Quién es la parlamentaria de Cs que puede abrir el camino a la moción de censura en Castilla y León

María Montero, nacida en 1982, se conoce al dedillo el trayecto que separa Ciudad Rodrigo, donde vive, de Valladolid, donde está la sede de las Cortes. Hasta el momento de dar el portazo a sus compañeros de bancada, la procuradora por Salamanca participaba en seis comisiones de las Cortes de Castilla y León: era presidenta de la de Sanidad y la de investigación del reparto de publicidad entre los medios de comunicación; vicepresidenta de las de Educación y de Estatuto (esta solo se reúne cuando se revisa el Estatuto de Autonomía, proceso que no está abierto); la portavoz en la comisión de Presidencia y vocal en la de Cultura y Turismo. Había compaginado esa labor con su trabajo en la zapatería familiar.

El jueves figuraba como procuradora liberada por el grupo parlamentario y con sueldo. Una decisión tomada recientemente, puesto que a finales de mes ese puesto de portavoz adjunta lo ocupaba la burgalesa Blanca Delia Negrete. La retribución le iba a suponer, entre sueldo bruto y dinero para gastos, 90.491 euros que pasarán ahora a manos de otro procurador: José Ignacio Delgado, de Burgos. El cambio se plasmó horas después de la salida de Montero.

Esta joven emprendedora se acercó a Cs en 2015. Estaba a la cabeza de Calzados Montero. Se incorporó en aquellas elecciones a la lista municipal, pero no salió elegida concejala, aunque sí empezó a involucrarse en la vida interna de la formación hasta llegar, en 2019, a la candidatura autonómica. Fue de número dos, tras David Castaño, que es el portavoz del grupo en las Cortes, y logró escaño. «En 2019 me presenté a las elecciones con ilusión, pensando en que el cambio y la regeneración llegarían a esta tierra después de más de tres décadas de gobierno del Partido Popular. Sin embargo, se pactó con el Partido Popular y dos años después compruebo con tristeza que no ha sido así», recogía en el comunicado en el que justificaba su decisión.

Añadía que no podía seguir en un grupo «sin liderazgo», que no trabaja en equipo, «en el que unos pocos deciden por todos» y que «no ha cumplido con las promesas hechas a los ciudadanos de Castilla y León». María Montero se va del grupo, pero se queda con el escaño. Eso supone que vota, aunque como procuradora no adscrita, las dietas que podrá percibir por su labor parlamentaria quedan reducidas a la mínima expresión. Esta figura del procurador no adscrito, que no puede recalar en el grupo mixto cuando se va del de la formación con la que concurrió a las elecciones o le expulsan sus compañeros, se incorporó a la regulación de las Cortes de Castilla y León como vacuna contra el transfuguismo. Supone, en la práctica, la asfixia económica de un parlamentario.

Hasta el momento de firmar el escrito de autoexilio del grupo parlamentario había respaldado la línea oficial de oposición a la moción de censura del PSOE en Castilla y León. «Ciudadanos es un partido unido, leal y serio que cumple con lo que firma. NADIE ha hablado con nuestro grupo de mociones de censura», podía leerse en un mensaje escrito por su ya excompañero David Castaño, que retuiteó el 5 de marzo.

Un miembro del Grupo Parlamentario de Ciudadanos elogió las cualidades personales de María Montero y su labor en el grupo durante esta legislatura. «Prefiero no valorar el paso que ha dado ni decir nada que pueda hacerle daño», precisó. El mismo Francisco Igea le ha dedicado un mensaje conciliador: «Todo mi respeto y todo mi cariño para una mujer con la que he compartido un sueño político».

La parlamentaria de Ciudad Rodrigo ha pasado momentos parlamentarios de apuro en las Cortes como oradora, por llevar las intervenciones y las réplicas escritas, aunque con el tiempo había ganado soltura. En su descargo hay que señalar que es una práctica que no es inhabitual entre otros parlamentarios de Cs. Las críticas que recibió por parte del procurador de Podemos, Pablo Fernández, en un debate por esa intervenciones leidas motivó una férrea defensa de Francisco Igea, que se encaró con el procurador morado.

También como presidenta de la comisión de investigación sobre el Plan de Medios de Comunicación de la Junta ha vivido momentos de tensión al intentar evitar que las procuradoras socialistas o el de Podemos hicieran preguntas que concernían a Francisco Igea, vicepresidente de la Junta. Una comisión en la que tuvo 'resbalones' al inicio, diciendo que se iba a investigar la trama Enredadera -con grabaciones policiales de llamadas telefónicas polémicas con el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones de interlocutor de empresario José Luis Ulibarri- o los gastos publicitarios de las Cortes, algo de lo que luego se tuvo de desdecir, porque finalmente se limitó esa investigación al último Gobierno de Juan Vicente Herrera.