El Procurador cuestiona la ayuda de los ERTE de la Junta por primar la velocidad del solicitante y no la necesidad

El departamento que dirige la consejera Ana Carlota Amigo (Cs) abrió el plazo de presentación de solicitudes el 3 de agosto a las 9:00 horas. El dinero se agotó el 4 de agosto, a las 13 horas, 47 minutos y 50 segundos. Ese fue el momento en el que se registró la última solicitud atendida. La Junta abonó en diciembre un complemento de 500 euros de media a 12.000 solicitantes y dejó sin atender a 36.000 peticiones. La tramitación elegida fue la más sencilla, pero el resultado no priorizaba a los afectados de menor salario.

El Procurador del Común ha investigado una queja interpuesta por una trabajadora burgalesa que certificó en Correos el envío de la documentación el 3 de agosto, pero que forma parte de este batallón de 36.000 denegaciones porque la consejería toma como referencia el momento en el que esa solicitud llega a su terreno, a un «registro de la Administración competente para tramitar». Una «incongruencia», para Tomás Quintana.

Pero el Procurador del Común arma en su resolución un contundente reparo al modo de gestión de estas ayudas elegido por el Ejecutivo autonómico. «Se obliga a los posibles interesados a intentar, de forma desesperada, que su solicitud esté registrada lo antes posible», afirma Quintana. Algo para los que unos dispondrán «de mejores condiciones» que otros «por la dificultad o imposibilidad de utilizar medios electrónicos o de desplazarse a los lugares en los que se podía presentar la solicitud de modo presencial». añade.

La convocatoria provocó colas en plena calorina agosto y con la recomendación de limitar el contacto social y las aglomeraciones ante las sedes de la Junta. El Procurador del Común resalta que la situación «excepcional» a la que pretendían dar respuesta estas ayudas requería «una especial sensibilidad» para establecer «mecanismos» que garantizaran su llegada a personas «especialmente afectadas» por la crisis. La Junta debería haberse asegurado, a juicio de Tomás Quintana, de que «a falta de crédito suficientes, se beneficiara en primer lugar a aquellos que más pudieran necesitar las subvenciones».

El Procurador repasa al tramitar esta queja lo que han hecho otras comunidades. Navarra, País Vasco, Castilla-La Mancha y Galicia han optado por líneas de ayuda semejantes a la de Castilla y León. Tomás Quintana precisa que no ha sido el caso de Murcia, autonomía que limitó esta subvención a los beneficiarios con base reguladora de prestación inferior a 1.357 euros y con criterios de «prelación» para dar prioridad a las solicitantes con menor salario.

Quintana recomienda a la Junta que aparque la concesión por orden de presentación en sucesivas convocatorias y que priorice a los solicitantes más necesitados.