Una persona en silla de ruedas. Carlos Espeso

Castilla y León

Un millar de dependientes mueren cada año mientras gestionaban las ayudas

La comunidad encabeza el acceso ágil a las prestaciones para mantener la autonomía y reduce un 19% su lista de espera

Ana Santiago

Valladolid

Jueves, 2 de noviembre 2023, 19:32

Castilla y León se posiciona a la cabeza en términos generales en cuanto a la menor demora para recibir prestaciones por al Dependencia y al ritmo de los fallecidos esperando una prestación. Aún así, algo más de medio millar de potenciales beneficiarios no llega a ... recibir la ayuda en vida (según datos de cinco meses), en torno al millar cada año -fueron 1.254 en 2021- , cuando es económica al menos termina por recibirla, si está reconocida pero no pagada, los herederos; pero el resto, obviamente, no llega nunca a aliviar las necesidades de estas familias.

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El nuevo informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales denuncia una negativa evolución en toda España de las listas de espera pese al Plan de Choque implementado desde el Estado para corregir demoras. Pocas autonomías han respondido bien al mismo y pocas han aprovechado el aumento de la financiación del Gobierno central para corregir estas carencias, según critica este Observatorio.

Solo el 0,14% de las personas dependientes de Castilla y León se encuentran a la espera de recibir su prestación. Es el menor porcentaje del país. Supone que son 168 los usuarios que, a 30 de septiembre de 2023 en que cierra su informe, aún no cuentan con este derecho, de un total de 120.382. En España, la media es del 12,13%, con 190.695 personas en esa situación, de un total de 1,57 millones.

Por debajo del 1% está también Aragón, con el 0,89% y le siguen Galicia (2,54%), Navarra (4,25%), Castilla-La Mancha (6,1%), Madrid (6,4%), Cantabria (6,7%), Asturias (8%), Ceuta y Melilla (10,3%), Comunidad Valenciana (11%) y Baleares (11,6%).

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Recoge el informe que en la comunidad 525 personas murieron entre diciembre de 2022 y mayo de este año en lista de espera para su reconocimiento de ayuda alguna. De ellos, 511 estaban pendientes de valorar y 14 murieron en el denominado 'limbo' de la dependencia que aunque tienen reconocido el derecho a una prestación todavía no la han recibido. En España en tal situación hubo 11.900 personas y junto a los 10.411 suman los 22.311 cuyo deceso se produjo antes de disfrutar de apoyos administrativos en el día a día de su dependencia.

Entre diciembre de 2022 y mayo de 2023, el porcentaje del número de personas beneficiarias con derecho a prestación ha crecido un 5,25%, ligeramente por debajo de la media, que se sitúa en el 5,42%. Las cifras se sitúan lejos de incrementos como el de Baleares (10%), Comunidad Valenciana (9,3%) y Canarias (8,9%), aunque también de donde menos creció, que fueron La Rioja (0,5%) y Cantabria (1,6%).

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Además, mientras la lista de espera aumentó un 7,48% de media nacional entre diciembre y septiembre de 2023, en Castilla y León se redujo casi un 19% (18,8%), la cuarta mejor evolución entre las comunidades autónomas, por detrás de las reducciones de La Rioja (19,8%), Galicia (41,8%) y Aragón (77,1%).

Estos datos, destaca la asociación, «ponen de manifiesto que cada vez está más lejos el objetivo del Plan de Choque de reducir la lista de espera en 60.000 personas este año. La burocracia, y el hecho de que en más de la mitad de las comunidades crece la lista de espera, hace que fracase el objetivo del Ministerio de Derechos Sociales y que no se aproveche la oportunidad del importante incremento presupuestario comprometido en este objetivo». En realidad solamente Galicia y Aragón están cumpliendo con tal objetivo y Cantabria es la única comunidad que «no ha mantenido la tasa de reposición, disminuyendo el número de personas beneficiarias».

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Esta organización destaca que son «necesarias medidas urgentes para evitar el abandono de las personas más vulnerables de nuestro país. El Gobierno de España y los Gobiernos autonómicos deben acometer reformas que agilicen los trámites. Es necesario simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento. Hay que avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones», concluyen.

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