El medio rural de Castilla y León, otra vez en el punto de mira de los despidos y cierres de Unicaja

Según explican desde el sindicato UGT, que no firmó el acuerdo de bajas incentivadas y modificaciones de las condiciones laborales de hace tres años, el banco pretende adelgazar los servicios centrales, lo que no afectaría a Castilla y León, como tampoco debería hacerlo su intención de cerrar las oficinas que se solapan por la proximidad a otras de Liberbank, que tiene una presencia testimonial en la comunidad. Unicaja aprovechará también para clausurar oficinas propias que considere demasiado cercanas a otras, algo que descartan tenga excesivo impacto en la región. Por último, y es la principal preocupación que expresan desde UGT, la entidad pondrá el foco en las sucursales del medio rural que no alcancen unos umbrales de rentabilidad que no ha concretado a la representación de los trabajadores.

A comienzos de año, Unicaja Banco contaba en Castilla y León con 364 sucursales y unos 1.700 empleados. Desde UGT temen que aunque los despidos puedan ser limitados, los cierres en la comunidad puedan acercarse a las cien oficinas, si bien de momento la entidad solo ha dado cifras globales de toda su plantilla y red en España. «Si comparan la cifra de negocio de una sucursal rural de Castilla y León con la que tienen en Benalmádena, estamos perdidos», señala Rubén Miguel, secretario general de la sección sindical de UGT en Unicaja.

En 2018, el acuerdo laboral firmado por Unicaja y los sindicatos CC OO, CIC y FINE (ASI-Cesica), incluyó 132 prejubilaciones en la región y el traslado de 175 trabajadores a Andalucía, de los que 103 lo rechazaron y abandonaron la entidad. Unicaja es heredera del negocio de Caja España y Caja Duero, tras la desaparición de las entidades de ahorro en los años posteriores a la crisis de 2008. En el último año, señalan desde UGT, ha cerrado 65 sucursales: 28 en la zona de León, Zamora y Palencia y 37 en Salamanca, Soria y Valladolid.

Desde UGT rechazan que la entidad pretenda desprenderse de la cuarta parte de la plantilla y de las sucursales del medio rural y alertan de las consecuencias que tendrá para Castilla y León. «Se trata de un paso más hacia la desbancarización total, hacia la expulsión de la gente de los pueblos, hacia la despoblación absoluta en un territorio como el nuestro, que está muy castigado en este sentido», señala el representante sindical.

«Nos preocupa también -añade- que Unicaja no concrete si va a apostar por la voluntariedad de las salidas o van a ser obligadas, ni tampoco hable de edades ni de indemnizaciones. Así va a ser difícil negociar. Si las bajas son voluntarias, el ERE puede ser tranquilo; si optan por las bajas coercitivas, no lo apoyaremos», advierte.

Las 132 jubilaciones anticipadas que se produjeron en la comunidad autónoma en 2018, y algunas de las cuales siguen pendientes de completarse, afectaban a los empleados que iban cumpliendo 58 años, con una indemnización hasta la jubilación equivalente al 73% del salario neto.

Por el momento, Unicaja solo ha hablado con los sindicatos, ante los que se ha referido a un excedente de 1.950 empleados, aunque hay 437 trabajadores de Unicaja pendientes con compromisos de salida, por lo que excluido ese colectivo el total de empleos afectados asciende a 1.513. La reducción afectará en mayor medida a los trabajadores de oficinas: 1.005 empleos en la red y 508 puestos de trabajo en los servicios centrales.