¿Qué es un poblador rural? Piden a la Junta unidad de criterio para evitar discriminaciones fiscales

¿Qué es un poblador rural? De la respuesta a esa pregunta depende, en el caso de Castilla y León, el acceso a las rebajas tributarias que prepara la Junta. Y no hay unidad de criterio. El Gobierno autonómico incluye dos definiciones diferentes de lo que considera ruralidad en un mismo anteproyecto de ley, el que regula las rebajas fiscales anunciadas en abril, tras el primer consejo de la coalición de PP y Vox. Eso va más allá de una cuestión del lenguaje y tiene una trascendencia jurídica y, en este caso, tributaria. De esa manera, un contribuyente que podría acogerse en Castilla y León a una bonificación mejorada en el Impuesto de Transmisiones por la compra de un inmueble para que sea sede de una empresa en una población rural podría tener vetado el acceso a una desgravación reforzada en el IRPF de hasta 3.300 euros por el nacimiento del tercer hijo si la familia reside en un pueblo y se tendría que conformar con los 2.351 de la cuota general.

Sobre esa distorsión ha alertado el Consejo Consultivo de Castilla y León al Ejecutivo que preside Alfonso Fernández Mañueco, en un informe en el que analiza minuciosamente el texto del anteproyecto de ley en el que recomienda unificar y pulir requisitos en una sola definición para evitar situaciones discriminatorias.

El texto refleja una falta de unidad de criterio que, a juicio del organismo encargado que ejercer el control de calidad de los textos normativos en Castilla y León, «puede resultar discriminatoria». En el caso de los apoyos a la natalidad, la mejora tributaria está orientada a residentes en «municipios de menos de 5.000 habitantes». En una comunidad con muchas entidades locales menores y núcleos adscritos, esa redacción excluiría a habitantes de poblaciones pequeñas, claramente rurales, que forman parte de un municipio de más de 5.000 habitantes. Esa situación se da, por ejemplo, con pedanías de la villa segoviana de Cuéllar.

El criterio de «municipios de menos de 5.000 habitantes» cambia totalmente párrafos adelante para regular la ruralidad, en la bonificación especial que prevé una tarifa del 2% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (frente al 8% del tipo general) por la compra de un inmueble en un pueblo para una actividad empresarial. El anteproyecto fija en este caso el acceso a esa ventaja tributaria para adquisiciones situadas «en un municipio o [aquí sí] en una entidad local menor» de hasta 10.000 habitantes, con carácter general, o de 3.000 si dista menos de 30 kilómetros de la capital de provincia.

La Junta, incluye en este último caso, una corrección a la baja en el número de residentes para las localidades ubicadas en alfoces de ciudades, que gozan de un empuje demográfico por su situación que no se da en el común del medio rural. Pero esta distinción no se aplica en el caso de las bonificaciones por nacimiento o adopción.

«Un análisis detallado del mapa local y de la estructura del poblamiento de la comunidad contribuiría a evitar que la regulación que se propone pueda ser fuente de discriminaciones no justificadas en relación con los objetivos que se persiguen», esgrime el informe con las recomendaciones del Consejo Consultivo.

Del análisis del Consultivo sobre el Anteproyecto de Ley de Rebaja Impositiva ante el Agravamiento de la Situación Económica redactado por la Junta surgen otros reparos. Empezando por el nombre con el que el Gobierno autonómico de coalición bautiza la futura ley. Recuerdan desde el organismo que la mayor parte de las medidas que concreta «figuraban en un texto más amplio», el de la Ley de Medidas que acompañaba al presupuesto autonómico de 2021, «que no llegó a aprobarse por la disolución anticipada de las Cortes». Luego estaban planteadas antes del agravamiento de la crisis, por lo que sería más correcto que esa coletilla no se incluyera en la denominación de la norma y se llamara Ley de «Medidas Tributarias». Sin más apelativos.

En el Consejo Consultivo encuentran «escuetas y discutibles» las evaluaciones obligatorias sobre el impacto que la ley tendrá en materia de despoblación, discapacidad, juventud e infancia, género o medio ambiente y extienden el reparo de esa falta de precisión a la valoración de repercusión presupuestaria de las medidas. En este último caso, destacan la especial incidencia de la derogación de una parte del impuesto propio de la comunidad sobre vertido de residuos (al entrar en vigor uno estatal sobre incineración de desechos) de cuya recaudación se benefician diputaciones y ayuntamientos.

El anteproyecto está en puertas de ser aprobado por el Consejo de Gobierno y remitido a las Cortes para su tramitación. El 31 de agosto pasado, Alfonso Fernández Mañueco situó ese trámite en este mes de septiembre. Fuentes del Ejecutivo no concretan si ese texto final incorporará la recomendación de unificar la definición tributaria de poblador rural. De no ser así, se podría enmendar en la vía parlamentaria.

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