Ribera de Duero levanta la voz contra las macrogranjas y las plantas de biogás

Este organismo y sus operadores -viticultores y bodegueros adscritos a la DO- «no entienden, ni pueden compartir, que se establezcan instalaciones de ganadería intensiva, y últimamente plantas de biogás, en entornos que se caracterizan por su importancia medioambiental, patrimonial y cultural». Afirman que este tipo de explotaciones e instalaciones «ponen en serio riesgo la subsistencia de los proyectos vitivinícolas, a los que de alguna manera invaden y dificultan el desarrollo de futuros proyectos enoturísticos que contribuyan al crecimiento económico y social de la zona. Más aún, cuando hay alternativas viables para que se ejecuten este tipo de instalaciones, pues estamos en un entorno rural en el que abundan otros terrenos que bien podrían albergarlas».

El Consejo Regulador también explica que «viene trabajando para que las administraciones competentes adopten medidas tendentes a salvaguardar el futuro del viñedo de la DO, y evitar que se ponga en riesgo a las bodegas y el enoturismo de la zona». Desde hace cuatro años este organismo «ha venido manteniendo encuentros y reuniones para buscar soluciones a este grave problema para la DO». Asimismo, señalan desde el ente, que trabajan «por garantizar el cumplimiento del reglamento y pliego de condiciones que vela por la calidad de los vinos que elaboran las bodegas de Ribera del Duero. Pero la labor va más allá. El Consejo siempre se implica en aquellas cuestiones que afectan, perjudican, preocupan o ponen en riesgo a bodegas y viticultores. Apoyando en lo posible las reivindicaciones y poniendo a su disposición los mecanismos existentes para respaldar sus reclamaciones, siempre con el objetivo de salvaguardar el patrimonio natural y la identidad de la Ribera del Duero; en definitiva, el fin establecido en su reglamento, de defensa de la propia Denominación de Origen».

Ribera del Duero «es una región vinícola de referencia nacional e internacional, siendo la Ruta del Vino la tercera más visitada de España, y teniendo entre sus atractivos el propio patrimonio natural. El entorno y el terruño son los elementos más valorados por el consumidor, una riqueza incuestionable que atrae además a prescriptores y prensa internacional, que diferencia a la región de otras zonas elaboradoras del mundo. Las bodegas y viticultores cuidan y protegen el viñedo, invierten en su recuperación, en la conservación de viñas centenarias, e implantan sistemas naturales y sostenibles en pro de su principal fuente de vida y desarrollo».

«Al lado de los viticultores y de las bodegas»

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen, recalca, lleva tiempo trabajando «en la búsqueda de soluciones a la problemática derivada de la posible instalación de ese tipo de proyectos en territorios próximos a bodegas y viñedos, y lograr que se sienten unas bases que impidan su implantación».

Cuando las bodegas afectadas y otras asociaciones comunicaron al Consejo esta problemática, el órgano regulador se ha ofrecido «para colaborar en todo lo posible, acudiendo a los organismos públicos pertinentes, manteniendo reuniones con asociaciones de productores de ganado intensivo, encargando la elaboración de informes técnicos e instando a la CECRV (Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas en la que está incardinado) a que trasladara al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en nombre de todos sus asociados, la preocupación extendida y compartida por diferentes denominaciones de origen de diversas zonas productivas ante la proliferación de proyectos» motivo de la preocupación expuesta.

La zona amparada por la DOP Ribera del Duero, que abarca una pequeña parte de la geografía regional, «ofrece unas condiciones únicas y especialmente adecuadas para la producción de uva y la elaboración de vinos de excepcional calidad. Esta vinculación de la calidad de la producción con el territorio es de carácter esencial, no se puede obtener fuera de la zona amparada, a diferencia de lo que sucede con otras actividades, que no tienen vinculación con ningún territorio concreto y pueden ubicarse en cualquier parte sin sufrir perjuicio alguno en la calidad de su producción», reflejan desde el Consejo Regulador. «La implantación de industrias excluyentes, como son las mencionadas, junto a otras instalaciones o cultivos ya operativos y consolidados que se verán desplazadas o directamente destruidas al no tener alternativas, no puede ampararse en el ejercicio del derecho de libertad de empresa, puesto que precisamente implica que el titular de la actividad excluyente prive a los demás del ejercicio de ese derecho». En definitiva, señalan que, aunque la normativa lo permita, la implantación de este tipo de industria es invasiva respecto a una ya consolidada y con larga proyección, «impidiéndola continuar con su actividad».

Por todo lo expuesto el Consejo Regulador de la Denominación de Origen continuará defendiendo los intereses de sus viticultores y sus bodegueros ante las administraciones y las instancias que considere oportuno, «con el objetivo de intentar evitar la degradación de la imagen de la región vitivinícola. Considera urgente «evitar la instalación de cualquier proyecto que ponga en riesgo o dañe la principal fuente de riqueza de la zona, que es además uno de los grandes motores de la economía de Castilla y León y un símbolo de la gastronomía y la cultura del país, y que no se puede deslocalizar».