y llevó a las Cortes una proposición no de ley para forzar a la Junta a implantar «medidas de conciliación y organizar actividades en los centros escolares a partir de las 13 horas». Algo de lo que se han ocupado, aseguró Fernando Pablos (PSOE), las asociaciones familiares.

«Es una iniciativa sencilla y justa», defendió Pablos, que encontró el apoyo de su grupo (35 votos), Podemos (2), UPL (1), la procuradora no adscrita (1), Por Ávila (1) y Vox (1). O lo que es lo mismo, 41 votos a favor que se impusieron a los 40 de PP y Cs en contra.

«No la aprobaremos porque no supone ningún cambio para las familias», justificó Inmaculada Gómez, de Ciudadanos. «Quedan cinco días para llegar al mes de junio y se presentan en este pleno con una iniciativa disfrazada no sé de qué», argumentó María del Carmen Sánchez (PP), que presumió de «proteger más y mejor» que ninguna comunidad a las familias. Ninguno de los otros grupos estuvo de acuerdo con sus aseveraciones. «¡Para mí que sí han perdido la mayoría en Castilla y León!», se congratulaba la socialista Ana Sánchez.

Y es que esta votación, como las demás, ha puesto de manifiesto que las apreturas del hemiciclo dependen ahora más que nunca de un puñado de votos con intereses dispersos. Así, una abstención de Por Ávila evitó que se aprobaran la mayor parte de los puntos de una moción sobre salud mental, que se quedó en la intención de aumentar profesionales y reducir el uso de métodos de contención, así como incrementar la «red de centros públicos». Una abstención de Vox echó abajo cinco puntos de otra moción sobre museos y archivos. Otra abstención de Fátima Pinacho (Vox) libró a PP y Cs de tener que tragarse el sapo de rectificar institucionalmente sus críticas al Procurador del Común.

Hubo dos cuestiones que suscitaron la unanimidad, sin embargo. Una, el apoyo a la creación de una instalación de esquí de fondo en La Cueta (León), para la que se pedirá al Gobierno central que aporte fondos. Y otra, el apoyo a los trabajadores de Laboratorios Ovejero, representados por una procuradora que combina su profesión de veterinaria con la política, María Rodríguez Díaz. «Que mis palabras sean las de mis compañeros», dijo. Diez meses sin cobrar en una empresa cuya mayor acreedora es la Junta de Castilla y León y que no consigue remontar el vuelo.

Ochenta puestos de trabajo están en liza. Por unanimidad, los 81 procuradores aceptaron pedirle a la Junta «que se dirija a todas las partes implicadas, acreedores financieros, comerciales, empleados y Laboratorios Ovejero a fin de culminar, a la mayor brevedad, la formalización de un acuerdo que permita la viabilidad empresarial y el mantenimiento del empleo existente».