Mañueco defiende el mes de gestión con Vox y Gallardo atiza con el aborto que «tritura» niños

Solo había una pregunta para la parte de Vox del Gobierno y era para el vicepresidente. De la socialista Noelia Frutos, procuradora con discapacidad, a cuenta de las declaraciones de García-Gallardo, contra las cuotas en los nombramientos de la Junta porque no había que tratar a las mujeres como si fueran discapacitadas. Frutos afeó al vicepresidente su «limitación ética y moral» además de su «falta de respeto y de empatía», que «no son compatibles con el cargo que ocupa» y le recordó la «doble discriminación» contra la que luchan la mujeres de discapacidad por esa doble condición.

García-Gallardo fue acalorándose en la respuesta hasta desembocar en el aborto. Tachó a los políticos de izquierda de hipócritas y de «enemigos» de la discapacidad porque no les interesan «los discapacitados que no han nacido». Remarcó, con el hemiciclo ya alborotado, que «con sus leyes de la muerte, sus leyes de la eutanasia y del aborto, invitan a los padres a abortar, a triturar en el vientre de las madres a los niños a los que se les detecta tempranamente la discapacidad». Citó el síndrome de Down.

La socialista Patricia Gómez Urbán y Nuria Rubio habían invitado minutos antes a las procuradoras del PP que se «avergonzaban de las palabras de sus socios» a dar la cara frente a «comentarios casposos y machistas» y habían defendido la maternidad «como opción», no como obligación. Hablaron de que el vicepresidente de la Junta devuelve el aborto a la época de los viajes a Londres de quien podía pagarlo cuanto estaba prohibido y de las condiciones «insalubres» de las mujeres que no podían permitírselo.

«Me voy preocupado por lo que estoy escuchando», compartió Pedro Pascual, médico de profesión y procurador de Por Ávila. Su compañero de profesión y de grupo mixto, Francisco Igea, exvicepresidente de la Junta habló de «sonrojo». El de Cs anunció que acababa de registrar como proposición de ley el proyecto normativo para regular los derechos de los ciudadanos al final de la vida que Cs acordó con el PP en la anterior legislatura y que se quedó a las puertas de debate cuando Alfonso Fernández Mañueco disolvió las Cortes en diciembre. El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, anunció iniciativas que tendrán como guía la dignidad en el proceso de la muerte «en enfermos terminales y moribundos», pero avisó de que no prosperará esa ley autonómica. «El exceso normativo puede ser un lío», justificó. Precisó que si Igea y Cs no lograron impulsarla con 12 escaños y en el Gobierno es pecar de «mesianismo» intentarlo ahora, con uno.

Eso fue la final de una sesión en la que Alfonso Fernández Mañueco intentó hacer valer su plan anticrisis frente a un Pedro Sánchez «cruzado de brazos». El socialista Luis Tudanca resaltó que «todos los datos» económicos sitúan a Castilla y León por detrás de la media española y achacó esa falta de pulso en la reacción ante la crisis a un Mañueco que «sestea» y no se ocupa «de las cosas del comer» en la comunidad. Pablo Fernández, de Podemos, también echó en cara al presidente de la Junta esa falta de trabajo. «Viven en una realidad paralela», les replicó el responsable autonómico. «Iban a tomar el cielo por asalto y lo único que está por la nubes son el IPC, la factura de la luz y el combustible», remarcó Mañueco. «Eso es culpa de ustedes y de sus socios», zanjó. La frase era intercambiable. Valía para Tudanca y para Fernández. Pero el argumento del popular lo diluyó García-Gallardo, minutos después.