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La rebaja del IRPF que impulsa Mañueco para 2025 supondrá 15 euros por contribuyente
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La rebaja del IRPF que impulsa Mañueco para 2025 supondrá 15 euros por contribuyenteLa rebaja en el primer tramo de la tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que prevé aplicar Alfonso Fernández ... Mañueco en 2025 a través del que sería el primer presupuesto del PP en solitario, sin socios, con el salmantino como presidente de la Junta se traducirá a efectos prácticos en un ahorro de alrededor de 15 euros por contribuyente.
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El Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León ha emitido ya el informe previo sobre la Ley de Medidas Tributarias y Administrativas que acompañará al próximo presupuesto autonómico, texto en el que se regula esa rebaja del IRPF. El documento recoge la valoración que efectúa la propia Junta, que cuantifica el impacto que supondrá para las arcas autonómicas retocar el IRPF en 20 millones de euros. Dividido ese montante total entre los más de 1,3 contribuyentes que, según la Agencia Tributaria, presentaron la declaración el último año en Castilla y León, el resultado arroja que la medida supondrá un ahorro por declarante de unos 15 euros.
El Gobierno autonómico tiene previsto bajar la tarifa que aplica en el primer tramo de renta declarada del 9% al 8,5%. Ese tramo lo abonan todos los contribuyentes, igual el que declara 17.000 euros que el que tributa por 120.000. La cuantía de ahorro será igual para todos ellos. Es una rebaja gemela a la que la Junta aplicó hace dos años, cuando ya aminoró el porcentaje de tributación para esa primera horquilla de ingresos. Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda, cifró entonces el ahorro por contribuyente en 35 euros.
El informe del CES sobre el Anteproyecto de la Ley de Medidas -que ahora deberá pasar el dictamen del Consejo Consultivo como paso previo a su aprobación por parte del Gobierno autonómico y su envío a las Cortes para la tramitación parlamentaria- recoge que la medida «afecta a todas las personas contribuyentes de Castilla y León, esto es, a todos aquellos que tengan la obligación de realizar la declaración de la renta». Esto significa que las personas que con ingresos por debajo del umbral mínimo para declarar, los hogares con menos recursos, quedan al margen de ese apoyo económico en forma de rebaja fiscal.
El CES destaca en su informe que, con esta nueva aminoración de la tarifa tributaria, «Castilla y León sería la comunidad autónoma con el segundo tipo mínimo de IRPF más bajo de toda España». El Consejo recuerda en el documento que remite al Gobierno autonómico que «los incentivos fiscales vinculados al IRPF, en principio solo beneficiarían a los sujetos que presentan las correspondientes declaraciones y tienen una cuota íntegra positiva». El informe profundiza en los efectos de bonificar el IRPF: «Se trata de un sistema que genera escasas ayudas a las persona más desfavorecidas, aquellas que no perciben los ingresos suficientes para conseguir el ahorro fiscal», consignan los redactores.
La Ley de Medidas ajusta técnicamente el cheque bebé que implantó la Junta en el inicio de 2023. Modifica las compatibilidades de las deducciones autonómicas por nacimiento o adopción, previas a la entrada en vigor del Bono Nacimiento, para determinar con claridad jurídica que esas deducciones y ese bono son incompatibles. «Lo que supone que el contribuyente tiene la obligación de optar por el mencionado bono o por la aplicación de las deducciones», apunta textualmente el informe, que incide que sobre ese Bono Nacimiento o Cheque Bebé la norma regula también expresamente la complementariedad con la deducción por cuidado de hijos menores.
Entre la batería de medidas tributarias previstas para su entrada en vigor el próximo año, siempre que el presupuesto se apruebe en las Cortes de Castilla y León, hemiciclo en el que el PP ha quedado en minoría tras la ruptura de la coalición por parte de Vox, figura un descuento del 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en adquisiciones de explotaciones agrarias que se aplicará entre familiares de hasta cuatro grado de parentesco: primos hermanos y tíos abuelos. Para acceder a esa desgravación que supone en la práctica la supresión del impuestos, quien se haga cargo de la explotación agropecuaria deberá mantener con el titular una relación laboral de jornada completa con al menos tres años de antigüedad. El CES valora positivamente esta medida porque entiende que «puede contribuir a fomentar el mantenimiento de la actividad agraria».
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