¿Peligra la jubilación de la 'abuelita' atómica?

Exactamente 10 años después, el 6 de septiembre de 2022, el vicepresidente de Vox en la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, anunció una proposición en las Cortes regionales para estudiar la viabilidad de la planta. Parece una apuesta estéril.

Nuclenor ya ha anunciado que «no sería viable la reapertura». E incluso voces autorizadas del PP, socio de gobierno de Vox, como su portavoz en las Cortes, Raúl de la Hoz, han calificado el intento de «absurdo». En todo caso, el estudio se va a realizar para no contrariar al incómodo socio.

Han pasado cinco años desde la última vez que se movió algo en los despachos. El 1 de agosto de 2017, el Ministerio de Energía denegó la postrera petición de Nuclenor para que su autorización siguiera 'viva'. Y eso que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) había aprobado su reapertura cinco meses antes. Pero condicionada a unas inversiones que superaban los 200 millones de euros. La empresa entendió que no era rentable tanto dinero para garantizarse una prórroga.

Se acababa así un tira y afloja que ya duraba otros cinco años desde que Garoña se desenchufara de la Red Eléctrica el 16 de diciembre de 2012. Desde entonces, no ha generado un solo megawatio. Y no parece que vaya a hacerlo nunca más.

Desde esa fecha, la 'abuelita' de las nucleares españolas (operativa desde 1971) solo ha dado pasos administrativos hacia el 'asilo' de su complejo desmontaje y la desinfección del hermoso valle burgalés de Tobalina donde se ubica. Un proceso de 'jubilación' que no finalizará hasta bien entrada la próxima década.

La muerte de Garoña estaba en su DNI. Su vida útil de cuatro décadas había prescrito en 2011. Y coincidió con un tiempo en el que la energía nuclear tenía mala prensa en España y el mundo. En 2008, una de las promesas electorales del candidato del PSOE, Rodríguez Zapatero («soy el más antinuclear de mi partido») era cerrarla ese 2011.

El espaldarazo a esta postura vino en forma de tsunami: el que arrasó las costas de Japón en marzo de ese año y provocó la catástrofe de la central de Fukusima, hermana gemela de Garoña. Toda Europa (salvo Francia), encabezada por Merkel, anunció el 'sepelio' de sus reactores.

Tras el cierre unilateral por parte de los propietarios de Garoña en 2012 (que les supuso una multa de 18 millones de euros), la instalación no inició su desmantelamiento a la espera de que un futuro Gobierno del PP apoyara su continuidad.

Efectivamente llegó a La Moncloa Mariano Rajoy, opaco a la corriente 'antirradiactiva' que recorría Europa. Garoña solicitó una ampliación hasta 2031, justo hasta que cumpliera sus 60 años de vida. El CSN avaló la reapertura a pesar de que no había ni reformas ni inversiones hechas.

Un estudio de Iberdrola en mayo de 2017 había calculado que la reapertura (sin contar esos al menos 200 millones de euros en modernización) se habría traducido en un déficit de explotación de unos mil millones de euros anuales. La falta de acuerdo con el propio Gobierno conservador precipitó el cerrojazo definitivo en el ya señalado verano de 2017.

Meses después, en noviembre, un tal Pedro Sánchez, hiperactivo secretario general del PSOE, se reunía en Oña con los alcaldes de la zona.Les prometió que se «reflotará» el entorno económico y que el valle de Tobalina sería «el modelo de la estrategia nacional» socialista contra la despoblación.

Cinco años después, la zona agoniza huérfana de su motor. Cuando cerró daba trabajo a 400 personas. Hoy quedan unas 200 en labores de transición hacia el desmantelamiento y otras 120 en contratas.

Monopolizó la vida económica durante cuatro décadas. Llenó las arcas de los 34 ayuntamientos de la comarca, entre los que repartía unos tres millones de euros anuales. La 'atómica' era incluso un reclamo turístico que llevaba a las orillas del Ebro a miles de curiosos cada año.

Hoy, la población del área que encabeza Miranda de Ebro ha caído en casi 5.500 habitantes en una década. Y la población activa ha perdido unos mil empleos desde 2012.

Nadie cree en la zona en el debate sobre su continuidad. En todo caso, puede ser contraproducente. Porque el nuevo temor que ha prendido en la zona es que el nuevo zafarrancho político activado por Vox retrase el calendario de desmantelación. Y la Historia demuestra que con Garoña nunca se cumplen los plazos.

Debe hacerse cargo la Empresa Nacional de Residuos (Enresa) pero aún no ha recibido el traspaso. Se lleva anunciando desde 2020. Desde Enresa se confía en que 2023 sea el definitivo. Será una compleja tarea que durará al menos 10 años y en la que se invertirán 468 millones de euros. Y se espera que genere unos 300 empleos durante esa década.