Las medidas antiaborto tensionan la coalición PP-Vox y el Gobierno mete presión

Son los dos adjetivos con los que el presidente de Castilla y León define esos (no) cambios en el protocolo sanitario. Los pone por escrito en una dura carta que ha remitido a La Moncloa por la actitud del Ejecutivo central, en un día en el que dirigentes estatales de Vox verbalizaron que la marcha atrás de los populares podía dar lugar la «revisar» el cumplimiento del acuerdo y plantearse «si seguir o no» en la coalición. Esto lo dijo Ignacio Garriga, segundo del partido de Abascal.

Ese sería el resumen de la situación que dejan seis días de polémica creciente, desde que el jueves pasado el vicepresidente de la Junta informara en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de que ambos socios habían acordado incorporar las ecografías 4D y la escucha del latido fetal y cardiaco a la atención a embarazadas como ofrecimientos obligatorios por parte de los médicos. Unas medidas provida, en definición de Juan García-Gallardo, que tenía sentado a su lado al consejero portavoz, Carlos Fernández Carriedo, del PP, que dio fe notarial de que se había abordado el asunto en la reunión oficial.

El protocolo provida ha enrarecido el ambiente entre los miembros de la coalición en una jornada en la que el cruce de acusaciones ha pasado a la división de la política nacional en un pulso de Vox no ya a Mañueco, sino a Alberto Núñez Feijóo. «Ni en Castilla y León ni en ningún lugar donde gobierne el PP se puede coaccionar a una mujer que quiera interrumpir voluntariamente su embarazo conforme a la ley vigente», reaccionó el presidente del Partido Popular en una entrevista en Telemadrid. Feijóo ponía así fin a cinco días en los que ha guardado silencio sobre la crisis abierta por las medidas antiaborto que Vox impulsaba desde la Junta de Castilla y León. Jornadas en las que han sido dirigentes como Cuca Gamarra o Borja Sémper los que han fijado la posición del partido frente al pulso ideológico de los de Abascal.

El político gallego fue claro en televisión: «No hay ningún Gobierno del PP que coaccione a nadie», remarcó, antes de añadir que «no hay nada ni nadie, ni un médico y mucho menos un político, que pueda interferir en este contexto», el de una mujer embarazada que decide, con arreglo a la ley, si sigue adelante con su embarazo o aborta.

PP y Vox se parapetaron en posiciones de máximos sobre un asunto muy sensible políticamente como es el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, con duro cruce de reproches que tiene de fondo unas elecciones municipales y autonómicas en muchas comunidades y que se juega en el terreno del único gobierno de coalición entre los dos partidos, el de Castilla y León.

El pulso de Vox con el intento de convertir Castilla y León en la punta de lanza de su ideología provida y antiabortista acaece en un momento en el que Alfonso Fernández Mañueco tiene aprobado el presupuesto de la Junta para 2023, pero no la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas que acompaña a las partidas económicas de ingresos y gastos. Fue la norma que quedó colgando el 23 de diciembre después de que los procuradores de ambas formaciones se equivocaran casi en bloque (de 44 acertaron 3 del PP) al votar e incorporaran las enmiendas del PSOE, por lo que tuvieron que tumbar ese texto que no era ya el suyo. Esa ley está en estos momentos de nuevo en trámite en las Cortes autonómicas. La marejada política que atraviesa la coalición pilla al PP de Mañueco con los deberes presupuestarios casi hechos, pero sin rematar.

«No habrá ninguna modificación en el protocolo de atención a la interrupción del embarazo, que está ajustado a la legislación nacional vigente y al criterio clínico en cada caso. No se obligará a nada ni a los facultativos ni a las mujeres», reitera el presidente de Castilla y León. Mañueco plasma por escrito en su misiva a Pedro Sánchez, palabra por palabra, lo que trasladó el lunes en una declaración institucional convocada de urgencia ante el cariz que tomaba el asunto. Entre esa primera alocución negacionista del polémico protocolo y la carta, hubo una ronda de entrevistas y convocatorias de prensa de cargos públicos de Vox, empezando por García-Gallardo, que pasó el relevo a Ignacio Garriga y a Espinosa de los Monteros. Todas del mismo tenor, insistiendo en su confianza en que el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, daría curso a las medidas acordadas.

«Quiero ser positivo, quiero creer que en el PP son gente de palabra, porque han firmado un acuerdo, han firmado un protocolo y lo llevarán a término», expresó Garriga, a primera hora de la mañana en una entrevista en Barcelona con Gemma Nierga en Ràdio 4 y en la 2 de RTVE. El secretario general de Vox avisó de que iban a exigir «el cumplimiento de un acuerdo llegado en Junta de Gobierno» y que, si esto no se cumple, se plantearían «si seguir o no» en la coalición con el PP en Castilla y León.

Esa advertencia sobre la continuidad del pacto tensionó los despachos de PP y Vox. Horas después, en una rueda de prensa que sufrió retrasos, Iván Espinosa de los Monteros soltaba un agujero del cinto que había ceñido Garriga sobre la coalición que abrió por primera vez a los de Abascal las puertas de un gobierno autonómico (el único tras el tropiezo electoral de Andalucía) y presidir un parlamento. «Revisar el pacto y romper el gobierno son cosas distintas», puntualizó el portavoz de Vox en el Congreso, dando un paso atrás sobre lo dicho por Garriga. Espinosa de los Monteros censuró al PP por «firmar cosas» y luego «desdecirse». Lo atribuyó al «giro a la izquierda» de Feijóo para pescar «votantes desencantados del PSOE».

Ha sido una jornada de muchas declaraciones en la que el Boletín Oficial de Castilla y León siguió 'mudo', sin publicar acuerdo alguno sobre las medidas de la polémica de un acuerdo sobre el que no se ha aportado hasta el momento soporte documental.

Aún así, el Gobierno de España, que la noche del domingo anunció que iba a requerir oficialmente a la Junta que se abstuviera de implementar los protocolos anunciados, volvió en la mañana de este martes a la carga aprobando en el Consejo de Ministros una 'advertencia' de que abrirá una vía en el Tribunal Constitucional para declarar la «incompetencia» de la Junta en relación con cualesquier actuación que vulnere o menoscabe la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Hablaron desde la ministra de Sanidad, en Salamanca con Mañueco y el Rey, a la portavoz o el propio presidente Sánchez, en corrillo informal con periodistas. «Ni un paso atrás en la defensa de los derechos de las mujeres», resumió Carolina Darias, tras la inauguración del hospital charro. Y desde el PP recibieron en respuesta que se centren en reformar la ley del 'solo sí es sí' que suma y sigue rebajas de condenas y excarcelaciones de agresores sexuales. Los de Feijóo no se apean de esa crítica. Ni tampoco de la que le hacen a Vox de que el efecto de su protocolo antiaborto ha dado oxígeno al Gobierno de Unidas-Podemos, desviando el foco político de la «chapuza» de esa ley.

Mientras, desde el partido ultraconservador en Castilla y León se mantienen firmes. «Vox ha negociado y pactado estas medidas y ahora confiamos en que el consejero se encargue de aplicarlas con responsabilidad», insistían, en nota de prensa. Achacan la polémica a «bulos» y «difamaciones». Este es el panorama. Que lleva a un interrogante: ¿Quién cederá?