Suárez-Quiñones: «El problema es que hoy Ulibarri es el coco»

Con estas palabras, pronunciadas en su segundo turno de intervención ante la Comisión de Fomento y Medio Ambiente para explicar la conversación grabada por la Policía en el marco de la operación Enredadera, el consejero ha defendido que el análisis «a toro pasado» es diferente a encontrarse al problema de no poder culminar una obra como la pendiente en la carretera LE-413.

«No me arrepiento absolutamente de nada, lo haré siempre que sea necesario», ha sostenido el consejero de Fomento y Medio Ambiente, quien ha remitido constantemente a que lo que le llevó a realizar el ofrecimiento a Ulibarri fue «el interés público».

Suárez-Quiñones ha lamentado la «predeterminación» de las posturas de los grupos de la oposición, a cuyos portavoces ha acusado de «mentir» y «manipular» para atacar a la Junta de Castilla y León, según informa EFE.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha defendido además la «legalidad» de la conversación mantenida con el empresario José Luis Ulibarri, al que ofreció hacerse cargo del proyecto de acondicionamiento de la carretera LE-413, en el tramo de Villadangos del Páramo, con el fin de desatascar una obra en una vía que figuraba a la cabeza del Plan de Actuaciones Prioritarias de Carreteras de la Junta.

El consejero ha tildado de «insidias» los intentos de los grupos de la oposición de involucrarle en la trama 'Enredadera', donde el empresario de la construcción y comunicación figura como principal cabecilla, y ha precisado que su conversación grabada por la UDEF el 15 de febrero fue «única, breve, de casi minuto y medio, con unos fines claros y un encuadre legalmente perfecto».

Y es que Suárez-Quiñones, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha enmarcado dicho contacto telefónico dentro del procedimiento de la Ley de Contratos que permite la cesión de una obra, en este caso la de la LE-413, por importe de 2,1 millones, cuando la empresa adjudicataria se encuentra en concurso de acreedores.

«Se trataba de una obra adjudicada en 2016 y que figuraba en primer lugar en el Plan de Actuaciones Prioritarias en materia de carreteras de la Junta», ha insistido el consejero, quien por ello justifica que al llegar a su mesa información de que la obra se hallaba paralizada por el concurso de acreedores de la adjudicataria, la empresa zamorana Arcebansa, se decidió a coger el teléfono y a llamar a Ulibarri para ofrecerle la cesión.

«Se trata de un empresario de León para una obra en León, un empresario con presencia normal en el panorama empresarial, tanto en el sector de la obra pública como el de la comunicación. No había ninguna razón objetiva para que esta empresa quedara excluida», ha insistido el consejero, quien ha asegurado que la cesión, al final, no fue asumida por Arcor, fruto del «escaso interés» despertado y al igual de lo ocurrido con otras empresas debido a lo «ajustado» de la licitación.

El titular de Fomento ha insistido en que las acusaciones de «favoritismo» al grupo de empresas de Ulibarri no son más que «insidias», y en este sentido ha puesto como ejemplo el hecho de que los Servicios Centrales de su departamento tan sólo ha adjudicado al empresario leonés tres obras en UTE con otras, del más del millar de proyectos licitados desde 2015.

«No me podía quedar de brazos cruzados. Mi actuación fue objetiva y eficaz buscando satisfacer los intereses generales, el interés público» para sacar adelante una obra prioritaria que, «desgraciadamente, sigue paralizada» y que espera que una vez acordada la resolución del contrato en julio pueda salir adelante en breve tres años después de su adjudicación.

El compareciente ha reconocido la autoría de la frase: «La Administración soy yo», al tiempo que ha lamentado «el juego que ésta ha dado», si bien se ha apresurado a añadir que la misma es una «expresión aclaratoria de que la llamada efectuada no era particular sino una llamada oficial».

Aunque su comparecencia no tenía por objeto analizar otra conversación entre Ulibarri y una de sus hijas en la que se le menciona como suministrador de información sobre distintas obras, Suárez-Quiñones sí ha querido sacarla a colación para mantener también su legalidad pues, tal y como ha apostillado, «la información sobre proyectos de inversión es pública y éstos constan en los Presupuestos Generales de la Comunidad».