Canutazo nuclear

Estas semanas hemos hablado mucho de energía nuclear en Castilla y León. Vox, que en su proyecto político siempre se ha posicionado a favor de las centrales atómicas, ha propuesto ahora, como socio de Gobierno del PP, reabrir Garoña, que se encuentra en proceso de desmontaje y en manos de la empresa pública Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos). El partido de Abascal defiende incluso el modo de hacerlo. Aporta plazos, que calcula relativamente cortos, para 2030. Incluso apuesta por el tipo de tecnología que podría emplearse en el empeño, pequeños reactores modulares, los llamados SMR (Small Modular Reactors). La polémica, sin embargo, no ha surgido por todas esas cuestiones, sino porque Vox va a hacer que la Junta pague con fondos públicos un estudio de viabilidad para ese posible nuevo despliegue de infraestructuras en la comunidad que, en todo caso y a día de hoy, tendrían que promover y financiar empresas privadas: ya sea Nuclenor, participada por Iberdrola y Endesa, como propietaria de la central burgalesa clausurada, o cualquier otra. Nuclenor ya ha rechazado la posibilidad.

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), creado en 1957 y al que pertenecen 175 países, es la fuente de referencia para adentrarse y orientarse en el complejo mundo de las centrales nucleares. Según sus datos, en el mundo existen ahora 437 reactores activos, otros 60 en construcción (solo 3 de ellos en Europa, en Francia y Reino Unido) y 96 más planificados (solo tres de ellos en Europa, en Finlandia y Reino Unido).

En los últimos 20 años, 108 reactores han sido desactivados y 97 han comenzado a operar. Sin embargo, a pesar de ello, la generación total de electricidad ha aumentado en unos 10 gigavatios. Con ello se evidencia que, en un contexto de escasez o incluso bloqueo energético como el que vivimos actualmente a causa de muchos factores, principalmente la invasión de Rusia en Ucrania, parece razonable pensar que la energía atómica es una de las alternativas que conviene analizar y tener en cuenta con una perspectiva a medio y, sobre todo, largo plazo.

Hablar de energía atómica, incorporarla al debate y contemplarla como posibilidad, aunque solo sea porque en España mantenemos activas 7 unidades y consumimos 1.200 toneladas de uranio al año para mantenerlas en funcionamiento, es obligado. Lo que es más cuestionable es el modo como se viene enfocando el problema, a golpe de canutazo y con cierto grado de improvisación. Se me ocurren varias consideraciones. Desde luego, no parece aconsejable planificar ninguna estrategia a escala autonómica. Tampoco debería hacerse sin el concurso directo de las empresas que tendrían que ocuparse de tomar decisiones y arriesgar su dinero. En cuanto a los plazos, convendría asimismo recordar el papel que necesariamente juega el Consejo de Seguridad Nuclear, escrupuloso y, por tanto, lento y cuidadoso en cualquier trámite de permisos que gestione para abrir una central o mantenerla abierta. Ni te cuento para reabrirla. Habría que pensar que en estos momentos se está reconfigurando el mercado energético europeo y mundial, por lo que cualquier decisión sería mejor tomarla con más certezas de las actuales, tanto regulatorias como de mercado y económicas. No olvidemos que las empresas eléctricas están un poco escarmentadas de lidiar con impuestos de todo tipo –nuevos, viejos, coyunturales, de unos y de otros–, así que dudo que pongan un duro sin garantías de que, suceda lo que suceda, recuperarán su inversión.

Hagamos memoria: hasta hace nada, todos los abonados a un recibo de la luz estuvimos pagando en nuestras facturas la derrama derivada de la suspensión en 1984 de la construcción de la central de Valdecaballeros, en Extremadura, precisamente para que los impulsores recuperarn los 350.000 millones que habían gastado cuando se interrumpió. Y por último, sobre la tecnología que se pone sobre la mesa, la OIEA habla de los reactores SMR en términos poco definitivos. Solo hay uno operativo en todo el mundo –en Rusia, instalado en el buque Lomonosov–, conocemos nada menos que 71 modelos diferentes en desarrollo y el organismo internacional explica dos cosas sobre ellos. Una, que, «si bien los SMR tienen un costo de capital inicial por unidad más bajo, su competitividad económica aún deberá demostrarse en la práctica cuando se hayan desplegado». Y otra, que «el organismo tiene previsto publicar en 2022 un informe de seguridad sobre la aplicabilidad de las normas de seguridad del OIEA a las tecnologías de los SMR». Aún no lo ha hecho. Es decir, un aspecto crucial en cualquier proyecto de estas características, la seguridad, sigue en estudio. No acierto a imaginar cómo ni quién va a hacer, en este contexto de notables incertidumbres, el estudio de viabilidad que anticipa la Junta. Ni para qué va a servir.

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