Una de cada tres nóminas públicas de Castilla y León es un empleo temporal

Casi una de cada tres nóminas públicas es temporal en Castilla y León. Alrededor 47.000 de los 166.682 empleados en las plantillas de la Junta (97.201), los ayuntamientos y diputaciones (35.641) y los ministerios y organismos estatales (33.840) están contratados como interinos o con carácter temporal. Ese tapón de empleo no estable debe estar disuelto a fecha de 31 de julio de 2024. Lo exige el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha sentenciado que una administración no puede ser una ETT y que todo trabajador que lleve más de tres años como interino en una plaza estructural de plantilla sufre una situación de «abuso de temporalidad».

Cuando esto ocurre en una empresa privada se impone una sanción al empleador y el trabajador pasa a ser indefinido. Algo que no ocurre en la Administración. Colisiona con la obligación de seleccionar a su personal bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad. Es un asunto muy sensible y con distintos enfoques. Está el de las personas que pueden quedarse ahora en la calle si no superan el examen y el de los que aspiran a ser funcionarios y piden un proceso abierto.

El mecanismo que se aplicará estabiliza plazas, pero no necesariamente a las personas que ahora están en ellas. Hace necesario aprobar un examen abierto y luego valora la experiencia en el puesto. La nota de la prueba de selección puntuará un 60% y los méritos un 40%. Los trabajadores temporales que no superen el proceso serán despedidos con una indemnización de 20 días de sueldo por cada año de contrato.

«Hay una apuesta decidida de esta Administración por ser ejemplo de empleo estable y de calidad. Es una solución eficaz a un problema heredado, enquistado, fruto de una regulación inapropiada y de años de un conjunto de prácticas inadecuadas», analizó Javier Izquierdo, delegado del Gobierno en Castilla y León, tras la aprobación de plan.

«Cualquier actuación a favor de reducir la temporalidad hay que valorarla, porque estamos en tasas que no son asumibles. La filosofía es loable, pero el mecanismo que nos imponen es muy mejorable», argumenta Ángel Ibáñez, consejero de la Presidencia de la Junta.

La Administración autonómica es la primera empleadora de Castilla y León. Ibáñez defiende que habría sido más apropiado que cada comunidad presentará un plan de estabilización «adecuado a sus circunstancias», con una horquilla de tiempo «más razonable». 5 o 6 años, apunta el consejero. Hoy por hoy, si el decreto ley que plasma el acuerdo no sufre enmiendas en el Congreso de los Diputados, la fecha tope es la Nochevieja de 2024 y lo primero que debe hacer la Junta es «identificar todas las plazas» ocupadas por temporales que deben engrosar esa convocatoria especial.

«Ahí nos la jugamos», remarca el consejero, que insiste en la necesidad de suprimir el freno que supone la tasa de reposición, que ha impedido estos años de atrás convocar todas las vacantes. Ibáñez indica que es difícil hacer un cálculo de lo que puede suponer en indemnizaciones de despido aplicar el acuerdo. Otras fuentes apuntan que la cifra puede superar los 50 millones de euros. Esos despidos tendrán una parte de «pérdida de talento y pericia» de las personas que llevaban años desempeñando esas labores y de inversión en la formación de sus sustitutos.

Desde las centrales sindicales que han refrendado el acuerdo insisten en la necesidad de dar estabilidad al empleo público. Carlos Arenas, secretario de Acción Sindical de Servicios Públicos y Sector Autonómico de UGT Castilla y León, subraya que es importante ver qué se va a valorar en este 40% que puntuará la experiencia. El peso que tendrá la antigüedad, la titulación, la formación... También que los trabajadores temporales a los que despide la Administración hasta ahora carecían de indemnización a no ser que la ganaran en el juzgado.

Mariano Prieto, presidente autonómico del sector de Administración General de Castilla y León de CSIF, resalta que además de todas las convocatorias hay que garantizar los procesos de promoción interna dentro de la Junta. «Hay que dar salida en un plazo muy ajustado a todas las convocatorias pendientes desde 2017 y a la especial de estabilización. ¿Va a ser la administración autonómicas capaz? Tengo mis dudas», subraya. Elena Calderón, coordinadora del Área Pública de CCOO en Castilla yLeón, defiende el acuerdo logrado como «la única solución posible para reducir la temporalidad al 8%» y el hecho de que deba aplicarse antes de que empiece 2025 «es lo más positivo, teniendo en cuenta que aquí tenemos procesos sin convocar de 2017». Con riesgo de que 'caduquen' esas plazas. «Algo que no nos podemos permitir», concluye.

El Decreto-Ley de Reforma del Estatuto Básico del Empleado Público, que fue el último documento que preparó el ministro Miquel Iceta como titular de la cartera de Administraciones Públicas antes de la remodelación gubernativa que lo llevó a Cultura y Deportes, pasará por el hemiciclo del Congreso de los Diputados la próxima semana.

La Plataforma de Trabajadores Temporales Públicos ha promovido una campaña de envíos de correos electrónicos a los parlamentarios. Les hacen llegar un documento con quince razones para votar no. Insisten en que incumple la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A la espera de que lo que ocurra en ese trámite de convalidación, en la Junta son conscientes de que necesitarán reforzar los recursos humanos que organizan los procesos de selección. También que estas oposiciones pueden suponer un aliciente para jóvenes titulados que podrían construir su proyecto de vida en Castilla y León con un empleo estable.