La mochila de 34 años del PP en la Junta y el coronavirus alientan la moción de censura

La compra de la Perla Negra, el terreno para un polígono que nunca vio la luz en Portillo, la trama eólica o el alquiler de oficinas de la Junta en el extranjero engrosan la mochila que el PP aportó al pacto de coalición. Y que Cs conlleva con su socio. Hay dos exviceconsejeros de gobiernos del PP a punto de sentarse en el banquillo. Francisco Igea apoyó la tesis de que no actuaron como altos cargos de la Administración sino como directivos de una empresa pública. Nombrados por la Junta y con presupuesto autonómico.

La trama eólica centra de nuevo una comisión en las Cortes. El PP noqueó la que se desarrolló la legislatura pasada, con Cs entonces de testigo de ese proceder. Actualmente, escuchan cada pleno (al última vez ayer mismo) que participan en un Gobierno que tiene de asesor, pagado con dinero público, al «amigo Nacho», que no es otro que Ignacio Cosidó, miembro de la cúpula del Ministerio de Interior investigada en la Operación Kitchen y autor del mensaje de teléfono en el que se jactaba que iban a controlar desde atrás la sala segunda del Supremo, la que juzga a los políticos. El Gobierno de PP y Cs ha duplicado los cargos de asesores que dejó Herrera. En su descargo alegan que están a la cola de España en estos puestos.

A los anterior hay que sumar la investigación judicial sobre lo ocurrido en Salamanca en el proceso de primarias autonómica que consagró a Alfonso Fernández Mañueco como sucesor de Juan Vicente Herrera. La Audiencia Provincial ha vuelto a reactivar hace una semanas la instrucción sobre la denuncia de un entramado para lograr aportaciones para poner al días las cuotas de afiliados, requisito imprescindible para poder votar en esas primarias, promovido desde la dirección, afín a Fernández Mañueco. El juzgado investiga si esas aportaciones incumplieron la legislación sobre donaciones a partidos políticos y si llegó a haber financiación ilegal. La Audiencia ha instado a que declaren como testigos el presidente del partido en Salamanca, que lo es también de la Diputación de esa provincia, Javier Iglesias, y una treintena de personas, la mayor parte de ellas cargos públicos: diputados, senadores, procuradores, alcaldes, concejales...

«La presente moción de censura constituye un compromiso social con el conjunto de la ciudadnanía, de reforzamiento de los servicios públicos, de garantía de igualdad efectiva de oportunidades, de compromiso con el conjunto de los territorios de la comunidad y de sus potencialidades de futuro sostenible, basado en la gestión inclusiva de la transición ecológica y digital, que junto con la igualdad de género y el reto demográfico, constituyen los pilares del modelo de reconstrución económica y social, preconizados por la UE y el Gobierno de España».

Son los habitantes que ha perdido Castilla yLeón desde que inició la andadura autonómica, en 1983. El Consejo de Cuentas publicó un informe en diciembre, tras auditar las políticas contra la despoblación en el que concluía que habían fracasado en su objetivo. La pérdida de habitante ataca con más virulencia al oeste de la comunidad, a León, Zamora y Salamanca, en una comunidad con desequilibrios históricos desde el punto de vista económico y social.

El Estatuto de Autonomía incluyó en su última modificación la figura del Plan de Convergencia Interior para reforzar las inversiones y los servicios en estos territorio con menos pujanza, pero es un instrumento que primero demoró la crisis y, cuando el Producto Interior Bruto de la comunidad empezó a crecer, el Gobierno del PP no puso en marcha. Ese desequilibrio territorial llegó a las Cortes de la mano de UPL, pero se reforzó en esta legislatura con la entrada en el hemiciclo autonómico de Por Ávila, partido provincialista, que se ha nutrido de exdirigentes del PP. Soria también tiene partido de corte provincial.

«La gestión sanitaria de la covid-19 y sus secuelas sociales, económicas y en el empleo llevada a cabo por la Junta de Castilla y León con absoluta pasividad y desconcierto, sin empatía con las personas y familias afectadas y en confrontación con los sectores económicos y los agentes sociales. La Junta ha incumplido todos los acuerdos suscritos con las fuerzas políticas para fortalecer la acción pública de la comunidad en la salida de la crisis».

El último capítulo de desencuentros, a cuenta de la gestión de la pandemia, fue el adelanto unilateral del toque de queda a las 8 de la tarde que el Tribunal Supremo ordenó suspender por entender que la Junta podía limitar derechos fundamentales cuando tenía otras herramientas para velar por la salud de los ciudadanos.

La gestión de la pandemia echó a andar con la firma de un plan de choque entre el presidente y los lideres de CC O, UGT y CEOE. Dos meses después, Igea forzó el cese del consejero de Empleo y la confrontación entre la parte de Cs de la Junta y los agentes sociales ha sido continua, con críticas al retraso en los apoyos y ayudas a las que se han sumado los hosteleros con duras críticas a la desescalada y todos los sindicatos sanitarios, que han pedido la dimisión del presidente, del vicepresidente y de la consejera de Sanidad. El PSOE, Podemos y Por Ávila apoyaron en junio un pacto con PP y Cs para la recuperación de Castilla y León, por el que los dos primeros se consideran engañados.

10.432 víctimas mortales suma la covid-19 en la comunidad, de las que 4.057 residían en residencias de mayores.

«El Grupo Parlamentario Socialista es mayoritario en este Parlamento (las Cortes de Castilla y León), como consecuencia de haber resultado el partido más votado en las elecciones autonómicas de 2019».

El PSOE apela en su moción a la autoridad política que tiene el hecho de que la firman los 35 procuradores de grupo mayoritario de las Cortes. El PSOE fue la fuerza más votada en mayo de 2019, por delante del PP. Luis Tudanca intenta retrotraer la negociación a la noche del 26 de mayo de 2019, en la que resultó el vencedor de las autonómicas. Él encabezaba un grupo de 35 procuradores y el PP, uno de 29. La candidatura de Mañueco perdió trece escaños respecto a la última que encabezó Juan Vicente Herrera, en 2015. El PP ha llegado a tener mayorías aplastantes en Castilla y León. Hasta 53 de un hemiciclo de 84. La llave de la gobernabilidad quedó en manos de Cs. Francisco Igea logró siete escaños más que sumar a los cinco que lideró Luis Fuentes cuatro años antes. Luis Tudanca, que a medida que se plasmaba la opción del PP como socio preferente escuchó críticas en el seno de su partido por no haber tomado la iniciativa, apela a un resultado en el que «la voluntad popular» se decantó por «la alternancia política».

Seis son los escaños que el PSOE necesita para lograr la mayoría absoluta. En un hemiciclo de 81 está fijada en 41. Tiene 35 frente a los 29 del PP. Los de Cs son 12 y hay otros cinco repartidos en el grupo mixto. Los dos de Podemos apoyan la moción socialista. Tudanca aseguró ayer que iba a hablar con los responsables de UPL y Por Ávila.