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El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha tratado este jueves de enfriar el anuncio del vicepresidente Juan García-Gallardo de que volverá a ... reabrir la central nuclear de Garoña si tras el próximo domingo el escrutinio de las urnas arroja que los escaños de Vox son necesarios para formar Gobierno. «Si llegamos al Gobierno habrá en Garoña una central de energía nuclear», afirmó el vicepresidente de la Junta. Lo dijo el miércoles en una convocatoria institucional del Ejecutivo autonómico en los yacimientos de Atapuerca. Lo hacía horas después de que el Ministerio de Transición Ecológica informara del calendario que iba a desarrollar la empresa pública Enresa para desmantelar la instalación nuclear del norte de Burgos, con más de 400 millones de presupuesto.
Carriedo ha evitado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, desmentir al vicepresidente, pero tampoco ha apoyado la propuesta, recordando que cualquier iniciativa respecto a al central núclear, que lleva inactiva desde 2012 por decisión de sus propitarios, depende de estos. En este caso, Nuclenor, sociedad participada por Endesa e Iberdrola, que ya en otoño pasado, cuando Juan García-Gallardo anunció la elaboración de un estudio para reabrir Garoña, reiteraron que no lo veían viable.
«Cualquier inversión que se lleve a cabo en esta materia tiene que ser impulsada por sus promotores», aseguró Fernández Carriedo, en «proyectos» que deben seguir su trámite ante las administraciones. Ese sería el orden, reiteró el portavoz de la Junta, que aseguró que «Castilla y León tiene una clara apuesta por todas las fuentes energéticas disponibles», por un mix energético que no cierra la puerta a la energía nuclear. En este sentido, el documento que envió la Junta al Gobierno central sobre medidas energéticas circunscribía la atómica a las centrales que aún están en funcionamiento en España. La posición de la Junta no ha variado sobre este asunto, remarcó Carriedo.
Garoña ya provocó un choque entre PP y Vox en las Cortes de Castilla y León en otoño. Ahí cedieron los de García-Gallardo, rectificando el planteamiento inicial de que la Junta elaborara un informe para reabrir Garoña, por un estudio génerico sobre las posibilidades de la industria nuclear en la comunidad. Primó el criterio del PP. Había dudas sobre la legalidad de que una Administración pudiera pagar con dinero público un estudio de viabilidad sobre una instalación privada concreta, en línea contraria a lo que, además, esgrimía la propiedad.
La realización de ese estudio tuvo reflejo en el presupuesto autonómico para 2023. En las partidas de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, que está bajo la batuta de los ultraconservadores. No en la del Economía y Hacienda, que es la competente en energía. «A día de hoy no se ha finalizado ningún estudio en este ámbito», precisó Carriedo, que además de portavoz es el consejero de esta última. Ni siquiera se ha iniciado, matizó instantes después. «Hasta donde yo sé», precisó el popular. Vox defiende la instalación de minireactores en Garoña, pero también en La Robla y Velilla del Río Carrión, donde había centrales térmicas.
Carriedo intentó atenuar también el efecto de la decisión del Ayuntamiento de Burgos, con la llegada de la coalición de PP y Vox, de retirar fondos comprometidos para dos iniciativas relacionadas con la memoria histórica, un memorial y la aportación a una cátedra de la Universidad burgalesa. Docentes de esta universidad colaboraron con la Junta en la anterior legislatura, la de PP y Cs, en la elaboración del mapa de fosas de represaliados del franquismo que hay en Castilla y León.
El portavoz de la Junta enmarcó la decisión en la «autonomía municipal» y confirmó que la Junta mantendrá la colaboración económica para las exhumaciones de víctimas, que está regulada por el Decreto de Memoria Histórica y Democrática que se aprobó en la etapa de Juan Vicente Herrera. Vox incluyó en el pacto con Fernández Mañueco cambiarlo por otro de «Concordia» que no ha iniciado su tramitación. Carriedo garantió el apoyo a la «finalidad humanitaria de la exhumación de los cuerpos y su identificación y por tanto el apoyo que tienen muchas familias a identificar dónde están sus seres queridos».
No hay dos sin tres, y el consejero también terció en el conflicto que la consejería de Industria mantiene con los sindicatos CC OO y UGT y la patronal CEOE Castilla y León por el Servicio de Relaciones Laborales, que media en conflictos individuales (en Valladolid) y sobre convenios colectivos y convocatorias de huelga (en toda la comunidad) para intentar que no se judicialicen. «Es un servicio útil y necesario para el conjunto de la Comunidad», reconoció Carriedo. Así apoyaba las posiciones de los agentes sociales. Pero entendía que eran posibles «medidas de ahorro» que podían aplicarse «sin afectar a la calidad del servicio». De esta manera, no desautorizaba la estrategia del consejero Mariano Veganzones.
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