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Pablo Trillo, procurador del PP y jurista, comenzó por advertir que su intervención, en una Comisión parlamentaria sobre la memoria fiscal del año 2022, iba a incluir «temas que son de carácter nacional». No es que sea algo nuevo en la Cámara, hecha últimamente a ... las andanadas con munición de argumentario nacional, pero sí por el protagonista de la Comisión, el fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena. Ese fiscal al que el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), había descalificado recientemente por «leal» al Gobierno de Pedro Sánchez y por «excederse en sus funciones» al «censurar políticamente» sus palabras sobre la acogida de inmigrantes en el balneario de Medina del Campo.
«La Fiscalía ocupa un lugar importante en las noticias que salen a diario», espetó Trillo. Y planteó la batalla dialéctica en dos frentes. El primero, sobre el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. «Este fin de semana se admitió a trámite el recurso de la asociación de fiscales independientes diciendo que carecía de idoneidad. Porque precisamente había sufrido un varapalo en el nombramiento que había hecho a su antecesora [Dolores Delgado], ministra de justicia, para que fuera ascendida a fiscal de sala», señaló Trillo.
Opinión
En segundo lugar, interpeló a Mena sobre la decisión del propio fiscal general de no elaborar el informe que el Senado, con mayoría del PP, había solicitado a la Fiscalía General y al Consejo Fiscal sobre la ley de amnistía que se encuentra en tramitación. García Ortiz había respondido que esa labor no está prevista en el caso de «proposiciones de ley en tramitación en el parlamento». «Entiendo que si usted, miembro del Consejo Fiscal, tiene que informar en un tema de colaboración legalmente establecida en el artículo 10 del estatuto del Ministerio Fiscal y se lo impide pese a la solicitud de seis miembros de la misma, algo tendrá que decir», cuestionó Trillo.
Santiago Mena replicó en primer lugar a esa comisión en la que se valoró la idoneidad de Álvaro García Ortiz como fiscal general. «La presentación del fiscal general del Estado ante la Comisión de Justicia del Congreso es un trámite que no es vinculante, pero tiene que pasarlo, exponer su proyecto. El concepto de idoneidad emitido por parte de esa comisión, se lo digo así, ha sido excesivo. Porque no se trataba de catalogar las condiciones del exponente, sino simplemente valorar si reúne los requisitos formales, si tiene 15 años de ejercicio en la carrera o si tiene las condiciones exigidas desde el punto de vista formal. Pero no analizamos si la categoría profesional, valorativa, eventualmente política… Ahí se excedió la comisión», señaló el fiscal superior de Castilla y León.
La Comisión de Industria, Comercio y Empleo contenía, como todo orden del día, tres preguntas orales de parlamentarios del PP a directores generales de la Consejería dirigida por Mariano Veganzones (Vox). Una hora y 23 minutos de sesión bajo fuego amigo. Hubo quien sospechó de que pudiera ser una primera señal de ruptura entre PP y Vox, como aquella proposición no de ley del PSOE, a la vuelta del verano de 2021, sobre sanidad rural, con el dedo acusador fijo en Ciudadanos, a la que el PP votó a favor. Tres meses después se convocaban elecciones anticipadas. No era este el caso en la Comisión de Industria. Resultó, según ha podido saber El Norte, que no había iniciativas presentadas para su debate, labor que suele recaer en la oposición, y el PP decidió registrar tres preguntas orales para dotar de algo de contenido a la sesión. La primera fue sobre los cambios que ha supuesto el programa Eltur para desempleados y posibles beneficiados. La segunda, para pedir una valoración de los programas 'Primera experiencia profesional' y 'Formación con compromiso de contratación'. Y la tercera, sobre el número de proyectos empresariales que han acudido a la convocatoria de ayudas para impulsar la industria 4.0.
Y en cuanto a la decisión del fiscal general sobre el informe de la ley de amnistía, Mena se limitó a seguir la idea marcada por García Ortiz. «En ninguno de los párrafos que recoge el estatuto del Ministerio Fiscal hay dónde incardinar la propuesta por parte del Senado para informar sobre una ley que por supuesto no existe, de momento. Conclusión, el fiscal general del Estado no es quién para atribuirse algo que no está recogido en el estatuto ni en el reglamento de funcionamiento del Consejo Fiscal», zanjó. «Al Consejo Fiscal solo tiene preceptivo informar proyectos de ley, reglamento, pero no propuestas de ley. Cuando sea ley… El Fiscal General ha dicho que se informará por parte de quien corresponda cuando sea preceptivo desde ese punto de vista, nada más».
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