Castilla y León

Los podólogos reclaman una unidad de pie diabético en un hospital

El Colegio Oficial de Podólogos de Castilla y León (COPCYL) vuelve a solicitar una reunión a la Consejería de Sanidad para plantearle la incorporación de esta especialidad al sistema público con la creación de una unidad de pie diabético en un hospital de tercer nivel de la comunidad.

En un comunicado, recordaron que el presidente del Colegio de Podólogos, José Luis Muñoz, ya solicitó en mayo del año pasado una reunión al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, sin que un año después se haya producido.

En febrero de 2013, el colegio recibió de la Consejería una propuesta de adhesión al Compromiso con la Sanidad Pública de Castilla y León, a la que la institución colegial se adhirió en pocos días. «Se han cumplido ya diez años sin que se haya avanzado nada en el ámbito de la podología», lamentó el presidente de los podólogos de Castilla y Léon.

La aportación del Colegio de Castilla y León a este compromiso con la Consejería y los demás colectivos sanitarios, «pasa necesariamente por la plena incorporación de la podología al sistema público de salud, puesto que este no podría beneficiarse de todas las ventajas que ofrece nuestra profesión, si se nos siguiera manteniendo en el ámbito privado», dijo el vicepresidente del Colegio, Borja Altonaga.

El Colegio de Podólogos de Castilla y León plantea la creación e implementación de una Unidad de Pie Diabético en un hospital de tercer nivel, de acuerdo con los criterios de calidad y coste-efectividad que las sociedades científicas llevan demostrando desde hace años.

Para ello, en su momento hizo entrega de un informe realizado por el COPCyL desde el convencimiento de que «se prestará un servicio importantísimo a la sociedad, supondrá un ahorro económico y una contención del gasto sanitario, mejorará la calidad asistencial a este tipo de pacientes y significará una importante descarga de presión asistencial a otros recursos que, en la actualidad, se ven desbordados por una patología que presenta unas tasas de fracaso terapéutico y morbimortalidad elevadas, debido un manejo inadecuado y a la inexistencia del podólogo en los equipos multidisciplinares que deben tratarla», apuntó el vicepresidente del Colegio.

Tras este primer paso, el Colegio de Castilla y León plantea la posterior y paulatina incorporación de podólogos en todos los niveles de atención, mediante la creación de la categoría sanitaria de podólogo. «Desde el pasado mes de diciembre los podólogos son ya personal integrado en la sanidad pública en Madrid, siguiendo la estela de otras comunidades en las que ya se había avanzado en este sentido, como Cantabria, Baleares o la Comunidad Valenciana», señaló Muñoz.

Así, en Cantabria existen dos plazas desde el 2005; en la Comunidad Valenciana ya están presupuestadas en 2023, cinco plazas en hospitales y ocho unidades de pie diabético; en Islas Baleares se ha incluido un podólogo en cada hospital público mediante nombramientos estatutarios de carácter eventual; en La Rioja se ha incorporado un podólogo a la Unidad de Pie Diabético del hospital público con carácter temporal y como laboral para un proyecto de investigación sobre tratamiento y cuidado del pie diabético; en Madrid existe una resolución de 2019, donde aparece la primera plaza de podólogo como personal laboral fijo del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid; en Andalucía, a falta de publicación definitiva, se prevé la creación de unas 18 plazas; y en Cataluña se presta atención podológica concertada con la Administración a las personas diabéticas con patologías vasculares y neuropáticas crónicas en febrero de 2009.

Con ello «se conseguiría garantizar la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes, especialmente en zonas rurales donde, en la actualidad, la asistencia podológica es precaria cuando no inexistente o es peligrosamente sustituida por esteticienes que incurren en intrusismo profesional», según el presidente del Colegio.

En este sentido, el Colegio, plantea su colaboración con la Consejería de Sanidad en la persecución del intrusismo profesional y la irregular actividad de centros no sanitarios que ofrecen servicios de podología sin el pertinente registro sanitario ni los mínimos requisitos de calidad asistencial exigibles, así como en todo lo que sea necesario para la mejora de la sanidad pública.

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