Archivan la denuncia contra García-Gallardo por el delito de odio a los inmigrantes

El fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Santiago Mena Cerdá, archiva las diligencias de la denuncia presentada por el procurador Francisco Igea contra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo por presuntos delitos de odio y discriminación tras presentarse el pasado 25 de octubre de 2023 en el Balneario de Las Salinas en Medina del Campo para cargar contra «la invasión migratoria».

La resolución toma la decisión al considerar que los hechos no revisten carácter delictivo. Según recoge el texto, de acuerdo al apartado 1 a) del artículo 510 del Código Penal consistente en la acción de «fomentar», «promover» o «incitar» al odio, hostilidad, discriminación o violencia, siempre que se dirija contra un grupo, parte del mismo, o alguno de sus integrantes, por los motivos discriminatorios que la norma señala, desde la Fiscalía consideran que en el caso concreto denunciado por el procurador, «no se advierte la concurrencia de dichos requisitos en las expresiones y comentarios mencionados (en las imágenes y la voz el denunciado en la red social X), no constatándose que tales comentarios formaran parte o integraran un discurso cuya finalidad fuera la de propagar la violencia o promover el odio».

«Aún siendo reprobables socialmente las expresiones despectivas y desde luego desafortunadas que se recogen en alguno de los comentarios, su contenido ofensivo no cumple a nuestro juicio el requisito de 'gravedad' que es exigible para entender que se ha producido tal lesión, que además ha de contextualizarse en una situación de permanente discusión política sobre la forma de encauzar la problemática migratoria», señala el escrito del fiscal.

El procurador, Francisco Igea, aseguró que comparte las palabras del fiscal, que califica de «reprobables, ofensivas y desafortunadas» las afirmaciones del vicepresidente de la Junta. Igea recordó que el Comité de Ética Pública aún no se ha pronunciado ante el escrito que se registró el pasado mes de noviembre, y por el que solicitó la reunión de la Comisión de Ética Pública ante una «violación fragante» del Código Ético.

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