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La fecha clave era el Consejo Interterritorial del 20 de enero. Y ese día, cuentan fuentes cercanas al Gobierno regional, Alfonso Fernández Mañueco supo que había perdido. «Se le notaba en el cara», aseguran. El Gobierno de Pedro Sánchez no modificó el decreto de estado de alarma, como había insinuado Salvador Illa, que por un momento había parecido dispuesto a aceptar. «Si hay que revisar esta franja horaria vamos a hacerlo hablando con todo el mundo, con las máximas garantías jurídicas», llegó a decir el ministro. Pero luego no lo hizo. Y de ese modo el Ejecutivo autonómico se quedó sin coartada para lo que estaba por venir.
No había cambios, no había «más herramientas», como pedía reiteradamente Francisco Igea, para confinar y restringir la movilidad, y sin embargo los plazos judiciales le daban a la Junta la posibilidad de experimentar la utilidad de esa medida que nadie más se atrevió a implantar. El resto del país, pese a que Galicia, Cantabria, País Vasco, Cataluña, Baleares, Andalucía, Murcia, Castilla La Mancha y Madrid se habían pronunciado de forma similar, se conformó con lo que había. Optaron por cierres de actividad, perimetrar municipios y llevar el toque de queda, como mucho, hasta las 22 horas. Un mes después, los territorios que partían en similares condiciones que Castilla y León han rebajado más la incidencia y el Gobierno de Mañueco e Igea acumula su tercera decisión judicial en contra en un sentido similar.
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Al Gobierno regional le había salido bien la apuesta la primera vez, pese a que le supuso encajar el primer revés en los tribunales. El 24 de octubre decretó un toque de queda que no podía sustentarse legalmente de ningún modo, puesto que la restricción de un derecho fundamental necesita quedar bajo el amparo de un estado de alarma, de sitio o de excepción, y no de una simple ley orgánica como la de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, de 1986, por importante que esta sea. El presidente, Alfonso Fernández Mañueco, invocaba entonces, al mismo tiempo, la necesidad de decretar el estado de alarma para frenar la segunda ola y forzaba la situación para provocar la reacción del Ejecutivo central. Al día siguiente, 25 de octubre, el Gobierno decretaba de nuevo el estado de alarma. El texto, muy complejo y posteriormente ampliado el 9 de noviembre, ya estaba redactado y preparado con anterioridad.
Ese día 25, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anulaba el toque de queda de la Junta y, por tanto, sus efectos en la jornada del 24 de octubre. La publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado daba cobertura legal a toques de queda similares. La Junta se apresuró. Esa misma tarde publicó un Boletín Oficial de Castilla y León con carácter extraordinario y reinstauró, ya con todas las garantías, el toque de queda a las 22 horas.
Esta segunda vez el órdago partía de un contexto complicado para el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Venía de un roce importante con la dirección de su partido, que le había expedientado, junto al portavoz en las Cortes, Raúl de la Hoz, por haber contratado al ex gerente del PP en Castilla y León, Pedro Viñarás, después de que este fuera despedido por Génova, indemnización mediante.
El día 13 de enero, miércoles, el vicepresidente Francisco Igea se reunía con los hosteleros de la comunidad y les explicaba que la tercera ola se desbocaba. Que se hacía necesario adoptar medidas drásticas.
El día 14 de enero, jueves, el planteamiento en el Gobierno autonómico era radical. Se apostaba por los cierres de las fronteras provinciales y por adelantar el cierre de comercios y actividades no esenciales a las 18 horas.
El día 15 de enero, tras una mañana de conversaciones con los alcaldes de los municipios más grandes y con los grupos de la oposición, llegó el anuncio. Toque de queda a las 20 horas.
La decisión, cuentan fuentes crecanas al Ejecutivo, la tomó Alfonso Fernández Mañueco, aunque salió a defenderla, como portavoz y con lealtad institucional, el vicepresidente Francisco Igea. Mañueco esgrimió el informe de los servicios jurídicos, redactado el día anterior. Su posición, muy decidida a iniciar un camino que se auguraba incierto, llamó la atención por la firmeza en alguien que se maneja habitualmente con mucha prudencia. Que es, de hecho, menos 'osado' que su vicepresidente a la hora de proponer medidas duras contra la pandemia.
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«Después de analizarlo con los servicios jurídicos, lo que dice el decreto es que tenemos atribuciones para limitar el toque de queda durante el horario nocturno», justificó Francisco Igea, haciendo suyo el argumentario. «Y eso, según los servicios jurídicos, es desde el ocaso hasta el amanecer. Y el ocaso es a las 20:00 horas».
El documento de los servicios jurídicos citaba incluso al Instituto Geográfico Nacional. «El nombre del precepto -el artículo 5 del decreto de estado de alarma-, a partir de su contenido, contiene su propia limitación, y es que puede hacerse con el límite, precisamente, de que sea 'en horario nocturno', es decir, durante la noche. En este sentido, el Instituto Geográfico Nacional […] ofrece información sobre las horas de salida y puesta del sol. A día de hoy, en Castilla y León, el sol se pone entre las 18:04 horas en Soria y las 18:18 horas en Salamanca o Zamora, horario que se va retrasando cada día, si bien no anochecerá a las 20 horas hasta bien entrado el mes de marzo», decía.
Desde el mismo momento que se anunció se hicieron patentes las dudas. La Delegación del Gobierno, como portavoz del Ministerio de Sanidad, le hizo saber públicamente a la Junta que esa pretendida modulación del toque de queda estaba fuera de lugar. «Desde el Ministerio de Sanidad se nos señala que en el marco del actual decreto de estado de alarma no cabe esa restricción [horaria]», advirtieron. También privadamente, explican algunas fuentes, se sucedieron las conversaciones con el propio Fernández Mañueco para que desistiera de esa medida. Pero el presidente, que días después hizo referencia a la necesidad de «buscar el equilibrio» entre los criterios epidemiológicos y el daño económico, se aferró a la interpretación que le brindaron los servicios jurídicos de la mano de Luis Miguel González Gago, en quien confía plenamente. No hubo contraorden y el acuerdo se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León a la mañana siguiente.
Jaque.
Le tocaba mover al Gobierno central.
Opción 1. Pedir medidas cautelarísimas al Supremo, que hubiera resuelto anular el acuerdo y dejar sin efecto el toque de queda. Con los contagios disparados en Castilla y León, la Junta tendría una coartada: «No nos han dejado más remedio que imponer otras medidas que dañan la economía». Como el cierre de la actividad comercial no esencial, ahora fijado a las 20 horas, y entonces, con la incidencia al alza, previsto a las 18 horas.
Opción 2. No actuar y permitir la rebelión de Castilla y León. Con varias comunidades autónomas más a la expectativa, podría haber supuesto la pérdida de control de la situación por parte del Ejecutivo.
Opción 3. Pedir medidas cautelares. Que Castilla y León siga con su toque de queda mientras lo permitan los plazos judiciales. La comunidad autónoma habrá hecho lo que pedía -finalmente, durante un mes-, no podrá achacar al Gobierno la subida de la incidencia y se podrá observar, además, si funciona mejor que otras posibles restricciones que sí incluía el decreto de estado de alarma. Algo que, a la vista de los resultados de otras comunidades con estrategias diferentes, no es ni mucho menos evidente.
El Gobierno de Pedro Sánchez dejó en manos del Supremo la legalidad de la medida. Sin prisa. Pidió medidas cautelares, pero no cautelarísimas, lo que habría supuesto una decisión exprés, a resolver en 48 horas. Alegan fuentes socialistas que el primer motivo es jurídico. Rara vez, dicen, se conceden medidas cautelarísimas desde el Supremo y quedaba la duda de si al solicitarlas podían facilitar las tesis de la Junta de que al ser un «acuerdo» tomado por el presidente autonómico «por delegación» del Gobierno, no cabía ese recurso.
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El otro motivo es que el que figura en la «opción 3». Al PSOE no le interesaba, ni en el Gobierno central ni en Castilla y León, que se suspendiera inmediatamente el toque de queda. Porque la incidencia, aquel 16 de enero, aún iba en aumento. El Gobierno regional, insistía Illa, tenía elementos sobrados, dentro de la batería de medidas previstas en el decreto de estado de alarma, para frenar la curva sin modificar el toque de queda. Dejar a la Junta sin «su toque de queda excepcional» era asumir responsabilidad en la subida de los contagios por eliminar una restricción que el Gobierno autonómico reclamaba como vital. Permitir, por el contrario, que perviviera el toque de queda hasta que el Supremo dictaminara, dejaría en evidencia que no era tan necesaria.
De hecho, arguyen ahora desde la oposición, con los datos de incidencia en la mano y con las nuevas medidas de cierres comerciales y hosteleros, se ha comprobado que adelantar el toque de queda no ha sido eficaz, por más que Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea insistan en que sí.
La suspensión cautelar del Tribunal Supremo ha supuesto otros efectos más allá del puramente legal. El PSOE se lanzó a las redes con el #MañuecoDimisión, puso en liza a todos sus pesos pesados en la comunidad, incluido el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y dejó atrás su mano tendida de la primera parte de la pandemia para criticar con dureza la gestión de Mañueco e Igea. La imposición de las medidas que no se implantaron el 15 de enero azuzó a los sectores más afectados, que se encontraron con dos horas de apertura extra, el miércoles, entre parones de actividad. Y el anuncio de que no habría desescalada mientras no se rebajara la ocupación en las UCI se topó, tres días después, con el alivio del cierre provincialy de los aforos de 25 personas en las iglesias. Intentos de reconducir un hartazgo pandémico que ha explotado con las 62 horas de toque de queda que se han ido al limbo.
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Mikel Labastida y Leticia Aróstegui (diseño)
Óscar Beltrán de Otálora y Gonzalo de las Heras
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