Pueblos de la campiña segoviana modifican sus ordenanzas para alejar los purines

Juarros de Voltoya lleva dos años repartiendo agua embotellada por los niveles de arsénico de sus reservas y los purines son el gran sospechoso. «Científicamente, no lo puedo decir, pero estamos intentando evitarlo», explica su alcalde, Félix Renedo. Una de las primeras medidas de su equipo ha sido actualizar la ordenanza de purines. Así, aboga por la creación de una zona de exclusión de 1,5 kilómetros respecto al casco urbano –y dos kilómetros a pozos, humedales, lagunas o depósitos de agua–. Ese es su escaso margen de movimiento para paliar la amenaza. Las infracciones más graves son de 3.000 euros. El proyecto para potabilizar el agua y reducir el arsénico cuesta medio millón de euros para un pueblo con los ingresos de 198 vecinos empadronados. «Lo primordial es el agua del pueblo; lo demás, me da lo mismo», asegura el regidor.

La nueva ordenanza prohíbe esparcir purines en periodos de lluvia abundante. Unas semanas atrás, el pueblo lidió con precipitaciones de hasta 60 litros por metro cuadrado. «Si echas purín, hay arrastres y eso puede ir a los ríos, pozos y todo lo demás». También restringe la aplicación de abonos nitrogenados en fin de semana, festivos o en periodo de fiestas patronales. «Si huele es que no lo has tapado. Hay que decirles a agricultores y ganaderos que no todo vale».

Las ordenanzas para alejar los purines tocan a otras localidades como Nieva, Navas de Oro, Aguilafuente, Turégano o Mozoncillo. Algunos términos municipales están ya cerca de solaparse. «El problema no es nuestro, es de las granjas de cerdos», repite el alcalde de Juarros de Voltoya. Renedo apela a la gestión responsable de los purines y defiende la planta de tratamiento de Ignis en Turégano. «Lo más lógico es que se lleven allí porque están produciendo electricidad y se tratan de forma ecológica», argumenta. De esta forma, en parte también se evita la saturación «grandísima» en algunas tierras de su pueblo. «Los están echando sin arreglo a la ley; es muy desagradable encontrarte con gente que lo está esparciendo en abanico», explica el regidor. La normativa limita la cantidad de purines por metro cuadrado y marca unas pautas para enterrarlos.

El problema es el cumplimiento. «Hacen de su capa un sayo y los alcaldes no podemos estar pendientes de si lo hacen bien. Yo ya he pillado a varios. En algunos sitios sueltan cantidades brutales; son cubas, cubas y cubas. No hay ningún control», se queja Renedo. Juarros convive en su término con dos granjas de cerdos y la mayoría de los terrenos son privados. «Está a cuatro kilómetros y medio, pero si tiene veinte tierras y echa purín en todas es como si la tuviera a la puerta de casa», esgrime el alcalde.

Por su parte, Melque de Cercos, que también reparte agua embotellada por los altos niveles de arsénico, se ha puesto la venda antes de sufrir la herida y ha creado una ordenanza, aunque no tiene en estos momentos ninguna granja en su municipio. «Por cubrirnos las espaldas y no tener cerca esos efectos», explica su alcalde, Jesús Tejedor, que no ha sido testigo de vertidos. «Los olores molestan, pero tampoco… Ahora mismo no nos está afectando mucho, pero puede suceder en un futuro por las ampliaciones en pueblos de alrededor como Nieva o Balisa».

La contestación social ha ayudado a frustrar algunos proyectos. La plataforma Futuro Limpio Campiña Segoviana surgió para frenar una macrogranja, un proyecto con 4.000 cerdos a apenas un kilómetro del casco urbano de Bernardos que no ha visto la luz porque no obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental de la Junta de Castilla y León.

Mientras, en un municipio vecino como Domingo García están en marcha dos nuevos proyectos. Una de las impulsoras del colectivo, Belén Bernardos, ilustra los efectos. «Nos afecta igualmente. A lo mejor no llegan los malos olores, pero es muy fácil contaminar el agua», advierte.

Sin dar nombres, Bernardos recuerda ese municipio al que no quería ir de pequeña por los olores. «No te gusta ni el pueblo, ni la gente, ni nada». Ante la dificultad para verificar los vertidos, la plataforma pide un control más exhaustivo de las granjas como paso previo. «Hay gente haciendo de policías por la noche», asevera. La respuesta institucional ante sus quejas fue denunciarlo. «¿Y tengo que estar todo el día de policía? ¿Mi trabajo va a ser este?», se pregunta la portavoz del colectivo conservacionista.

Belén Bernardos es escéptica respecto a que las granjas tengan una repercusión económica positiva en una localidad. «Su número de trabajadores es reducido y probablemente no sean del pueblo. Ningún empresario tiene una macrogranja al lado de su casa», razona. A su vez, valora la fuerza de los vecinos para paralizar proyectos, pero pide ayuda. «Otros pueblos con menos recursos se mueven, pero se la acaban poniendo. Nos afecta a todos. A los de la capital no les va a oler mal; pero si se contamina el Eresma en Bernardos, va a afectar a todo el río».

Aporse, una agrupación de productores de porcino que incluye a unas 700 granjas –engloba junto a Asaja y Feaspor al 90% del sector– no cree que haya vertidos. «Nosotros estamos abonando, no contaminando. Tenemos un subproducto, obtenemos un abono y lo trasladamos al campo, que se puede abonar de una forma química o natural. Otra cosa es que un señor haga cosas completamente ilegítimas, como en cualquier sector», subraya su presidenta, Raquel Conde. Explica que las grandes granjas tienen unos horarios fijos y profesionales encargados de esta tarea. También advierte de que la normativa garantiza que no se excedan las cantidades. «Estamos obligados a comunicar en qué parcelas, hacemos unas analíticas anuales, comprobamos la cantidad de nitrógeno y tenemos que entregarlo en la Junta. Además de que hay visitas sin avisar del Seprona».

La asociación subraya el compromiso que ha pedido a socios y no socios en el cumplimiento de las normativas. «Hemos implantado tecnologías para cumplir con los techos que nos pide Europa. Es un sector que sigue innovando». Conde demanda que se agilicen las plantas de biogás para simplificar el proceso y usar unas instalaciones que eliminen el olor, «que ya se ha reducido bastante», un fin para el que se aplican técnicas como separar el amoniaco para así no depender de abonos químicos y reducir emisiones a la atmósfera.

Conde declara que la provincia «no tiene suficiente cabaña ganadera para abonar todas las tierras que se cultivan», un problema que se agudiza con la subida de costes de los abonos químicos. «Nos dedicamos a dar un valor en el medio rural. Los purines de nuestras granjas tienen que ir al campo y esto elimina un abono químico por un producto natural que se devuelve a la tierra y se transformará en piensos que vuelven a las granjas. Es una economía muy circular».

La asociación ensalza su trabajo. «No se nos puede tachar de maliciosos y contaminantes. Tenemos un producto de calidad, queremos alimentar a la población a un precio justo, pero cada vez se nos van poniendo más trabas», expone Conde. Por eso contempla recurrir estas ordenanzas. «Nos lo estamos planteando a nivel nacional. Muchas veces la normativa local sobrepasa sus límites. No porque yo viva en un pueblo de 50 habitantes puedo ir con el coche a 200 kilómetros por hora. Si lo que defiendes es una atrocidad, te vas a encontrar con el sector. Es un enfrentamiento total», concluye.