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El primer presupuesto de PP y Vox afronta la recta final de tramitación, con el debate en el pleno que comienza este jueves 22, casi a la misma hora que echan a rodar las tolvas con las bolitas de los números y premios de la ... Lotería de Navidad, y la votación el viernes 23. Las cuentas que el Gobierno de coalición aspira a gestiona a partir del 1 de enero de 2023 suman partidas por valor de 13.809,84 millones de euros, con unos ingresos recrecidos por los fondos europeos del mecanismo de Recuperación y Resiliencia postpandemia y un incremento de la partida que llega del Gobierno central a través de modelo de financiación autonómica.
Por departamentos, el principal destino de gasto de esos 13.809 millones sigue siendo la Consejería de Sanidad. La asistencia sanitaria parte con una dotación de 4.753 millones de euros. Y por tipo de gasto, las nóminas de personal se llevarán 4.694,3 millones de euros el próximo año en unos presupuestos que congelan las retribuciones del presidente de la Junta, el vicepresidente y los consejeros y que, a través de la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas que le acompaña, da otra vuelta de tuerca a la gratuidad de las licencias de caza y pesca. La exención de la tasa por los permisos cinegéticos acaba de entrar en vigor para la recta final de 2022 y el año 2023. El presupuesto autonómico extiende ese coste cero hasta 2028 al alargar a cinco años el plazo de vigencia de las licencias que cazadores y pescadores saquen en 2023.
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A partir de esta síntesis, una selección de cifras y medidas ayudan a entender el alcance del presupuesto armado por Alfonso Fernández Mañueco y Juan García-Gallardo, fruto según destacaron los 'progenitores' de una negociación en la que «los dos partidos han puesto su sello». Una muestra de que la coalición del PP y Vox «está como un roble», dijeron. Por contra, para el PSOE constatan la «rendición de Mañueco a la ultraderecha«.
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En la distribución del gasto por consejerías, tras Sanidad, con esos 4.753,27 millones de euros de gasto inicial (que suele desviarse al alza a lo largo del año), se sitúan Educación, con 2.614,99 millones de euros, y Familia e Igualdad de Oportunidades, con 1.263,18. Bueno, antes que esa departamento del que dependen los Servicios Sociales, la atención a las personas con dependencia y las políticas autonómica de Mujer y Juventud, presupuestariamente se encuadra la deuda. Las cuentas autonómicas reservan 1.469,36 millones de euros para atender el coste de los intereses y de las amortizaciones de préstamos y emisiones que vencen el próximo año. Siguen en orden de dotación Agricultura y Ganadería, con 566,84 millones de euros para programas propios a los que hay que sumar otros 924 de las ayudas de la PAC; Economía y Hacienda, con 542,52; Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, con 512,37; Industria, Comercio y Empleo, con 445,61; Movilidad y Transformación Digital, con 292,58; Cultura, Turismo y Deportes, con 212,27; y la Consejería de la Presidencia con 176,21 millones de euros. Habrá otros 36,22 millones de euros para las Cortes de Castilla y León, bajo cuyo paraguas trabajan el Procurador del Común, el Consejo de Cuentas, el Consejo Consultivo y el Consejo Económico y Social (CES).
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La Junta de Castilla y León es la primera empresa de la comunidad en número de empleados. La plantilla autonómica supera las 91.000 nóminas. Para hacer frente a esas retribuciones el presupuesto de 2023 reserva 4.694,3 millones de euros, una cuantía que crece respecto al último presupuesto aprobado, el del año 2021, que destinaba a personal 4.212 millones de euros. La mayor parte de los trabajadores atienden los servicios sanitarios, los escolares y los centros de servicios sociales. Es a estas áreas a las que va destinado la mayor parte del gasto corriente, que crece de los 1.815,7 millones de euros a los 1.946,8. La calefacción de hospitales y centros de salud, por ejemplo, se abona con cargo a esa partida en un presupuesto que contemplaba un incremento del 54% del gasto en electricidad y del 49,5% en la parte destinada a gas. Personal y gasto corriente son las dos partidas imprescindible para que la Junta levante la persiana todos los días.
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La medida fiscal 'estrella' del presupuesto es una desgravación en el IRPF para familias numerosas. Alfonso Fernández Mañueco y Juan García-Gallardo la anunciaron el día de la presentación, pero entonces no estaba incluida en las cuentas. PP y Vox incorporaron el beneficio fiscal en las Cortes, con una enmienda. Se suma este beneficio fiscal a las medidas aprobadas en la recién estrenada Ley de Rebajas Tributarias, que recogía la mayor parte de las desgravaciones incluidas en el último presupuesto de PP y Cs, que no vio la luz por el adelanto electoral. Las cuentas de 2023 ponen cifra una de las promesas electorales de Alfonso Fernández Mañueco, el cheque bebé. El presupuesto reserva 19,6 millones para su puesta en marcha.
La Junta resalta que los beneficios fiscales que aplica ascenderán a 600,44 millones de euros que quedarán en las cuentas corrientes de 478.000 contribuyentes. En palabras del presidente de la Junta, contribuirán a «reducir el impacto de la subida de precios» que provoca la alta inflación. La mayor parte de esa cuantía que deja de ingresar la Junta, 515,2 millones de euros, corresponde al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el que grava las herencias. El presupuestos de PP y Cs, el de 2021, culminó la gratuidad entre cónyuges, padres e hijos para los legados más cuantiosos, puesto que desde la etapa de Juan Vicente Herrera estaban exentos los primeros 400.000 euros que recibe cada heredero.
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Para gestionar 13.809 millones de euros es necesario primero ingresarlos en la caja autonómica. Es un volumen de recursos récord. PP y Vox resaltan el crecimiento de 62% de los fondos que llegan de Europa (1.985 millones incluidos los habituales 924 de la PAC) en unas cuentas en las que la dotación estatal del modelo de financiación autonómica, que son la porción más importante de la tarta de ingresos, sube el 18,7% respecto al anterior presupuesto, el de 2021, situándose en 8.136 millones. 1.647 millones más, según resaltan desde las filas socialistas. Esa cifra estatal es aún insuficiente para sufragar la dotación de las tres consejerías que prestan los servicios sociales esenciales (Sanidad, Educación y Familia) que acopian 8.630 millones de euros en 2023.
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Del presupuestos de PP y Vox desaparecen las referencia a la Agenda 2030, documento que hilvanaba el proyecto de cuentas que PP y Cs elaboraron para 2022 y que se quedó en puertas de debate y votación. Sobre los objetivos en sí de esa Agenda 2030, Alfonso Fernández Mañueco aseguró que «todos estamos a favor de la educación... el abastecimiento de agua, la lucha contra la pobreza... Los objetivos en sí mismos, los compartimos todos», pese que alusiones y logo se haya extirpado quirúrgicamente de las cuentas de 2023. La coalición aplica el 'typex' sobre esa Agenda 2030. Un proyecto en el que Vox logra elevar a categoría presupuestaria la Violencia Intrafamiliar, con una partida propia. Son 500.000 euros que Juan García-Gallardo contextualizó como un primer paso para avanzar en este ámbito del que Vox hace bandera ideológica. Desaparece el cambio climático. El vicepresidente y consejeros de Vox lo sustituyen, a la contra, por fanatismo climático, aunque sí reconocen fondos para combatir la sequía en las cuentas culminadas tras un verano que dejó 95.000 hectáreas de cenizas en la Castilla y León.
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