La covid-19 empieza a acercar los primeros conflictos de los ciudadanos con las administraciones ante el Consejo Consultivo de Castilla y León, pero su presidente Agustín Sánchez de Vega, alerta del aumento de reclamaciones de daños (responsabilidad patrimonial) que se avecinan derivadas ... de las medidas adoptadas por los gestores públicos durante la pandemia. Demoras en la atención de pacientes con la asistencia no presencial, daños económicos achacables al adelanto del toque de queda o reclamaciones por la vigilancia e inspección sobre el cumplimiento de la legislación vigente en materia de residencias de mayores, por ejemplo.
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Cuestiones como la rescisión de un contrato de guardería municipal por parte de un Ayuntamiento, la resolución de otro de obras que la empresa no había cumplido en plazo amparándose en la pandemia o empresas que recurren contratos de suministros sanitarios sobre mascarillas o respiradores son casos que ha abordado ya este órgano de control. Los responsables de los consejos autonómicos y la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, mantuvieron ayer una reunión telemática para abordar esta situación de forma coordinada. Un grupo de trabajo va a analizar fundamentos jurídicos generales para abordar estas reclamaciones e intercambiar información sobre los expedientes y la casuística de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial.
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Las reclamaciones más cuantiosas suelen ser de orden sanitario. Estas suelen demorarse más, porque la tramitación es más compleja, pero Sánchez de Vega, puso de manifiesto en ese encuentro que también puede haber reclamación de daños de los sectores hostelero y comercial por las medidas que han adoptado las administraciones durante la pandemia.
En el caso de Castilla y León, donde el Consejo Consultivo hace las veces de Tribunal de Recursos Contractuales, se suman conflictos sobre contratos.
Los ciudadanos tienen un año de plazo desde que se produce el daño para reclamar ante la Administración. El Consejo Consultivo dictamina cuando la cuantía supera los 6.000 euros en el caso de la Junta o lo 3.000 euros si se trata de administraciones locales. Evalúa desde un punto de vista jurídico si hay «responsabilidad objetiva» de la Administración demandada en el origen del daño por el que reclama el ciudadano.
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Agustín Sánchez de Vega explica que estos umbrales de cuantías mínimas que se aplican en el caso de Castilla y León implican «una defensa más amplia del derecho de los ciudadanos», respecto a otras comunidades en las que sus consejos consultivos entran en acción a partir de valoración de daños superiores a 50.000 euros o, en el caso de Navarra, de 300.000 euros. El Consejo Consultivo de Castilla y León tramitó 487 reclamaciones de responsabilidad patrimonial a lo largo de 2019, el ejercicio previo a la covid-19.
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