Una moción gestada desde la segunda ola que busca la complicidad de Arrimadas

Fue ese día, y no antes, cuando la posibilidad se volvió real, aseguran los socialistas. Luego el frenesí político convirtió un anuncio a medio plazo en un hecho inmediato que se resolverá, a más tardar, el 23 de marzo. De hoy en nueve días. Tenían otros tiempos, aseguran los de Tudanca. Pero la actualidad les llevó a anticipar sus movimientos incluso sin tener amarrados los apoyos necesarios para que la moción triunfe. Este es el relato cronológico de lo que vino y de lo que está por venir.

Segunda ola. El PSOE había firmado, durante la primera ola de la pandemia, un pacto por la reconstrucción en Castilla y León. Un gesto de lealtad institucional, entendían los de Tudanca, que no se comprendía en el partido, que desde Madrid reclamaba una oposición más agresiva en un momento en el que las comunidades autónomas aún no habían adquirido la responsabilidad de gestionar la pandemia y todas las críticas y reclamaciones tenían como diana el Gobierno de Pedro Sánchez. Un cambio de escenario pandémico relevante, que se produjo de forma definitiva unos días más tarde. La segunda ola, que empezó a coger fuerza a primeros de septiembre, forzó a las comunidades a anunciar restricciones y medidas excepcionales. Y ahí se multiplicaron los problemas para la Junta de Castilla y León. Como ejemplo, el decreto del 12 de noviembre para «regular las prestaciones personales obligatorias sobre los recursos humanos» en el ámbito sanitario, que puso de uñas a los sindicatos de profesionales de la salud.

Las restricciones a la hostelería, centros comerciales y gimnasios, desde el 3 de noviembre, inauguraban una concatenación de medidas drásticas entre la segunda y la tercera ola, tan sucesivas que solo fueron interrumpidas por la Navidad. El PSOE criticó entonces algunas de esas medidas, como la prohibición de visitas a las residencias de mayores, que el Tribunal Superior de Justicia no ratificó. El clima de colaboración de la primera ola se difuminó. «Tomaban las decisiones sin consultarnos», se quejan los socialistas.

Comenzaron entonces, entre la segunda y la tercera ola, a protestar por lo que consideraban «cambios de criterio» de la Junta en la lucha contra la pandemia. Contaban ya con el hartazgo de los sectores más afectados. «Empresarios, hosteleros, sanitarios, envían escritos pidiendo la dimisión del presidente de la Junta», explican fuentes del PSOE. Y añaden: «Lo de los sanitarios nos pareció muy grave».

El toque decisivo. La moción siempre estuvo en el aire como una posibilidad. Desde el mismo momento en que Ciudadanos viró por imposición de Madrid y pactó el Gobierno con el PP. Óscar Puente, alcalde de Valladolid, colgaba ayer en Twitter un recorte cargado de ironía. «¡Qué recuerdos! A veces me invade la nostalgia y tiro del álbum de los mejores momentos», escribía para acompañar un tuit del 23 de abril de 2019 de Ciudadanos en Castilla y León que decía: «Francisco Igea: 'Hoy vivimos un 23 de abril muy especial, el último 23 de abril en el que va a gobernar en esta comunidad el Partido Popular'».

La chispa que motivó el paso adelante, sin embargo, llegó el 16 de febrero, cuando el Tribunal Supremo echó abajo el toque de queda a las 20 horas en Castilla y León. La suspensión cautelar de la medida, que aún espera resolución definitiva, vino acompañada de consideraciones durísimas de los magistrados.

Y Luis Tudanca dijo aquello de «Mañueco dimisión».

Cinco días más tarde, El Norte titulaba 'El PSOE presiona a Ciudadanos para desbancar al PP del Gobierno regional'. Y a las 24 horas, la vicesecretaria de Organización, Ana Sánchez, respondía, sobre si pensaban en presentar una moción de censura: «No la descartamos».

Cundió el nerviosismo en el PP, llegaron los primeros 'noes' desde Ciudadanos e incluso Francico Igea, en el Pleno, instó a Luis Tudanca a presentarla. Una invitación que repitió más tarde, poco antes de que se convirtiera en realidad.

Desde el mismo momento en que el PSOE de Castilla y León tomó la decisión de empezar a trabajar en busca de apoyos, Ferraz estaba al tanto. Y también las bases. La estructura del partido permite una comunicación fluida hacia arriba, con José Luis Ábalos, encargado de Organización socialista a nivel nacional, y hacia abajo, con los secretarios provinciales, a los que se emplazó a rebajar, desde ese momento, las críticas hacia Ciudadanos. Fue Ana Sánchez, vicesecretaria de Organización en Castilla y León, quien se ocupó de esta labor previa.

En ese momento no había fecha. Incluso, el 3 de marzo, Ana Sánchez decretaba el estado de hibernación de la moción de censura. «La presentaremos en el mejor momento para Castilla y León», dijo, y aseguró que iban a trabajar «con discreción» para recabar apoyos desde ese momento.

El boom murciano. Una semana más tarde, sin embargo, estalla Murcia con la moción de censura de Ciudadanos junto al PSOE para derrocar al PP en el Ayuntamiento de Murcia y en el Gobierno autonómico. Isabel Díaz Ayuso reacciona rápidamente, destituye a los seis consejeros de Ciudadanos y convoca elecciones para impedir, dice, que le presenten una moción similar.

El movimiento en cadena alcanza a Castilla y León. Antes del cierre del registro, «y para evitar que Alfonso Fernández Mañueco convoque elecciones», algo que desde el PSOE consideraban una posibilidad real «e irresponsable en estos momentos de la pandemia», los socialistas presentan la moción de censura.

Con sus 35 firmas.

El caso es que les bastaba con el 15% de los procuradores del Pleno de las Cortes y eso supone que podrían haberla presentado con 13 firmas. Y guardarse la carta de presentar otra en cualquier momento. Porque los firmantes de una moción de censura no pueden volver a presentar otra hasta transcurrido un año, con lo que en la práctica el PSOE se queda sin la posibilidad de repetir la jugada -en caso de que esta vez no salga- más adelante. Hay que tener en cuenta que por estas fechas, el año próximo, 2022, los partidos estarán ya preparando sus carteles electorales con vistas a 2023. «La presentamos con todas las de la ley, con todas las consecuencias y con todo el grupo parlamentario. Es un mecanismo democrático que nos parece de mucha relevancia y no nos parecía serio utilizarlo como estrategia política», aseguran desde el partido.

Lo que quiere decir que la moción de censura será un todo o nada para lo que queda de legislatura.

Un lunes movido en casa ajena. El mensaje de Ciudadanos ha sido en todo momento el mismo. Apoyo al pacto de Gobierno, que es sólido. No hay motivos para una ruptura. Y hasta Inés Arrimadas anunció una próxima visita a Castilla y León para aplacar todas las incertidumbres que se podían crear.

Pero el viernes llegó el revolcón a toda la situación.

La moción de Murcia se desmoronó cuando tres firmantes naranjas deciden permanecer al lado de López Miras (PP), presidente murciano, para ocupar sendas consejerías en el Ejecutivo regional. Inés Arrimadas convoca una reunión del Comité Nacional para el lunes y casi inmediatamente sus doce procuradores en Castilla y León deciden salir ante los medios -siete presenciales, cuatro a través de 'zoom' y uno presente de palabra pero convaleciente en el hospital- y jurar lealtad al pacto de Gobierno con los populares.

Así, el lunes Inés Arrimadas se enfrenta a un Comité Ejecutivo en el que algunos pedirán que actúe contra el PP, que le ha planteado una ofensiva a gran escala, mientras que otros ya le han dejado claro, en Andalucía y especialmente en Castilla y León, que no admitirán injerencias esta vez. Que el futuro de la Junta se decidió en los despachos de Madrid en 2019, pero ahora no.

Por si le quedan dudas a Arrimadas. Antonio Espinosa, ex diputado en Cataluña, pedía ayer «asumir responsabilidades» tras «los fracasos electorales y el fiasco de la moción de censura».

Desde el PSOE le animan a rebelarse contra el PP y romper sus pactos de Gobierno. «¿Realmente piensan que el PP de Murcia es distinto al de Madrid, al de Castilla y León, al de Andalucía?», se preguntaba ayer José Luis Ábalos. E invitaba así a Inés Arrimadas a dar la orden de ruptura que sus procuradores han reiterado que no cumplirán.