Primera reválida de Mañueco y Gallardo: paro a favor, padrón en contra y PP reforzado

Septiembre ha sido un mes de mucho ajetreo en los despachos de la Junta, con recogida de datos, balances y análisis sobre el minuto y resultado de programas e iniciativas. Una información con la que el presidente buscará hacer valer la gestión de año y medio de gobierno de PP y Vox, salpicada de pulsos de los de Santiago Abascal. Con esos datos intentará también neutralizar las críticas que lleguen desde la bancada de la oposición.

A partir de aquí, cifras y claves que dibujan una gestión en la que Mañueco se agarrará al descenso del paro -dato que el presidente tratará de escriturar a beneficio del PP situando esa corriente de mejora meses antes de la llegada de Vox-, remará a la contra de los datos de población, que siguen siendo de pérdidas en un contexto en el que otras comunidades suman residentes, y tomará oxígeno en el escrutinio que su partido logró primero en las municipales de mayo y, sobre todo, en las generales de julio.

Un Debate sobre el Estado de la Comunidad no es una cita que levante pasiones entre la ciudadanía, pese a que los asuntos que se abordan afectan a todos en el día a día, pero si fuera de obligado seguimiento entre los empadronados en la comunidad el público potencial cotizaría a la baja. El último dato del Instituto Nacional de Estadística confirma la continuidad en la tendencia de pérdida de habitantes de Castilla y León (10.499) entre la última cifra hecha pública este año (el recuento cerrado enero de 2022) respecto de 12 meses antes. Castilla y León pasa de 2.383.139 a 2.372.640 habitantes. La comunidad pierde efectivos mientras que el conjunto de España gana en ese año 90.313 residentes. Esas 10.499 bajas en el padrón autonómico se sitúan a la cabeza de los datos negativos. A la mala cifra cuantitativa se suma el aspecto cualitativo: solo crece el grupo de edad de los mayores de 65 años. La pirámide demográfica de Castilla y León adelgaza en las etapas de la niñez, juventud y vida laborable y gana peso a partir de la jubilación.

La evolución del paro será uno de los datos que destacará Alfonso Fernández Mañueco para avalar su gestión como presidente de la Junta. Entre los 127.269 demandantes de empleo contabilizados en el Ecyl en abril de 2022, cuando echó a andar la sociedad PP-Vox en Castilla y León, y los 107.736 del recuento al cierre de agosto (último oficial) hay un saldo a favor de casi 20.000 parados menos. Mañueco lleva todo el mes de septiembre elogiando esta evolución del desempleo registrado, pero situando el origen más allá de la coalición con Vox y remontándose a 24 meses consecutivos de descenso interanual. El socio, entonces Cs, ha cambiado. Pero no el presidente, que es él. El dirigente popular hará frente al cruce de los dos datos anteriores que se enarbola desde la oposición, el de la pérdida de población vinculado al descenso del desempleo que abona la teoría de que parte de esa bajada del paro tendría su origen en la emigración de jóvenes.

En el ámbito de las decisiones adoptadas en el seno de la coalición destaca la puesta en marcha de cheque bebé o bono nacimiento con cuantías de 500 a 2.500 euros por recién nacido. El diseño de este cheque lo hace incompatible con la desgravación autonómica por nacimiento, que el Gobierno de PP y Vox reforzó al inicio de su andadura. Los padres deben hacer cuentas. Entre las medidas aprobadas por el tándem Mañueco-Gallardo está un rebaja en el primer tramo del IRPF, lo que conlleva un ahorro por contribuyente de 35 euros anuales y también la gratuidad de la licencia de caza y pesca, elevado a sector prioritario en el medio rural, en la práctica por cinco años. Los dos inicios de curso escolar que ha vivido la coalición han estado marcados por la escolarización gratuita para niños de 2 a 3 años y de 1 a 2. Son 20.652 pequeños de estas edades los que han llegado a las aulas este septiembre. El ahorro medio anual en guarderías y personas cuidadoras se estima en 2.000 euros por niño. La educación gratuita en esta etapa infantil se está desplegando por todo el país impulsada con fondos europeos asignados por el Gobierno de la nación. 30,62 millones en el caso de Castilla y León, a los que la Junta ha aportado partidas propias para garantizar la universalidad del servicio.

Vox ha aplicado a la vida interna de la coalición momentos de fricción. Empezó en junio anunciando el recorte de 20 millones a programas que ejecutaban sindicatos y patronal acordados en el Diálogo Social, aprovechando un viaje del presidente Mañueco a Madrid, siguió con asuntos como la propuesta de reabrir la central nuclear de Garoña o instalar reactores atómicos en localidades que habían albergado centrales térmicas hasta llegar a prender la mecha de una crisis que tuvo repercusión nacional, la de protocolo con medidas antiaborto. Fernández Mañueco se vio obligado a protagonizar una declaración institucional para desmentir al vicepresidente Gallardo. En primavera saltó la crisis de la tuberculosis bovina, con el intento de asalto de ganaderos a la delegación de la Junta en Salamanca y la inmovilización de reses en toda la comunidad tras relajar desde la Consejería de Agricultura (Vox) los controles para detectar y contener esta enfermedad. La Junta tuvo que dar marcha atrás. Son momentos clave de una cohabitación política en la que Vox ha empleado el argumento, para enfado del PP de que ha sido llegar los de Abascal a la Junta y cambiar las cosas. Pasó con el parque tecnológico de Burgos e, incluso, con la tibia mejora de nacimientos de 2022. «La 'siembra' comienza a dar sus frutos», escribió García-Gallardo, sobre unos natalicios gestados previamente a que fraguara la coalición.

Crispado, bronco, correoso pueden ser calificativos que definan la evolución del debate político e institucional en Castilla y León, con plenos con 'incidentes' en el hemiciclo que han llevado al presidente de la Junta, personalmente o a través de colaboradores, a pedir una «desescalada verbal». Desde aquel le voy a responder «como si fuera una persona como todas la demás» que deslizó García-Gallardo a la socialista Noelia Frutos, procuradora con discapacidad; al «imbécil» que espetó a Francisco Igea o el «jefe de banda criminal» y «banda criminal» con el que dirigió al PSOE y a Pedro Sánchez; a los «fascistas» que ha recibido la bancada de Vox o gestos que no recoge el Diario de Sesiones, pero sí las cámaras de televisión, como la 'peineta' de Alfonso Fernández Mañueco mientras dejaba el hemiciclo y la salmantina Rosa Rubio (PSOE) le afeaba la falta de ayudas a los celiacos. Todo ello un parlamento con una actividad normativa bajo mínimos, a falta de proyectos remitidos desde el Consejo de Gobierno autonómico. Y con el consejero de Industria, Mariano Veganzones, tensando la cuerda con la patronal y los sindicatos. El último episodio le llevó a emplear «sanguijuelas», vinculado a UGT y CC OO, y tildar de «políticas sanguijuelas» las aplicadas en el Ecyl en la etapa del PP para «puro alimento sindical».

Saltarse el Reglamento de las Cortes que fija este debate para antes de que concluya junio y demorarlo ha jugado a favor de Alfonso Fernández Mañueco, que subirá a la tribuna reforzado políticamente después de que el 23 de julio el PP lograra en Castilla y León 150.000 votos más que en las generales de noviembre de 2019. El premio gordo de ese escrutinio fue hacerse con cinco de los seis diputados que tenía Vox, su socio en la Junta. Lo que fortalece a uno, debilita a otro.

Así llega Mañueco al Debate sobre el Estado de la Comunidad, tras un verano extraordinariamente benigno en incendios, a diferencia de rastro de cenizas y desastre, con cuatro muertos, que dejó el de 2022. Y con dos regalos de la UE respecto a sus conflictos con el Gobierno central: la posición revisionista que abre la puerta a rebajar la protección del lobo y la moratoria de dos años de la directiva que sentenciaba a la industria automovilística de motor de combustión. Todo eso se suma al clima de la política nacional y las negociaciones (ya sí) de Pedro Sánchez y el PSOE con nacionalistas e independentistas para dar abrir una nueva legislatura en La Moncloa. Puigdemont y su exigencia de amnistía también se hará hueco en el debate del hemiciclo de Castilla y León.