Castilla y León

Mañueco da carpetazo a tramitar la ley que refuerza derechos de los enfermos terminales

Los votos del PP en las Cortes, junto con los de Vox, cerraron este miércoles la posibilidad de iniciar la tramitación de la Proposición de Ley de Derechos y Garantías de las Personas en el Proceso Final de su Vida: 42 noes frente a 36 síes, los del resto del hemiciclo. Ocurrió en un pleno en el que el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, expulsó tras la votación a Francisco Igea, que abandonó el hemiciclo llamando «sinvergüenza» a Alfonso Fernández Mañueco y afeándole que votara en contra de retomar los trabajos en normativa y luego se hiciera fotos con pacientes.

La bancada presidida por Mañueco enviaba al dique seco un texto, rescatado por el PSOE en junio del año pasado, que tiene su origen en el que la propia Junta, con Mañueco de presidente y Francisco Igea de vicepresidente, envió a las Cortes en 2021. Aquel proyecto de ley fue atropellado por el adelanto electoral que puso fin a la etapa PP-Cs, lo repescó tal cual Igea en junio de 2022, el PP apoyó volverlo a tramitar en septiembre de ese año y preparó 56 enmiendas que retiró tras un enfado con el 'ex' de Cs después de que este último aludiera al físico del consejero de Sanidad después de serle rechazado en una comisión un plan de medidas contra la obesidad.

Ese fue el principio del fin de la ley que regulaba los derechos de los enfermos terminales. Luego el PP se inhibió en el debate en comisión tras retirar las enmiendas en las que había trabajado y se incorporaron las del PSOE antes de que populares y Vox votaran en contra de la totalidad del texto. Esa era la redacción que ahora volvía a marcar el punto de partida para una retramitación, con posibilidad de nuevas enmiendas de todos los grupos para rehacer el proyecto.

Desde el PP se ha justificado ahora la negativa a tramitar la ley en cómo quedó aquella proposición con las enmiendas del PSOE, que no obstante se podía cambiar en el trámite parlamentario. «Siembran muchas dudas», argumentó la procuradora Paloma Vallejo, quién acusó a los socialistas de «intentar colar la eutanasia». La parlamentaria popular, a la que en septiembre de 2022 tocó argumentar el voto a favor de la tramitación y este miércoles el voto en contra, instó a que si la regulación era «tan necesaria», que la hiciera con carácter estatal el Gobierno de España y subrayó que la Junta de Castilla y León «seguirá mejorando los recursos humanos en los cuidados paliativos».

El socialista Diego Moreno achacó a las «miserias» de la política que se malograra una ley de la que dijo nada tiene que ver con la de eutanasia, con un articulado que «garantiza la toma de decisiones informadas de los pacientes al final de sus días». El parlamentario del PSOE resaltó que la regulación obligaría a la Junta a dotar de instalaciones y personal a los servicios de cuidados paliativos en todas las provincias y ofrecía «garantías jurídicas» a los profesionales sanitarios. «Voten a favor de su tramitación con independencia de quien la impulsara en el pasado», demandó Moreno a la bancada del PP, en un ruego que no tuvo éxito.

Quien impulsó el proyecto en el pasado había sido Igea, que acusó a los populares de actuar «por venganza personal» con un voto en contra que implicaba que les «importaba más que le hayan llamado gordo al consejero de Sanidad», que los enfermos que encaran el final de su vida. «Vayan y se lo cuenten», espetó quien entre 2019 y 2021 fuera vicepresidente de la Junta a sus antiguos socios de coalición. Francisco Igea relató que en el Hospital Clínico de Valladolid hay pacientes moribundos en habitaciones triples en lugar de individuales, algo que recoge el texto finiquitado y que daría intimidad al enfermo y a su familia y evitaría el trance a los compañeros de las otras camas, y que hay personas que no pueden morir en su casa porque no hay profesionales que puedan ir a sedarles.

Apoyaron tramitar el texto los parlamentarios de UPL-Soria ¡Ya! y los de Por Ávila y Unidas Podemos. El abulense Pedro Pascual, médico de profesión como Igea, consideró necesario regular por ley los cuidados paliativos y la capacidad de decisión de los pacientes y Pablo Fernández afeó los votos en contra de iniciar la tramitación. «En política, como en la vida, no todo debería valer», aseguró el procurador morado. La leonesista Alicia Gallego lamentó que «caprichos partidistas» generaran «un perjuicio a la ciudadanía», al entender que un marco legal daría «seguridad jurídica» a los profesionales y garantizaría a los enfermos decidir cómo quieren afrontar el final de sus días, dando «solución» a «situaciones reales».

En el 'no' a la tramitación se mantuvo Vox, que fue el único grupo parlamentario que se opuso a retomar los trabajos en este texto en septiembre de 2022. Solo cambió ayer la persona que defendió esa posición. Entonces fue Javier Teira, hoy expulsado de la bancada y procurador no adscrito, y este miércoles le relevó Rebeca Arroyo, que aseguró que «nadie es dueño de la vida de los demás, ni siquiera de la propia», que la proposición de ley insistía en «la cultura de la muerte» y que implantaba una única alternativa para las personas terminales, la de «dejarlas morir».