Los MIR tachan de «ilegal» la contratación de médicos sin especialidad

Desgranan así diez razones para la no contratación de graduados sin especialidad como médicos de Familia y Comunitaria.

En primer lugar: «La ilegalidad de la medida« y recuerdan que, desde el 1 de enero de 1995 (Real Decreto 853/1993 de 4 de junio), para ejercer como médico en el sistema sanitario público, es necesario además de la licenciatura o grado, tener una especialidad, por lo que contratar médicos sin especialidad es ilegal.

Añaden «la NO (con mayúsculas) garantía de una atención sanitaria cualificada, debido a que los profesionales sin titulación de especialista no cumplen con las competencias de calidad garantizadas a través del sistema MIR. Por ello, la Consejería de Sanidad de Castilla y León deberá responsabilizarse de los problemas derivados de la práctica clínica de aquellos profesionales no acreditados en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria«.

Asimismo, supone «una devaluación de la especialidad, y sienta precedente a que ocurra con otras especialidades, con respecto a los futuros y vigentes especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria que debido a la Directiva 86/457/CEE, de 15 de septiembre, del Consejo de las Comunidades Europeas exige una formación para el ejercicio de las funciones de médico general en los regímenes públicos de Seguridad Social de los distintos estados miembros«.

Consideran en cuarto lugar que tal contratación «sin las competencias necesarias (especialidad) supone que cualquier error médico sea una negligencia, propiciando una atención deficitaria, un incremento del número de consultas, y un mal uso de los recursos sanitarios disponibles«.

Apuntan también el «detrimento en la capacidad docente del Sistema Nacional de Salud, debido a que la presencia de médico sin especialidad en centros docentes no obedece a los planes formativos de Formación Sanitaria Especializada (FSE) al no estar capacitados para la tutorización ni supervisión de los MIR en el desarrollo de su labor formativa y asistencial, tal y como se expone en los diferentes decretos y normativas recogidas en el Programa formativo oficial de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria«.

Otro argumento para los MIR es que significa un «menosprecio a la labor educativa y desinteresada de los tutores que previa acreditación son nombrados para ejercer sus funciones, y transmiten los conocimientos formativos exigibles a los profesionales del Sistema Nacional de Salud«. Así como »la perpetuación y empeoramiento de las condiciones de profesional médico« la región debido a que »la contratación de no especialistas supone, en términos generales, el aumento de la carga laboral de los especialista. Ello conlleva a que un gran número de residentes cuando obtienen su titulación abandonen Castilla y León«.

En octavo lugar lo valoran como una «falta de equidad y minusvaloración del esfuerzo realizado por parte de los MIR en ampliar su formación, en detrimento de su poder adquisitivo durante los años de residencia, equiparando los sueldos del personal médico no especializado al de aquellos que sí la han obtenido«.

El penúltimo argumento hace referencia al «enmascaramiento de puestos de trabajo reales y accesibles para el personal especialista y falseamiento de los resultados de estándares de calidad y demandas poblacionales en base a sus necesidades sanitarias«.

Finalmente, apuntan la transmisión a los profesionales tanto médicos como de otras ramas sanitarias y a la población «la sensación de que la gestión pública de la Sanidad se basa en la improvisación de planes de gestión«.

La carta finaliza con un anexo de documentación laboral y de ordenación del sistema sanitario.