El «sí» del PP deja solo a Vox en su negativa a condenar la dictadura franquista

El texto fue defendido por el portavoz socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, que lamentó «tener que volver a subir a esta tribuna para defender lo obvio: que hubo un golpe de estado en 1936, que llevó a una guerra civil y condenó a la muerte, al exilio y a una oscura dictadura de 40 años a miles de españoles, como dice la Ley de Memoria Democrática y el decreto aprobado por la Junta en 2018», según informa Ical.

Tudanca se refirió a este texto para señalar que «no hace falta una ley de concordia», como la proposición presentada por PP y Vox en las Cortes autonómicas, porque ya existe la Constitución, la Ley de Memoria Democrática y el decreto aprobado en 2018 «para preservar la memoria colectiva», como recordó que defendió en su momento el Partido Popular cuando el entonces único procurador de Vox quiso derogar ese decreto en 2019.

Por ello, aseguró que su formación acudirá al Tribunal Constitucional y a las Naciones Unidas si PP y Vox «siguen ahora adelante» para aprobar su ley de concordia, comparando la situación con la de otros países que vivieron dictaduras de extrema derecha: «A nadie en Alemania, o en el mundo, se le ocurriría dudar de quienes eran los malos, por mucho que hubiera víctimas en ambos lados».

El Partido Popular anunció, por medio del procurador Ramiro Ruiz Medrano, su voto favorable a la proposición, bajo el prisma de «no buscar el enfrentamiento ni contribuir a la polarización, la división y el enfrentamiento», pese al «ruido político» y a «la utilización, con foto presidencial incluida, de esta parte triste de la historia de España».

No obstante, Ruiz Medrano defendió una ley de concordia que, recordó, se someterá a debate en las Cortes para «mejorarla a través de la participación de todos los grupos». «Donde hay voluntad, hay camino», aseguró, ejemplificándolo con el decreto aprobado en 2018 con la unanimidad de la Cámara autonómica y que «se está cumpliendo», con más de dos millones invertidos para «llevar a cabo cerca de 200 actuaciones en los últimos años».

En su respuesta, Tudanca agradeció la «coherencia» de Ruiz Medrano, «último ejemplo del herrerismo», y le pidió que «después de votar esta iniciativa, retiren la ley de concordia», con el objetivo «no de reabrir heridas, sino de cerrarlas por fin, en un país que tiene una deuda que saldar con las víctimas de la dictadura».

Sin embargo, no se pudo lograr la unanimidad para sacar adelante esta PNL por el voto contrario de Vox, que acusó al PSOE de «confundir la historia con su memoria». Así, el procurador palentino David Hierro recordó que fueron militantes socialistas los que «organizaron un golpe de estado para acabar contra el régimen que dicen defender» en octubre de 1934, bajo el prisma de Largo Caballero de que «la democracia era incompatible con el socialismo».

«No sé si estarán orgullosos de esta parte de su historia, pero toda su razón como partido ha sido la de buscar fascistas», criticó el procurador de Vox, acusando a la formación socialista de «hipocresía» cuando «señalan como fascistas a los burgueses, al clero, a los miembros del ejército, a los contrincantes políticos, a los historiadores que no comulgan con su versión oficial o al PP de Aznar, a la UpyD de Rosa Díez, al Ciudadanos de Albert Rivera y ahora al Vox de Abascal y Ortega Lara, pero no a Bildu o a Esquerra Republicana de Cataluña».

A ello respondió Tudanca señalando que en la historia «hay un consenso muy mayoritario sobre lo que sucedió» en la guerra civil y la dictadura. Algo que, lamentó, «no impide a los nostálgicos del franquismo, sin atisbo de demostración científica, anhelar otra historia que nada tiene que ver con la realidad».

También se centraron las críticas del resto de partidos de la oposición en el papel de Vox a la hora de proponer la ley de concordia, si bien el procurador de UPL-Soria Ya, Ángel Ceña, también criticó al PP por «abrazar el marxismo de Groucho» con un cambio de principios para «aprobar el presupuesto», con el apoyo de Vox, a cambio de la derogación del decreto puesto en marcha en 2018 con el apoyo de sindicatos, asociaciones memorialistas y el resto de grupos salvo el que ahora forma parte del Gobierno autonómico.

Por parte del Grupo Mixto, Francisco Igea lamentó la propuesta de ley de concordia porque «reabre las heridas» de quienes han sufrido «años de silencio y dolor», y Pablo Fernández apuntó que «cualquier grupo parlamentario que se considere demócrata, debe estar a favor de esta iniciativa» porque «no se puede ser demócrata sin ser antifascista». Su intervención acabó con gritos hacia la bancada de Vox que hizo que el presidente de las Cortes le llamara dos veces al orden.